Tan claros estaban los reparos que durante la instrucción judicial pusieron al modo en que desde la cúpula de la CAM se gestionó su aventura empresarial en el Caribe que el Fondo de Garantía de Depósitos, acusación particular en este proceso, les citó como testigos. Pero ayer, en su comparecencia ante el tribunal de la Audiencia Nacional que está juzgando a los exdirectivos de la extinta caja Roberto López Abad y Daniel Gil por administración desleal en relación a estos hechos, o no recordaban las objeciones o las matizaron tanto que, lejos de testigos de cargo, lo fueron de las defensas.

Aunque quedó claro que la decisión de invertir en Valfensal (la mercantil participada en un 30% por la CAM y el 70% restante por los empresarios Juan Ferri y José Baldó con la que se pusieron en marcha los negocios hoteleros en México y la República Dominicana) procedía «de lo más alto de la caja» y que se trataba de «una operación singular», los peros sobre la supuesta falta de información para un proyecto de semejante calado expresados por estas mismas personas durante la investigación ayer casi ni se mencionaron.

El director general de TIP, la tenedora con la que la CAM entró en Valfensal en los años en que comenzó esta aventura empresarial, quien en su día declaró que con estas operaciones no se siguió el procedimiento habitual y que la información con que se contaba «era manifiestamente mejorable», ayer reiteró hasta el agotamiento que él solo era «un mero trabajador transplantado a esa sociedad» y que no negoció nada. Poco menos que un cero a la izquierda.

En la misma línea, el exresponsable de Riesgos de la caja que hacia 2005 pidió cambiar de destino porque no compartía la política de expansión de la entidad, concretó ayer que en una ocasión se devolvió una operación de Valfensal «porque venía mal estructurada». Pero no supo dar una explicación convincente al alcance de una nota manuscrita de Daniel Gil en la que le pedía que «le echara imaginación» para que «cuadraran las operaciones». Sí precisó, por contra, que «ni el Banco de España ni las auditorías internas y externas de la CAM pusieron ningún reparo» a este proyecto del que, según apuntó el representante de la caja en la mercantil en los primeros meses de 2005, él no conocía ni que los beneficios estaban en una sociedad radicada en un paraíso fiscal ni la la política de reparto de dividendos.

Tampoco sabía otro de los exdirectivos que testificaron ayer, que desempeñaba su trabajo en la dirección de Riesgos, si existía un pacto para no traspasar beneficios de Valfensal a TIP. Y, a preguntas del Fondo, dijo no recordar con precisión cuándo declaró que no se estaba dando a la caja la información necesaria para calibrar la capacidad de retorno de lo invertido en Valfensal. «Era una empresa que siempre le costaba facilitar informes, teníamos que ir detrás de ellos», resumió.

Llamado por la defensa de López Abad ayer también compareció el último director de Riesgos de la CAM, Francisco Martínez, quien defendió la viabilidad económica de las operaciones con la mercantil compartida con Ferri y Baldó pese a las reestructuraciones de su deuda. El negocio más que en recuperar lo prestado estaba en los intereses, vino a decir, aseverando que Valfensal «era una empresa solvente».

Y a preguntas del ponente, el magistrado Jesús Eduardo Gutiérrez, Martínez explicó que los 28 millones de provisión que tuvo que dotar el Fondo, y que este organismo reclama en este proceso, en realidad fue «un apunte contable para atender posibles contingencias», pero no un desembolso.