Primero fue el Ejecutivo comunitario por boca de su vicepresidente Valdis Dombrovskis. No sólo se alineaba con el calzado, sino que alertaba a Estados Unidos de que reaccionaría si la Administración Biden tomaba represalias contra la industria zapatera por la puesta en marcha en España de los impuestos sobre servicios digitales -la Tasa Google-, y subía los aranceles unilateralmente y fuera de los cauces marcados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ahora le ha tocado el turno al Parlamento Europeo, que, con una contundente mayoría, ha censurado cualquier tipo de revancha contra el calzado español y, sobre todo, ha exigido la paralización definitiva del incremento tarifario. Todo después de que hace ahora seis meses EE UU amagara con la subida de hasta 25 puntos en los aranceles que paga el calzado español por entrar a ese país, lo que, en la práctica, suponía elevar la tasa final hasta el 35%. Cierto es que, el pasado mes de junio, el Ejecutivo norteamericano suspendía la subida durante 180 días -hasta el 29 de noviembre- con el fin de tratar de conseguir un acuerdo sobre fiscalidad internacional en el seno de la OCDE. Sin embargo, el peligro sigue estando ahí, y desde el sector siempre se ha mantenido que es necesario que al menos se prolongue la suspensión durante dos años si no hay un acuerdo antes, para evitar la caída de las ventas, como ocurrió la pasada primavera, e impedir que las marcas de distribución puedan volver a mover sus pedidos a otros países para producir sus colecciones.
En concreto, la Eurocámara debía votar este miércoles el informe titulado «Sobre el futuro de las relaciones entre la UE y Estados Unidos», que salió adelante por 550 votos a favor, 83 en contra y 55 abstenciones. El documento, en este sentido, hace referencia de forma específica al calzado gracias a una enmienda que, según recuerda la eurodiputada del PSPV Inmaculada Rodríguez-Piñero, presentaron en la Comisión de Comercio Internacional y que el ponente del informe ha hecho suya. En esa enmienda se habla de forma expresa de cancelar de forma definitiva la subida arancelaria planteada para el calzado, para evitar que las empresas españolas acaben quedándose fuera de un mercado, el norteamericano, estratégico para el tejido productivo, precisamente en un momento en el que, además, desde la patronal admiten que los datos indican que se ha reactivado el consumo en Estados Unidos, y las exportaciones en el primer semestre del año se han comportado positivamente.
En paralelo, en el informe aprobado este miércoles se insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aceleren las negociaciones, y las concluyan lo antes posible, en el marco de la propuesta de la OCDE sobre fiscalidad digital, y a que utilicen todos los medios posibles para evitar mayores daños económicos a las empresas de la UE, en particular las pymes, y especialmente en el contexto de las estrategias de recuperación del covid, como recuerda Rodríguez-Piñero.
La eurodiputada, de hecho, incide en que «ya conseguimos el apoyo del Gobierno de España y de la Comisión Europea en las negociaciones con EE UU. Que el Parlamento Europeo se implique en este tema demuestra la importancia que da a nuestro sector estratégico y es un espaldarazo definitivo de cara a volver a negociar una anulación definitiva de los aranceles cuya aplicación está suspendida hasta noviembre». La socialista, que en los últimos meses ha estado abanderando esta cuestión en el seno de la UE, siempre ha mantenido que la subida de los aranceles de la Administración estadounidense no se ajusta a derecho y que, por tanto, es fundamental que todas las instituciones comunitarias asuman esa tesis de cara a las negociaciones que se vayan desarrollando.
Una amenaza que hizo perder el 25% de las ventas
Desde las patronales del calzado, FICE y Avecal, su presidenta, Marián Cano, siempre ha sostenido que la amenaza del incremento de los aranceles supuso una pérdida de ventas de en torno al 25% para las marcas de distribución. Incluso se llegó a plantear que la subida tarifaria, de implantarse definitivamente, podría dejar en el aire 1.500 empleos directos, y entre 5.000 y 6.000 indirectos.
