El problema de acceso a la vivienda se agudizó en la anterior crisis iniciada en 2008 y aún se arrastra, cuando en España y en la provincia acaba de comenzar otra con un fuerte impacto en el empleo y en las rentas familiares como consecuencia del covid. En estos momentos, la demanda supera con creces la oferta tanto de vivienda social para el alquiler como la de protección oficial (las tradicionales de VPO).
Las peticiones de familias alicantinas para acceder a una casa, fundamentalmente de tutela autonómica, ascienden a 10.000. Sin embargo, las que se pueden ofertar del parque público de la Generalitat en este momento solo rondan las 300, según ha venido publicando este periódico en los últimos días. Y aún peor son las cifras que arroja el régimen de la VPO en la provincia. El pasado año solo se calificaron definitivamente 114 proyectos de VPO en los municipios alicantinos. Una cifra que supone un ligero repunte en 2019, pero aislado, ya Alicante viene registrando una tendencia a la baja en la última década y, especialmente, desde el último plan de vivienda de 2013, cuando desde el Estado y las autonomías se apostó más por el régimen del alquiler debido a los devastadores efectos en las economías familiares de la anterior crisis y las urgencias habitacionales de muchos hogares.
La situación es tal que en los últimos cinco años se ha caído a mínimos históricos en la provincia. De las 120 VPO calificadas en la provincia en 2014 se pasó al año siguiente a cero. En 2016, fueron 35, mientras que en 2017 se saltó a las 112, para volver a bajar a las 55 en 2018, y, de nuevo, aumentar hasta las 114 el pasado año. Pero es que estas cifras nada tienen que ver con las más de 1.772 viviendas calificadas para construir como VPO en la provincia del año 2008 o las más de 5.400 aprobadas en 1996, al inicio de la burbuja inmobiliaria que acabó estallando a finales de 2007. A nivel nacional, la tendencia ha sido ligeramente al alza en los últimos tres ejercicios y en la Comunidad Valenciana ha sufrido picos, como en Alicante, aunque los 114 proyectos aprobados en 2019 en la provincia suponen casi el 60% de los 191 a nivel autonómico.
Regímenes complementarios
Los promotores provinciales de vivienda reclaman a la Generalitat un impulso a este último régimen «como han hecho otras autonomías», sin perjuicio de las soluciones habitacionales públicas para el arrendamiento, debido al descenso de la dotación de suelo para construir VPO. «El sector apoya y comparte con la Administración la fórmula de vivienda pública en alquiler. Pero, en conjunto, la oferta para la demanda del primer acceso en la provincia es insuficiente. Y las cifras de VPO catastróficas», argumenta Antonio Fernández, presidente de la Asociación de Promotores de Vivienda de Alicante (Provia). El sector entiende que las cifras deberían oscilar entre las 1.000 y las 1.500 casas anuales bajo este régimen. Además, advierte de que, «si no se cuenta con la iniciativa privada, poder dar respuesta a la demanda funcionará muy lentamente», añade Fernández. Desde Provia también temen que, con la nueva crisis del covid, el problema se agudice. «Este año hay muy pocas viviendas en construcción de VPO», aseguran.
Las dificultades que se encuentran es que «hay promotores que presentan proyectos de VPO, pero no se los conceden. Y hay demanda en el mercado para este tipo de precios, aunque ya están muy ajustados en los últimos años», asegura el secretario general de Provia, Jesualdo Ros, trasladando las quejas empresariales. Los precios vigentes oscilan entre los 1.200 euros el metro cuadrado construido para un municipio pequeño y los 2.000 euros para una ciudad como València, según datos sectoriales. Las empresas sostienen que, «por debajo de esos precios, no es rentable construir VPO».
Caída de las rentas familiares
Por su parte, los expertos detectan como posible obstáculo a esa especie de «conciliación» entre los planes públicos y la demanda de los promotores en la rentabilidad que puedan obtener los segundos y, también, en el desplome de los ingresos de los hogares para acceder, incluso, a este tipo de vivienda con precios ajustados. Paloma Taltavull, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante (UA), advierte de que las peticiones de primera vivienda «aún no se han recuperado desde la anterior crisis», por la caída de los ingresos familiares, según apunta.
Demanda potencial y efectiva
La situación ha aflorado con la crisis del covid. La experta e investigadora en el sector de la vivienda asegura que «demanda potencial hay, pero no efectiva por las rentas y salarios bajos». Además, entiende que la Administración no dispone de fondos suficientes para afrontar la vivienda protegida y el sector privado lo reclama si ve rentabilidad, insiste. Para Paloma Taltavull, una posible solución para poder responder a la demanda la encuentra en «la coordinación público-privada para que haya un mínimo de viviendas destinadas a la transmisión en propiedad». Entiende que puede haber mecanismos de muchos tipos: regulación, coordinación entre ambas partes. Una fórmula que, además, «puede poner en marcha la maquinaria económica», asegura.
