Los sindicatos se han negado hoy a escuchar el plan de recolocaciones que la dirección del Banco Sabadell tiene previsto para atenuar las consecuencias del ERE de 1.936 trabajadores que ha puesto sobre la mesa y, por el contrario, han exigido a los responsables de la entidad la puesta en marcha de medidas alternativas que reduzcan la cifra de afectados y garanticen que todas las salidas sean voluntarias.
Un objetivo que los representantes de las principales formaciones -CC OO, UGT y la Federación SIBS Sicam-Aprobas - consideran más que factible. Sobre todo porque, para empezar, insisten en que el informe económico presentado por la dirección no justifica la necesidad del ERE y en especial criticaron las cifras sobre el descenso de la operativa en sucursales que les presentó el martes la entidad, en las que se aseguraba que el número de operaciones en ventanilla ha caído un 69% desde 2017. Unos números que los trabajadores afirman que "no se ajustan a la realidad".
Así, frente a los planteamientos de la dirección, desde los sindicatos proponen negociar un nuevo acuerdo de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, como el que permitió la salida de 1.800 trabajadores de la entidad durante el primer trimestre.
También reclaman que se recuperen tareas que se han externalizado a firmas ajenas al banco y que se traspase a una parte de la plantilla a otras empresas del grupo Sabadell.
Además, ante el cierre de oficinas previsto y el hecho de que existan provincia como Alicante donde el número de mayores de 56 años no cubre el excedente que quiere recortar la dirección, los sindicatos proponen que estos empleados puedan teletrabajar para otras delegaciones, aunque estén fuera de su demarcación.
También piden excedencias voluntarias y desde CC OO reclaman que se realice un "reajuste" de los salarios de la alta dirección, "si los datos son tan catastróficos como los pintan".
Por su parte, desde UGT insisten en la necesidad de "mantener una adecuada atención a los clientes en la red de oficinas", lo que consideran incompatible con el recorte propuesto.
Desde la entidad se mostraron dispuestos al diálogo y se comprometieron a analizar las alternativas propuestas en las próximas reuniones. En este sentido, insiste en su intención de abordar el proceso con la máxima responsabilidad y sensibilidad posible y que el objetivo es conseguir que el ajuste que considera necesario se realice con el acuerdo de los representantes de la plantilla.
En el caso de la provincia de Alicante, la propuesta inicial supondrá la salida de 237 trabajadores de la red de oficinas, a los que habrá que sumar una cifra indeterminada de los empleados que el banco tiene en sus servicios corporativos en la provincia. Se verán afectadas 44 de las 160 oficinas que tiene en estos momentos.
