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Análisis

Wally veranea en el Caribe

Por mucho que chirríe lo escuchado durante el juicio por los negocios de la CAM al otro lado del Atlántico, el tribunal solo tiene que atenerse a si considera probado que por la gestión dolosa de los exdirectivos acusados se causó a la caja un agujero de 28 millones

José Baldó, en primer plano, y Juan Ferri el único día  que han acudido a la  Audiencia Nacional por el  juicio de Valfensal.

José Baldó, en primer plano, y Juan Ferri el único día que han acudido a la Audiencia Nacional por el juicio de Valfensal.

Fue el abogado Pablo de la Vega quien introdujo al personaje casi al final del juicio, el quinto que se celebra en la Audiencia Nacional por la gestión de la CAM: «¿Dónde está Wally? », preguntó el letrado ante el tribunal en alusión tanto a la provisión de los 28 millones con que el Banco de España sostiene que se tapó el agujero que provocó a la caja la aventura empresarial en el Caribe como al propio daño en sí.

El defensor de Daniel Gil, uno de los exdirectivos de la entidad acusado de administración desleal junto a su entonces superior Roberto López Abad, insistió en esta idea, en la inexistencia de un quebranto económico para la CAM por los negocios hoteleros que al otro lado del Atlántico montaron con Juan Ferri y José Baldó. Los empresarios, también inmersos en este proceso, sí que han admitido las irregularidades de las que los cuatro están acusados a cambio de evitar la cárcel. Una conformidad firmada en el marco de una negociación más amplia que incluía además media docena de delitos fiscales. En dos años han quedado los veintidós que reclamaba inicialmente la Fiscalía para cada uno de los hoteleros.

Insistió De la Vega, decía, en la ausencia de perjuicio al igual que lo hicieron la defensa de López y el representante de la aseguradora Caser, citado como responsable civil por la póliza que tenía firmada con la caja, porque es ahí donde radica la clave de cómo va a acabar este proceso.

Una investigación que arrancó en 2012 con la premisa, servida por los administradores provisionales de la caja, de que directivos y hoteleros habían creado una zona de gestión opaca a través de la sociedad que compartían, Valfensal, con una operativa la mar de rentable para los empresarios y no tanto para la caja. La entidad participaba en los proyectos (aportó 17 millones de capital), los financiaba (concedió casi 200 millones en préstamos) pero nunca vio un euro pese a que los hoteles daban beneficios que, para más señas, se enviaban a una sociedad radicada en un paraíso fiscal de las Antillas, con lo que sobra decir que escapaban al control de Hacienda. Una sociedad desde la que, mientras se seguía ignorando al socio-financiador , se desviaban más de 20 millones a cuentas que Ferri y Baldó tenían en Andorra bajo la cobertura de que se trataba de su sueldo por la gestión de los hoteles.

El exdirectivo de la CAM Daniel Gil esta semana en Madrid. edu candel /LOf

Todo esto ha quedado claro durante las seis sesiones de vista oral. Pero ejemplos hay sobrados de que las prácticas bancarias, por muy irracionales que puedan parecer, no siempre caminan parejas a la responsabilidad penal. O dicho de otro modo, habrá condena si el tribunal considera probado que se infringió un daño a las cuentas de la caja como consecuencia de la actuación dolosa de los dos administradores acusados. Solo en ese supuesto se censurará esta actuación por mucho que, tratándose de una entidad de ahorros con fines sociales, chirríe todo lo que la investigación sacó a flote y se ha escuchado a lo largo de juicio.

Porque frente al escenario descrito por el inspector del Banco de España José María Ruiz, quien ante el tribunal habló de operaciones de alto riesgo para la caja en las que el control y la información brillaban por su ausencia, las defensas pusieron el foco en los 24 millones por los que el Sabadell acabó vendiendo su participación a Ferri y Baldó. Siete más de los que puso la CAM. Un negocio redondo. Para el banco catalán, claro.

También al magistrado José Eduardo Gutiérrez, ponente de la resolución, pareció llamarle la atención este dato y en ese sentido ha venido preguntando a testigos y peritos casi desde el inicio de la vista. Por eso y por el hecho de que el Sabadell, una vez que se hizo con el negocio bancario de la caja, continuó con la misma política, e incluso aumentada, de concesión de cadencias a Valfensal.

Una relación comercial de la que las defensas enfatizaron los intereses que pagaba la mercantil (cerca de 30 millones aseguraron) pasando por alto que de los 194 concedidos en préstamos ocho años después solo se habían devuelto diez. «Es que el negocio de una caja radica en tener el dinero en movimiento y cobrar intereses», justificó López Abad. «Con las facilidades que la CAM les dio, Ferri y Baldó compraron su parte al Sabadell», responde el Fondo de Garantía de Depósitos, que reclama esos 28 millones como parte de la inyección con la que saneó la caja. Y mientras tanto, Wally sigue veraneando en el Caribe.

El exdirectivo de la CAM Roberto López Abad, esta semana en Madrid. edu candel /LOf

Ferri y Baldó La libertad tenía un precio 

Ratificar el pacto alcanzado con las acusaciones y renunciar a la última palabra. Apenas unos minutos, los últimos por videoconferencia desde Benidorm. Ha sido toda la participación de los empresarios Juan Ferri y José Baldó en el juicio por los negocios que montaron con la CAM en el Caribe a través de Valfensal. Su trabajo de campo fue previo. Después de duras negociaciones firmaron un acuerdo por el que reconocían la administración desleal y los tres delitos fiscales a los que redujo la Fiscalía los seis de los que inicialmente acusaba. A cambio, no ingresarían en prisión. La conformidad incluyó la indemnización al Fondo de Garantía de Depósitos en 12,5 millones y el pago de la deuda con Hacienda más las multas. Cerca de 30 millones en total.

López Abad y Gil Unidos por el destino 

Aunque sopesaron seguir los pasos de sus compañeros de proceso, Juan Ferri y José Baldó, y llegar a un acuerdo con las acusaciones, el desembolso que se les pedía y la situación procesal de ambos (López Abad con una condena pendiente del Supremo e investigado en otra causa y Gil con dos procesos más aún sin resolver) les hizo descartar la conformidad y jugársela a la vista oral. Y así lo han hecho a lo largo de las seis sesiones que ha durado un juicio en el que ellos han sido los únicos ocupantes del banquillo de los acusados. Ambos se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión y a indemnizar de forma solidaria al Fondo de Garantía en 15 millones a los que en principio, de haber condena, haría frente Caser.

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