Ni fundación, ni consorcio, ni empresa pública, ni sociedad mixta. La Conselleria de Economía, finalmente, ha optado por una corporación de derecho público, siguiendo la estela de las cámaras de comercio, para resolver de una vez por todas el histórico problema de la forma jurídica de la Institución Ferial Alicantina (IFA), y también de Feria València. Hasta ahora, los estatutos de IFA la definían como una asociación sin ánimo de lucro, aunque, en la práctica, la feria alicantina no tiene asociados, lo que había generado no pocos conflictos y controversias. Por eso, la modificación de la forma jurídica era uno de los aspectos que más urgía resolver una vez asumida la deuda por parte del Gobierno valenciano. Con esta solución, el departamento de Rafa Climent, además, se garantiza la tutela y, por tanto, el control de las ferias, si el proyecto de decreto ley presentado por el subsecretario de Economía, Natxo Costa, recibe el plácet.
El documento, en este sentido, especifica que las instituciones feriales de la Comunidad pasarían a ser corporaciones de derecho público reconocidas por la Generalitat. Eso significaría que no tendrían ánimo de lucro, sin perjuicio de los intereses privados que puedan perseguir, y que tendrían personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Ahora bien, más importante aún es que eso permitiría que también sobre el papel las ferias estuvieran bajo la tutela de la Generalitat, a través de la Conselleria de Economía, algo que ya venía ocurriendo en la práctica sin que expresamente constara en ninguno de los textos que regulan estas instituciones. En cualquier caso, esta fórmula, según admitió Natxo Costa, no impide que puedan entrar operadores internacionales en la gestión de los recintos.
En cuanto a los órganos de gobierno de las ferias, a grandes rasgos, se mantiene la estructura actual, con el patronato, el comité ejecutivo y la presidencia. No obstante, en el caso del patronato, que es el órgano supremo de gobierno y de representación de IFA, y que tendrá entre 30 y 60 vocalías, lo que se establece es que al menos un tercio de las plazas debe ser para representantes de las empresas expositoras, atendiendo a la representatividad de los diferentes sectores económicos de las ferias que se celebran. Por otro lado, habrá representantes de las organizaciones empresariales sectoriales y territoriales que impulsan y colaboran con los certámenes oficiales; y también de las cámaras de comercio de la Comunidad, que, no en vano, ganan peso en el seno de las instituciones feriales. Finalmente, también estarán en el patronato representantes de las administraciones públicas, aunque no podrán superar el tercio de las vocalías. En cuanto al comité ejecutivo, tendrá como máximo 15 miembros.
Por lo que respecta al personal, se les aplica la legislación laboral, lo que, como señaló Natxo Costa, supone que el cambio de la forma jurídica de IFA y Feria València va a tener “impacto cero” sobre los trabajadores.
El texto también aborda el régimen económico de las ferias. En este sentido, se detalla que las instituciones se financiarán a través de los ingresos ordinarios y extraordinarios que obtengan por los servicios que prestan, pero también podrán recibir subvenciones de la Generalitat, siempre y cuando no superen el 50% de la financiación total, para que puedan estar fuera del perímetro SEC, según explicó Costa.
Finalmente, y como punto significativo el borrador del proyecto de decreto ley de las instituciones feriales de la Comunidad detalla que las ferias deben colaborar con la Generalitat y el Consejo de Cámaras en la elaboración y ejecución de los planes camerales de internacionalización.
“Hemos encontrado la fórmula de la Coca-Cola con los ingredientes que teníamos en la nevera”, señaló el subsecretario de Economía, artífice de este decreto ley. Tan convencido se mostró de esta fórmula que incluso vaticinó que otros recintos de fuera de la Comunidad acabarán copiando este modelo.
