La guerra abierta entre las eléctricas y el Gobierno se calienta. O más bien, el enfrentamiento entre el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, y la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sube de revoluciones. El último episodio, después del desplante en la subasta de energía renovables, es el ultimátum de la eléctrica: no mantendrá bajos precios a la industria si el Gobierno no da marcha atrás a las dos normas que reducen los denominados «beneficios caídos del cielo» que reciben las eléctricas por sus centrales hidráulicas, nucleares y renovables por el alza del precio del gas y del CO2.
Así lo advierte la compañía en un comunicado que comienza con una afirmación: «Iberdrola vuelve a demostrar su compromiso con la sociedad española». Acto seguido, la eléctrica da a conocer su promesa de que no variará los precios de la industria (»para no afectar a la competitividad española con los incrementos del precio del gas natural»), «siempre y cuando no se perjudique la producción eléctrica con tributos lesivos».
Y pide al Gobierno «la retirada del Real Decreto y la Ley criticada por la UE». Se entiende por ello el «hachazo» a las eléctricas por el alza del gas (real decreto ley ya aprobado) y también por la subida del CO2 (proyecto de ley en estado de tramitación parlamentaria).
La compañía asegura tener constancia de «la voluntad del Gobierno de la Nación de corregir aquello que no se ha hecho bien y llegar a un acuerdo». El Gobierno ha reconocido públicamente su intención de «aliviar» el recorte a los ingresos de las eléctricas para evitar que estas lo repercutan en la industria, pero por el momento nunca ha hablado de dar marcha atrás a esta medida y a otra que, en cualquier caso, está actualmente en tramitación parlamentaria.
Sin embargo, la empresa incluso da por hecho que «parece evidente ya para todo el mundo que las empresas eléctricas no se han beneficiado en modo alguno del incremento de los precios eléctricos, sino que, muy al contrario, han soportado costes desorbitados del precio del gas natural» y por ello, añade, «el Gobierno debe corregir dos errores, el Real Decreto y la Ley, que bien seguro se produjeron por falta de información».
Además, la compañía dice que, en la medida de sus posibilidades, «asumirá el incremento de costes energéticos para no trasladar a la industria española la situación de los mercados internacionales, pero el Gobierno debe entender que no se debe gravar la producción en un momento tan delicado, especialmente tras comprobar que no se han producido beneficios extraordinarios». «Todo el mundo se puede equivocar por falta de información y rectificar es de sabios», dice el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez-Galán.
