El coste del rescate de la CAM sigue engordando, aunque ya no lo hará por mucho más tiempo. El Fondo de Garantía de Depósitos acaba de abonar al Banco Sabadell la que será la penúltima factura del Esquema de Protección de Activos (EPA) que se le concedió para ayudarle a liquidar los activos tóxicos que contenía el balance de la desaparecida caja de ahorros. Un mecanismo que llegará a su fin este verano, tras diez años de vigencia, por lo que ya solo queda pendiente la liquidación final, que probablemente el Fondo pagará en septiembre.
El último abono ha sido de unos 1.500 millones de euros, según las fuentes consultadas, con lo que hasta la fecha ya se han desembolsado alrededor de 7.100 millones de euros a través de este mecanismo. Esto significa que la factura final que queda pendiente no alcanzará los 300 millones, ya que el coste total del EPA no puede superar los 7.386 millones, según el acuerdo que firmaron el Sabadell y el Fondo de Garantía en diciembre de 2018 para que este último autorizara la venta en tres grandes carteras de la mayoría de activos que aún estaban por liquidar a esa fecha.
En cualquier caso, si se suma la recapitalización inicial de la entidad -5.249 millones que también pagó el Fondo de Garantía, que se nutre de las aportaciones obligatorias de todas las entidades españolas-, el total invertido por este organismo en el rescate de la CAM se situará en 12.635 millones de euros. Una cifra a la que hay que añadir otros 1.800 millones, que son las pérdidas asumidas por el Banco Sabadell.
El Esquema de Protección de Activos es un mecanismo que se concedió a varias entidades que absorbieron cajas de ahorros quebradas en la pasada crisis para ayudarles a hacer frente las pérdidas esperadas en sus carteras crediticias y otras inversiones. En el caso de la CAM, cubría una cartera inicial de 24.644 millones en activos, principalmente vinculados al sector inmobiliario. Los primeros 3.882 millones se cubrieron con las provisiones que tenía guardadas la propia caja alicantina antes de su desaparición y, a partir de esa cantidad, el Fondo de Garantía de Depósitos tenía que hacerse cargo del 80% de los números rojos que se generasen, mediante abonos anuales, mientras que el Sabadell haría frente al restante 20%.
Las provisiones iniciales duraron tres años y fue a partir de 2015 cuando el Sabadell empezó a girar las correspondientes facturas. En 2018, ante la presión del BCE para que los bancos sanearan sus balances, la entidad liquidó la mayor parte de estas carteras crediticias y de los inmuebles acogidos al EPA mediante la venta en tres grandes carteras a diversos fondos buitre. Para evitar que el Fondo de Garantía tuviera que realizar una derrama para cubrir las pérdidas, se pactó un calendario aplazado -que coincidía con la vigencia del EPA hasta julio de 2021- y se fijó una cuantía máxima a pagar.
Salidas
Por otra parte, el Sabadell ha ejecutado ya unas 900 salidas de las 1.800 previstas en el acuerdo de reducción de personal que firmó con los sindicatos el pasado diciembre. Alrededor de un centenar de bajas se produjeron en enero, mientras que cerca de 800 trabajadores de la entidad cesaron en sus puestos este pasado fin de semana. El resto de los afectados saldrá a finales de marzo.
