La desafortunada historia del centro de oficios de Coepa, en el que se invirtieron 6,8 millones de dinero público, está más cerca de tener un final feliz. Tras más de nueve años en desuso -los últimos de ellos, en completo abandono, víctima del pillaje y del vandalismo-, la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante sentaron este lunes las bases del acuerdo que permitirá recuperar el inmueble para su uso público, y más concretamente, para impartir formación. Una solución que, en principio, pasará por que el servicio autonómico de empleo -Labora- se haga cargo de la rehabilitación del inmueble a cambio de un periodo prolongado de cesión de uso, que estaría por concretar, según apuntaron ayer fuentes del Ejecutivo valenciano.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el conseller de Economía, Rafa Climent, retomaron las conversaciones para desbloquear la situación que vive el inmueble, tras el compromiso que en febrero del año pasado ya alcanzaron el primer edil alicantino y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Una negociación que había quedado aparcada con el estallido de la pandemia.
En el encuentro participaron también la concejala y responsable de la Agencia Local de Desarrollo, Mari Carmen de España, y el director general de Labora, Enric Nomdedéu, los dos organismos que deberán llevar a cabo el proceso.
El centro de oficios de Coepa quedó en una especie de limbo jurídico cuando la entonces patronal alicantina entró en concurso de acreedores por no poder pagar la hipoteca que pesa sobre el inmueble y que había concedido el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Una deuda que, finalmente, acabó provocando la desaparición de la organización empresarial.
Como el inmueble está construido sobre un terreno propiedad del Ayuntamiento y cedido, inicialmente, hasta 2031, el administrador concursal abogaba por devolverlo al consistorio, pero el IVF insistió en hacer valer sus derechos y obligó a subastar el inmueble, una subasta que quedó desierta. Tampoco entonces se llegó a un acuerdo para que el consistorio recuperara la titularidad, ya que éste siempre se ha negado a asumir la carga de la deuda. La situación parecía haber entrado en un callejón sin salida hasta que el año pasado Barcala y Puig se comprometieron a buscar una solución, aunque la pandemia retrasó las conversaciones.
Lo que ahora se pone sobre la mesa es un acuerdo para que sea la Generalitat, a través de Labora, la que se haga cargo de la adecuación del edificio, tras los numerosos daños que ha sufrido en este tiempo por el vandalismo del que ha sido objeto, ante la falta de vigilancia. Para ello, eso sí, el Ayuntamiento debería comprometerse a garantizar su cesión para usos formativos durante un plazo de tiempo «que garantice la amortización de la inversión que se realice», según apuntaron ayer desde el Gobierno valenciano. Un plazo que todavía estaría por definir, así como la forma en que se articularía la colaboración entre Labora y la Agencia de Desarrollo Local en la gestión del programa formativo. Para ello, el organismo autonómico se ha comprometido a presentar un informe con una propuesta detallada.
La intención es que el centro ofrezca formación relacionada con las nuevas tecnologías, en consonancia con los proyectos de impulso de la economía digital que tanto el Consell como el Ayuntamiento tienen en la ciudad.
