Cualquier otra alternativa por la que hubiera optado la CAM ante la alarmante caída de ventas de la promotora Hansa Urbana, donde la caja tenía un 10% de su accionariado, hubiera sido más perjudicial para la entidad. Es decir, que sin ser la ideal, la operación que mantienen sentados ante un tribunal de la Audiencia Nacional a los exdirectivos de entidad de ahorros María Dolores Amorós, Daniel Gil y Vicente Sánchez, así como al fundador de la mercantil, Rafael Galea, acusados todos ellos de administración desleal, fue la menos lesiva para la caja.
En esta valoración coincidieron los cuatro testigos que declararon este jueves en el juicio que se está celebrando por estos hechos, tres los cuales estaban citados tanto por las acusaciones pública y particular, que se ejerce en nombre del Fondo de Garantía de Depósitos, como por las defensas. El cuarto, director de Morosidad de empresas de la CAM hasta un mes antes de su intervención por el Banco de España, acudió llamado por Amorós.
El exdirector de Riesgo Crediticio de CAM Manuel Lerma, su excolega en Morosidad Antonio Gisbert y el exdirector adjunto de TIP, el holding inmobilario de la caja, Javier García del Río, fueron tajantes en la defensa de las bondades de una operación por la que la CAM cambió préstamos por capital para evitar que la mercantil entrara en un concurso del que la caja habría salido mal parada.
Una operativa que las acusaciones sostienen que fue en realidad una reestructuración encubierta de la deuda que la que promotora tenía con la entidad a cambio de que esta pudiera declarar unos beneficios (40 millones) de los que no disponía en unos momentos muy complicados para la caja. Como moneda de cambio, unos terrenos comprados por 98 euros con dos tasaciones distintas y dispares (443 y 196 millones) sin permisos para construir, que TIP vendió a Hansa y que han acabado en manos de un grupo chino por cero euros.
Lerma definió la negociación con Hansa para resolver el problema como «la más compleja que había visto nunca» y aseguró que «era preciso reestructurar su deuda para minimizar las pérdidas».
Suelo en Murcia
Explicó el exdirectivo que el principal problema con el que se toparon fue que Galea prefería desprenderse de terrenos que tenía en Murcia, «que además de problemas medioambientales y legales llevaban aparejado un coste reputacional para la caja», frente a la opción de que fuera el suelo de Cabo Cortés, en el estado mexicano de Baja California. «Fue una negociación muy dura pero quedamos satisfechos de la solución porque fue la mejor de las pocas que podía tomar la CAM». Y a preguntas del abogado de Garrigues Pablo de la Vega, defensa de Gil, concretó: «Lo de México fue una compra, no una financiación».
En la misma línea se manifestó García del Río: «Ante la probable insolvencia de Hansa la caja canjeó deuda por activos». Cuestionado por el abogado del Fondo, Carlos Gómez-Jara, de por qué se optó por la tasación más alta, Del Río lo enmarcó «en el conjunto de las negociaciones y en el interés de la CAM por hacerse con el control de esos activos».
Gisbert apuntaló estas tesis: «Fue muy acertado optar por México, con lo que se consiguió refinanciar 108 millones de deuda».
Dos en la sala y la renuncia a López Abad
Solo dos los cuatro acusados en este sexto juicio de los abiertos por la gestión de la CAM permanecen en la sala de vistas de la Audiencia Nacional. Los que continúan son la exdirectora general María Dolores Amorós y el exdirector de Empresas Daniel Gil después de que el tribunal haya accedido a eximir de estar presentes al exdirector general de TIP Vicente Sánchez y al fundador de Hansa Urbana, el promotor Rafael Galea. Sus defensas alegaron la situación de alerta sanitaria en que nos encontramos y , en el caso de Galea, su avanzada edad, para que se les permitiera no asistir hasta el último día de la vista oral, solicitud a la que accedió de inmediato el tribunal presidido por Carmen Paloma González y formado por los magistrados Juan Francisco Martel y Fermín Echarri, ponente de la resolución.
Quien ayer echó un viaje innecesario a la Audiencia fue al exdirector general Roberto López Abad, citado en esta ocasión como testigo por las dos acusaciones y las cuatro defensas y al que acabaron renunciado todos.
