«Hemos encontrado la fórmula de la Coca-Cola con los ingredientes que teníamos en la nevera». Con estas palabras, el subsecretario de Economía, Natxo Costa, presentaba en marzo el decreto ley con el que el departamento de Climent quería resolver uno de los principales problemas a los que se enfrentaba la Institución Ferial Alicantina (IFA): el de la naturaleza jurídica del recinto, que, según sus actuales estatutos, es una asociación sin ánimo de lucro, aunque nunca ha tenido asociados, y que había sido uno de los principales puntos de desencuentro entre Economía, en manos de Compromís, y la Conselleria de Hacienda, controlada por el PSPV. Sin embargo, el área de Vicent Soler parece que no coincide, para nada, con eso de la «fórmula de la Coca-Cola». Hasta el punto de que en las alegaciones que acaba de presentar -fuera de plazo- tumba la propuesta, amenazando con abrir un cisma -otro más- a cuenta del modelo de ferias con sus socios de gobierno. De hecho, desde el principio, Compromís defendió un modelo de gestión pública en el que control fuera público, mientras los socialistas abogaban por la externalización.
Lo que planteaban en su decreto desde Economía es que IFA y Feria València se convirtieran en una corporación de derecho público, siguiendo la estela de las cámaras de comercio, además, amarrando algo que de facto ya se producía: que fuera el Consell el que tutelara y, por tanto, tuviera el control de los recintos. En cuanto al régimen económico, el borrador proponía que se sustentara en los ingresos ordinarios y extraordinarios que obtuvieran por sus servicios, y vía subvenciones de la Generalitat, siempre y cuando no superaran el 50% de la financiación total. Algo que dejaron claro que no afectaba a la culminación de la reestructuración de la deuda y el fin de la urbanización de IFA, cuestiones que tendría que resolver Hacienda.
Pues bien, lo que determina Hacienda es que el proyecto «deja sin resolver numerosas cuestiones tanto de carácter jurídico y organizativo, como de carácter financiero, económico y patrimonial, que son básicas para la viabilidad de estas instituciones». No sólo eso. En el documento, de cinco páginas, los de Soler abogan ahora por integrar a las ferias en el perímetro del sector público instrumental. Lo hacen amparándose en que, con la subrogación de la deuda de IFA y de Feria Valencia por parte de la Generalitat, surge una cuenta acreedora por importe de 76 millones en el primer caso y de 445,4 millones en el segundo, lo que se convierte en «un obstáculo importante para la viabilidad financiera de la nueva institución que vaya a desarrollar las competencias en materia de promoción e internacionalización del comercio valenciano». A este respecto, mantienen que entrar en el perímetro del sector público instrumental permitiría «la realización de las aportaciones de activo y patrimonio relativas a los inmuebles y saldo acreedor que haría posible la viabilidad de una nueva entidad con una estructura patrimonial sin desequilibrios y una integración del personal ajustada a las necesidades reales».
Además, desde la Conselleria de Hacienda también destacan en las alegaciones «la ausencia de normativa estatal básica habilitante» para que los recintos se coviertan en corporaciones de derecho público, apuntan a que podría haber «duplicidad» o «solapamiento» con las funciones ya atribuidas a las cámaras, y creen que no es factible asegurar la autosuficiencia financiera de una corporación de derecho público. Desde Economía, siguen defendiendo su modelo, y se limitaron a decir que estudiarán las alegaciones.
