La avalancha de contagios que se ha registrado durante la tercera ola de la pandemia ha convertido al covid en el principal motivo de baja laboral entre los trabajadores de la provincia de Alicante, hasta el punto de copar en estos momentos alrededor del 80% de los procesos que se tramitan desde los centros de Atención Primaria. Así lo asegura la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, María Ángeles Medina, que recuerda que no son sólo quienes dan positivo los que deben aislarse en casa, sino también los contactos cercanos, que están obligados a guardar una cuarentena de diez días.

Sólo hasta el pasado mes de noviembre, la Seguridad Social concedió en la provincia 57.481 prestaciones por incapacidad temporal por covid-19, lo que supone unas 6.400 bajas mensuales, que tuvieron una duración media de 16,07 días. En total, más de 100.000 jornadas de trabajo perdidas, que suponen una complicación adicional para una economía ya muy debilitada.

Y más aún si se tiene en cuenta que, desde esa fecha, la cifra no ha hecho más que aumentar, a medida que se ha agravado la situación sanitaria. De este forma, aunque la media resultante sea de unas 6.400 bajas mensuales, el último mes contabilizado, el de noviembre, cuando los casos empezaron a repuntar de forma significativa aunque aún no se había llegado al desbordamiento que se produjo tras las fiestas, la cifra ya superó las 12.000.

Fuera del trabajo

Este elevado número de bajas laborales no significa que los centros de trabajo sean focos significativos de infección. Al contrario, la inmensa mayoría de profesionales que se ven obligados a quedarse en casa se contagiaron o tuvieron su contacto cercano en el ambiente familiar, según apunta Medina y recalca también el director de zona de Prevención de Ibermutua en Alicante, Javier Cordech. «La mayoría de empresas ha tomado medidas para evitar la transmisión, con el distanciamiento de los puestos de trabajo, la disposición de geles hidroalcohólicos, mamparas y mascarillas, además del recurso al teletrabajo. Unas medidas que están funcionando», explica Cordech.

Algo más críticos se muestran los sindicatos, que sostienen que muchas compañías no tienen los protocolos adecuados o no los aplican correctamente, aunque también reconocen que no se están registrando grandes brotes de coronavirus en ambientes laborales. En cualquier caso, el reparto de mascarillas sigue siendo uno de los grandes caballos de batalla de los representantes de los trabajadores, que señalan que muchas empresas siguen sin facilitar este elemento de protección en un número suficiente. «Todavía vemos casos de negocios donde dan a los trabajadores una FPP2 para toda la semana. En otros casos se dan mascarillas de tela para no tener que estar comprando, pero no se sabe si están homologadas ni tampoco se dice que se pueden usar cuatro horas y luego hay que lavarlas», explica el responsable de Salud Laboral de CC OO en l’Alacantí i les Marines, Javier Pérez.

Por su parte, desde la patronal CEV defienden que las empresas están haciendo «un gran esfuerzo» para implantar las máximas medidas de seguridad. Unas medidas que «en muchos casos están suponiendo un alto sobrecoste económico en un contexto de caída moderada o severa de su actividad, sin ayuda de ningún tipo por parte de las administraciones públicos», afirman desde la organización que preside Salvador Navarro.

Aunque se trate de una baja por enfermedad común -sólo los sanitarios la tienen reconocida como enfermedad profesional-, desde el inicio de la pandemia el Gobierno aprobó que la incapacidad temporal por covid se abonaría como si se tratara de un accidente laboral. De esta forma, en lugar de tener que esperar al cuarto día y cobrar solo el 60% del salario, los trabajadores afectados reciben por cuenta de la Seguridad Social el 75% de su salario desde el primer día.

El Estado gasta 873 millones en nueve meses

Al cierre de noviembre, la Seguridad Social había destinado 873 millones de euros al pago de las bajas de incapacidad temporal por covid-19 en toda España, con un total de 2.262.947 trabajadores beneficiados, según el último balance oficial disponible en su web. De este total, 186.431 bajas se concedieron en la Comunidad: 57.481 de Alicante; 22.417 de Castellón; y 106.533 en València. La incidencia en Alicante fue de 10,19 bajas por cada 1.000 afiliados al sistema.

Piden que los partes se descarguen en la aplicación

Los profesionales de Atención Primaria denuncian las cargas burocráticas que soportan

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«Nos hemos convertido en unas secretarias muy caras. Nos pasamos la mayor parte de la jornada realizando tareas burocráticas», denuncia la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, María Ángeles Medina. Aunque reconoce la excepcionalidad de la situación, la portavoz de los médicos de Atención Primaria también señala que habría fórmulas para aligerar estas tareas relativamente sencillas. Por ejemplo, considera «inexplicable» que los partes de las bajas no puedan descargarse de la aplicación o de la web de la Conselleria de Sanidad, una vez que el doctor los ha registrado. «Es que ahora, una vez que los hemos hecho, tenemos que mandarlos por correo o hacer que venga alguien a recogerlos», señala Medina, que asegura que es una medida que ya se aplica en otras autonomías.

La doctora también alerta de que, más allá de los picos de casos que se producen, la pandemia va a dejar a muchos pacientes con complicaciones de largo plazo, como el denominado síndrome poscovid, que provoca dolores de cabeza o dolores articulares a quienes lo padecen.