Un paraíso que se quedó desierto

Ninguna duda tienen los peritos que ayer declararon a instancia de las defensas de María Dolores Amorós y Rafael Galea de las cualidades del suelo con el que la promotora Hansa saldó parte de su deuda con la caja. Pero se acabó vendiendo por un euro y sobre él continúa sin levantarse nada.

El terreno era único. No había otro igual. 35 millones de metros cuadrados en una zona privilegiada del estado mexicano de Baja California colindante con un parque natural y en el que se iba a levantar un complejo hotelero de alto standing. 1.400 euros la noche. No era para menos. Seis kilómetros de playa, una marina, un aeropuerto para jets privados y en una zona del país que hasta los narcos habían dejado al margen de sus actividades delictivas convirtiéndola en un paraíso para el turismo.

Los peritos contratados por las defensas del fundador de Hansa, Rafael Galea, y de la exdirectora general de la CAM María Dolores Amorós, dibujaron así ante el tribunal que está juzgando las relaciones entre la caja y la promotora los terrenos mexicanos de Cabo Cortés con los que la mercantil acabó pagando parte de las deudas que tenía con la entidad de ahorros una vez que la crisis hizo inviable el proyecto. Un suelo que Hansa, participada por la caja, compró por98 millones con financiación de la entidad y que cinco años después le acabó vendiendo a su «socia» por 443 millones cuando había una tasación que lo valoraba en menos de la mitad. Sobre esa extensión, ahora en manos de un grupo chino tras «comprárselo» al Sabadell por un euro, sigue sin edificarse nada al impedirlo la falta de un permiso medioambiental sin el que no puede moverse ni un grano de arena.

Aún así, el economista Juan Carlos Domínguez, quien a propuesta de Hansa realizó un estudio de estos terrenos sobre el que ayer testificó en la Audiencia Nacional, consideró ajustada la tasación que valoraba el suelo muy por encima del precio por el que se adquirió restando importancia, en cuanto a la depreciación que pudiera suponer, al hecho de que careciera de la licencia de medio ambiente «porque se daba de forma automática, solo había que pedirla», precisó. El economista ensalzó el valor del proyecto «porque en ese punto del país, a diferencia de otros, no había signos de desaceleración», además de estar rodeado por otros complejos ya en construcción, como el de cabo Riviera».

El perito calificó de «icónica» la iniciativa empresarial y quitó hierro a que se pusiera en cuestión por las autoridades la construcción de la marina o la desaladora por el daño ambiental que podía acarrear «porque no estaban incluidas en la tasación», precisó.

La seguridad de la que hizo gala este experto durante buena parte de su comparecencia se resintió a preguntas de las acusaciones pública y particular, que se ejerce en nombre del Fondo de Garantía de Depósitos, a las que aseguró desconocer la existencia de la tasación que valoraba el suelo en 193 millones frente a la de los 443 de la que él consideraba ajustada. Y tampoco supo explicar por qué si conseguir la licencia era tan sencillo el terreno continuaba virgen tantos años después.

El arquitecto Iván Valero, quien compareció a instancia de la defensa de Amorós, explicó que aunque todas las tasaciones tienen un punto de subjetividad en tanto que se tiene que prever lo que va a pasar, la que valoraba estos terrenos en 443 millones «da una idea lo suficientemente precisa» del valor del suelo de Cabo Cortés». Valero añadió que la otra tasación presentaba «errores muy graves», que el proyecto «logró durante cuatro años un alto porcentaje de los procesos necesarios para iniciar la construcción» y que «el desarrollo quedó interrumpido por motivos no aclarados».

En una didáctica explicación de su trabajo, el perito concretó que se contaba con una licencia medioambiental «resuelta favorablemente con una serie de condicionantes que implicaban estudios complementarios y sistemas de monitoreo en el tiempo», como el control de si se alteraban las corrientes marinas o el desove de las tortugas. Y puntualizó que solo 700 de las 3.800 hectáreas que ocupaba el proyecto estaban protegidas.