Además de los nuevos controles que deben superar pasajeros y mercancías en la frontera, el Brexit también va a suponer un nuevo obstáculo para la venta de viviendas a ciudadanos británicos, al menos, en algunas poblaciones de la Vega Baja, donde una ley militar preconstitucional limita el acceso a la propiedad inmobiliaria a los ciudadanos extracomunitarios.
Se trata en concreto de la Ley de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, de marzo de 1975, y del reglamento que la desarrolla, de febrero de 1978, que otorga esta catalogación a un amplio perímetro alrededor de la base naval de Cartagena, que comprende buena parte de los términos municipales de San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada, Orihuela y Torrevieja. En el caso de la costa, abarca todo el litoral hasta el cabo Cervera.
Esta normativa no prohíbe que los ciudadanos extracomunitarios puedan comprar casas en la zona, pero sí les exige una autorización previa del Ministerio de Defensa, que se demora entre cuatro y seis meses, lo que puede desincentivar a los posibles compradores y dar al traste con un buen número de operaciones, según alertaron ayer desde la Asociación Provincial de Promotores (Provia), que calcula que cada año se venden en el área afectada alrededor de 800 inmuebles a británicos. Unas operaciones que hasta ahora no necesitaban ningún trámite especial.
Lo cierto es que el problema no es nuevo y que los empresarios y ayuntamientos de la comarca llevan años peleando por modificar una normativa que entorpece el negocio inmobiliario, en una de las zonas de España con mayor peso del turismo residencial. Por ejemplo, a mediados de la pasada década hubo gestiones por parte de consistorios como el de Torrevieja e incluso se llegó a aprobar una moción en el Senado instando al Gobierno a cambiar la legislación, sin ningún resultado. Entonces lo que preocupaba era el freno que la normativa suponía para el floreciente mercado de compradores rusos y de otros países del Este, que también deben tramitar la autorización.
Esta circunstancia ha provocado el surgimiento de gestorías especializadas que se encargan de realizar todo el proceso, pero, aún así, las molestias son evidentes. Los afectados deben aportar toda una batería de documentación, como un certificado de penales de su país, planos de la finca, fotocopia del pasaporte... Y todo debidamente traducido y, en ocasiones, por duplicado. Unas exigencias que para los empresarios carecen de sentido actualmente, si es que alguna vez lo tuvieron.
Avalancha de peticiones
Desde Provia recuerdan que el volumen de compradores británicos en la provincia es muy superior al ruso, y lo que temen es que la avalancha de solicitudes que puede registrarse dilate aún más los plazos de resolución de las peticiones. «Si los compradores empiezan a encontrarse pegas, se marcharán a otro lugar. Seis meses ya es mucho tiempo, ningún banco te va a mantener las condiciones de un préstamo tanto tiempo, y, si aumenta, aún será peor», señala ayer el secretario general de Provia, Jesualdo Ros.
Aunque hasta ahora no se había hecho público, los empresarios llevan meses advirtiendo a la Administración del nuevo problema que vendría con el Brexit, canalizando sus peticiones a través de la Subdelegación del Gobierno. En concreto, los empresarios reclaman que se elimine la obligación de solicitar esta autorización «que se rige por un decreto aprobado con anterioridad a la aprobación del texto de la Constitución Española», o en su defecto, proponen que se apliquen alternativas vigentes como son el silencio administrativo positivo o la declaración responsable.
Para Provia, «existen formas más actualizadas para obtener los datos que se solicitan y se tendría información mucho más completa y útil que la que solicitan», señalan desde la entidad. A su entender, la normativa sobre blanqueo de capitales que han de cumplir las entidades financieras o los fedatarios públicos son «ejemplos de datos que resultarían más que suficientes y actuales para estudiar autorizar estas compras de viviendas y supondría simplificar los procesos de tramitación y, por tanto, atraer riqueza a la provincia de Alicante», apuntó el secretario general de la patronal de los promotores.
Además de la zona de Cartagena, que también abarca un amplio territorio en la Región de Murcia, incluido todo el Mar Menor, la legislación limita la venta de inmuebles a ciudadanos extracomunitarios en las áreas colindantes a las fronteras con Portugal y Francia, buena parte de la costa gallega o casi todo el litoral de la provincia de Cádiz, en el Estrecho de Gibraltar. Desde el Ministerio de Defensa no respondieron ayer a las preguntas de este diario sobre si pensaban tomar alguna medida sobre la cuestión.
Las transacciones de inmuebles caen un 11% en noviembre
La compraventa de viviendas en la provincia cerró el pasado mes de noviembre con una nueva caída sobre las cifras del año pasado, en este caso del 11%, según los datos divulgados ayer por el INE. En concreto, durante el citado mes se formalizaron 2.753 operaciones frente a las 3.096 del mismo periodo de 2019. De ellas, un 84% correspondieron a viviendas de segunda mano. Con esta cifras, en el acumulado del año el descenso en la compra de viviendas se sitúa en el 25%, con un total de 25.841 transacciones registradas frente a las 34.499 del año pasado.
