Ya habían quedado patentes los efectos negativos de la pandemia de coronavirus sobre las empresas, pero ahora también se ha puesto de manifiesto la fuerte repercusión que esta crisis ha tenido en las economías domésticas. Y es que, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una de cada tres personas de la Comunidad Valenciana se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone un incremento de 2,4 puntos en relación a 2019, cuando todavía no había hecho acto de aparición el covid. El dato es todavía peor si se tiene en cuenta que solo siete territorios autonómicos presentan registros más elevados, en un fenómeno que tanto expertos como sindicatos atribuyen, en gran parte, al bajo nivel salarial.

La tasa de riesgo o exclusión social se creó en 2010 a efectos de medir la pobreza relativa en Europa, ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contemplaba los ingresos, a otros factores como son la carencia material y social severa, así como la baja intensidad en el empleo. Teniendo en cuenta este preámbulo, y de acuerdo con las últimas estadísticas publicadas, la Comunidad Valenciana presentó en 2021 una tasa del 30,6%, frente a la del 29,7% que había un año antes y la del 28,2% de la de 2019. Un incremento que coincide, claramente, con la del periodo de pandemia, y que pone de manifiesto el impacto que esta crisis ha tenido sobre los hogares.

Se da la circunstancia de que la tasa valenciana es tres puntos superior a la media nacional, y que solo siete territorios autonómicos se sitúan por encima. El peor dato es el de Ceuta, con un 43%, al que le sigue el de Andalucía y Extremadura, con un 38,7%; Canarias, con un 37,8%; Melilla, con un 35,2%; Murcia, con un 33,8%; y Castilla-La Mancha, con un 32,5%. En el lado contrario, con las menores tasas, figuran Navarra, con un 14,7%, y el País Vasco, con un 16%.

En lo que respecta a la renta media por persona, la de la Comunidad Valenciana se sitúa en 11.237 euros, lo que la deja en el puesto número doce del conjunto de territorios autonómicos. En ese ranking, el País Vasco es el que presenta una mayor renta, con 15.544 euros, mientras que Extremadura se sitúa a la cola con 9.500.

Otro dato que llama la atención referido al ámbito valenciano es que un 7,1% de las personas se encuentran con carencias materiales severas, frente al 11,5% de 2020 y el 4,8% de 2019. El descenso registrado en el último año estaría relacionado con las ayudas habilitadas por las diferentes Administraciones para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria.

También destaca, según la información facilitada por el INE, que un 7,8% de los ciudadanos tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes, un 13,6% dificultades y un 26,4% ciertas dificultades. Solo hay un 20,2% que agotan el mes con facilidad y un 3% con mucha facilidad.

Hay otros conceptos, sobre situaciones cotidianas, que ilustran incluso mejor la envergadura del problema. Así, un 35% de la población no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, un 3,4% no puede hacer una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, y un 15,5% tiene imposible mantener la vivienda con una temperatura adecuada. Asimismo, un 32,3% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, un 11,4% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la casa principal en conceptos como hipoteca, alquiler o recibos del gas y la comunidad, un 6% no puede permitirse disponer de un automóvil y un 6,6% no tiene posibilidad de tener a un ordenador personal.

Y más allá de la propia evidencia de la pandemia, ¿qué es lo que explica esta preocupante realidad? El economista y catedrático emérito de la Universidad de Alicante (UA) Ignacio Jiménez Raneda señala que, a falta de un análisis exhaustivo de los datos, las cifras ponen en evidencia que en los últimos tiempos "hay grupos sociales que han mejorado su situación económica de manera destacada, mientras que otros segmentos de población se han estancado o incluso han ido a peor". Detrás de este hecho aparecen cuestiones, según Jiménez Raneda, como los salarios bajos que imperan en los puestos de trabajo no cualificados.

Más contundentes se muestran las centrales sindicales. El secretario general de CC OO en l'Alacantí y Les Marines, Paco García, señala que la elevada tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es un mal generalizado en la provincia de Alicante, pero que tiene especial incidencia en comarcas como la Vega Baja, la Marina Alta y la Marina Baixa, "justo -apunta- las más turísticas, y donde impera una ocupación de baja calidad y malos salarios. También en estos territorios se están vaciando las zonas de interior debido a la falta de infraestructuras". Todo ello, conjugado con una inflación que ya empezaba a subir el año pasado, trae consigo, apunta, esta consecuencia. Para el representante de CC OO, "la solución pasa por mejorar la calidad de los puestos de trabajo y las retribuciones salariales, apostando para ello por conceptos como la digitalización y la innovación".

Los bajos sueldos, precisamente, son el origen de una movilización sindical que se está preparando para el próximo día 6 de julio, la cual consistirá en la celebración de concentraciones ante las sedes de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en València, Castellón y Alicante. Según explica el secretario general de UGT en la Muntanya-Vinalopó-Vega Baja, Ismael Senent, "nos estamos encontrando con una gran resistencia por parte de las patronales a incrementar los salarios, y todo ello a pesar de que están subiendo los precios de sus productos". El dirigente sindical añade que "no estamos dispuestos a consentir que los trabajadores pierdan poder adquisitivo y vuelvan a pagar el pato de la crisis, de ahí que hayamos decidido pasar a la acción".