La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha avalado los despidos de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a los 17 trabajadores de un hotel de Orihuela aplicado en plena pandemia, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Las pérdidas económicas arrastradas durante 2020 y la situación de concurso de acreedores en la que estaba la empresa han sido los motivos valorados por el tribunal para dar por buena la medida. La sentencia abre la puerta a los despidos en otras empresas turísticas, a juicio del abogado Francisco González, que ha representado al hotel en este pleito.
Durante la pandemia, el mantenimiento y las prórrogas de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) han servido de dique de contención para evitar los despidos masivos como consecuencia de la crisis económica. En el decreto por el que se declaró por primera vez el estado de alarma, los despidos relacionados con el covid quedaban prohibidos, pero son ya varias las sentencias que están revertiendo esta norma en España. El TSJ abre la vía con esta resolución, contra la que cabe recurso al Tribunal Supremo, a los despidos por pérdidas económicas.
La empresa tenía la concesión para la explotación del hotel durante 25 años y contaba con 17 trabajadores de los cuales 11 eran fijos y el resto fijos discontinuos. La plantilla despedida sostenía que el ERE estaba relacionado con la futura finalización de la concesión (en febrero de 2022) y que la situación de pérdidas era fruto de una situación coyuntural causada por la pandemia. El hotel estuvo cerrado en 2020 cuatro meses cuando se declaró el primer estado de alarma que trajo el confinamiento, incluyendo a la plantilla en un ERTE. El 17 de julio del año pasado reabrió sus puertas y reincorporó a la plantilla. La situación económica del establecimiento no remontó y finalmente comunicó a los trabajadores el cierre definitivo el 14 de octubre.
La mercantil comunicó a la plantilla que a partir de la fecha del anuncio del estado de alarma se produjo una escalada de cancelaciones de reservas y eventos que no se han podido recuperar, por lo que ante la situación de incertidumbre y el descenso de los alojamientos comunicaba el ERE a toda la plantilla. Entre los datos objetivos de la situación económica se reflejaba que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020 las pérdidas fueron de 119.455 euros, frente a unos beneficios de 180.203 euros en el mismo periodo del año anterior. Un descenso del 166% en los ingresos y una caída de la ocupación del 67% en septiembre de 2020 frente al de 2019.
La sentencia recoge un informe de la Inspección de Trabajo que hace constar que «con la documentación aportada queda justificada la existencia de pérdidas por la empresa en, al menos, los últimos trimestres previos a la presentación de la medida» y que «no se aprecia la concurrencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en el periodo de referencia».
La sentencia señala que «si bien es cierto que la actividad del hotel es estacional, lo cierto es que este año la ocupación durante el periodo estival no ha podido suplir la falta de ocupación durante el resto del año».
El precedente del «call center» de Airbnb en Barcelona
Una de las primeras sentencias que avaló la senda de los despidos en la pandemia fue la que respaldó el despido de 924 trabajadores del «call center» de Airbnb de Barcelona, aunque en aquel caso los magistrados del TSJ de Cataluña argumentaban en la resolución que la caída de la actividad no estuvo directamente relacionada con la pandemia. El fallo tenía el voto particular de un magistrado que discrepaba de sus compañeros.
