En plena polémica por la competencia fiscal que ejerce la Comunidad de Madrid sobre el resto de autonomías con su política de supresión de impuestos a las rentas altas, o el efecto de «succión» de recursos que supone que la mayor parte de la estructura y los organismos de Estado se localicen en la capital, la consultora inmobiliaria Colliers ha querido contribuir al debate con un estudio, cuanto menos, llamativo. La compañía ha calculado la transferencia de riqueza que suponen las compras de viviendas que muchos ciudadanos realizan fuera de su autonomía para su segunda residencia y, en concreto, los ingresos que generan estas operaciones para las arcas públicas, con el objetivo de establecer una especie de balanza fiscal del sector inmobiliario. Y, como era de prever, el resultado es muy distinto al que arrojan los datos tributarios generales.
Así, en este caso son los compradores madrileños los que más contribuyen con sus tributos al sostenimiento de los presupuestos de otras regiones - puesto que son los que más casas compran fuera de su autonomía-, mientras que la Comunidad Valenciana es la más beneficiada, seguida por Andalucía.
Para calcularlo, Colliers se ha basado en los datos de transacciones del año pasado y ha realizado una estimación de lo abonado según los tipos vigentes en cada autonomía por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales -que grava las ventas de segunda mano con un 10%, en el caso de la Comunidad Valenciana- y el IVA, que se aplica a las viviendas nuevas. En este último caso hay que aclarar que su recaudación la realiza la Agencia Tributaria Estatal y que sólo la mitad de lo ingresado va para los ejecutivos autonómicos.
El resultado es que, mientras los valencianos apenas pagan 19,9 millones de euros en impuestos por las pocas viviendas que adquieren fuera de la autonomía -son los que menos inmuebles compran en porcentaje fuera de su región de origen-, las ventas de segundas residencias a foráneos en la Comunidad suponen unos ingresos tributarios de 118,5 millones.
En otras palabras, que la autonomía logra un saldo positivo de 98,6 millones, el mayor de toda España, por delante del que obtiene Andalucía (84,8 millones) o Cantabria (19,9 millones). Por el contrario, las que presentan el saldo más negativo son Madrid, con una diferencia de 242 millones entre lo que sus ciudadanos pagan por impuestos inmobiliarios en otras zonas y lo que ingresan por los foráneos que compran en la capital; y el País Vasco, con 30,7 millones.
Al respecto también cabe señalar que Alicante es la que más contribuye a esta balanza, con un saldo de 61 millones, algo lógico si se tiene en cuenta que hasta el 20% de las compraventas en la provincia las protagonizan residentes de otras autonomías.
En cuanto al origen de los 118,5 millones en tributos que los foráneos se dejan en la Comunidad al adquirir un inmueble, hasta 67,9 millones los pagan madrileños. A mucha distancia se sitúan los castellano-manchegos, que el año pasado tributaron 9,6 millones en la autonomía por este concepto, seguidos por los catalanes (9,4 millones), los murcianos (6,6 millones) y los andaluces, con 5,5 millones.
En cualquier caso, aunque la cantidad es significativa, está muy lejos de compensar la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana por la vía de transferencias directas del Estado, que la Generalitat cifra en unos 1.300 millones anuales en sus presupuestos.