La entrada en vigor de la reforma laboral impulsada por el Gobierno ha dado un vuelco absoluto a la contratación en la provincia, aunque sólo ha resuelto a medias el problema de la precariedad que afecta a muchos trabajadores de la zona. Así, aunque el cambio normativo ha logrado reducir las tasas de temporalidad y ha disparado la contratación indefinida de menos del 10% al 56% del total, la mayoría de quienes consiguen un empleo en Alicante aún deben hacer frente al bajo nivel de ingresos que generan las jornadas a tiempo parcial o la estacionalidad que supone trabajar sólo durante unos meses al año, aunque tengan garantizado que le llamarán para la próxima temporada.
Así se desprende del análisis de los datos de contratación que facilita el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) correspondientes a los de abril, mayo y junio de este año, los primeros con la nueva legislación en vigor.
Desde el punto de vista de la temporalidad, las restricciones a los contratos por obra y servicio y por circunstancias de la producción han dado un resultado inmediato y han disparado el porcentaje de indefinidos. Así, si en el segundo semestre de 2019 apenas un 9,5% de quienes conseguían un nuevo empleo eran fijos, en el mismo periodo de este año la cifra ha ascendido al 56%. Un porcentaje desconocido desde hace décadas y que, además, supera en 12 puntos a la media nacional, que se sitúa en el 44%.
En términos absolutos esto supone que en apenas tres meses han encontrado un empleo estable casi 92.000 alicantinos, uno de los motivos de que la afiliación a la Seguridad Social esté en máximos históricos.
Sin embargo, si se desglosa esta cifra el panorama cambia. De ese total, sólo 32.276 son contratos a jornada completa, apenas el 35,1% del total. Es decir, lo que la mayoría entiende por un empleo fijo como tal.
Otro 23,9% -lo que supone 21.973 asalariados- se corresponde con puestos de trabajo a tiempo parcial. Una parcialidad que, si bien en algunos países europeos es algo buscado para disponer de más tiempo libre o para cuidar a la familia, en España suele ser involuntaria en la mayoría de las ocasiones, tal y como señalan los afectados cuando se les pregunta en la Encuesta de Población Activa (EPA).
Por último, la modalidad más empleada es la contratación fija discontinua, que suma 37.515 empleos en estos tres meses, el 40,9% del total. Una modalidad que supone trabajar sólo unos meses al año, aunque, eso sí, implica que el empresario tiene la obligación de llamar siempre a los mismos trabajadores o, en caso contrario, pagarles la indemnización correspondiente por despido.
"Lo que reflejan esos datos es lo que tendría que haber ocurrido siempre en Alicante con el modelo productivo que tenemos, donde hay muchos sectores que son estacionales. Los fijos discontinuos ya eran habituales en sectores como el turrón, pero otros como la hostelería tiraban de temporales, pervirtiendo el espíritu de la legislación. Y eso es lo que ha cambiado", señala el secretario de Empleo de CC OO en l'Alacantí i les Marines, José María Ruiz Olmos, que valora "muy positivamente" la reforma, por la estabilidad que confiere a esos trabajadores. "Si queremos acabar con la estacionalidad, lo que hay que hacer es impulsar otros sectores o lograr que el turismo se desestacionalice", insiste.
"El fijo discontinuo no es un contrato precario. Supone una mejora muy grande para muchos trabajadores, que van a tener la certeza de que les van a llamar la próxima temporada y que pasan a tener más derechos", asegura también Yolanda Díaz, desde UGT. "Lo que también está claro es que la tarea no acaba ahí, y que hay que seguir dando pasos para mejorar el mercado laboral", señala la dirigente ugetista.
También el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, considera que la valoración de estos primeros meses de aplicación de la reforma laboral "es positiva y sin duda va a otorgar grados de certidumbre en la gestión de las empresas y las personas trabajadoras". Y, al igual que los sindicatos, justifica la estacionalidad y la parcialidad en la estructura productiva de la provincia, con un peso notable del turismo o del sector agrario.
Inspección
Lo cierto es que esta proliferación de contratos fijos discontinuos ya está bajo el punto de mira de la Inspección de Trabajo, como apunta la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, María Antonia Oliva. Así muchas compañías están recibiendo cartas para controlar que no se esté abusando de esta modalidad que, entre otras cosas, requiere que los trabajadores pasen al menos 60 días al año fuera de la empresa. De lo contrario debe emplearse el contrato fijo ordinario. Igualmente, también se está vigilando si las personas que están pasando a indefinidas llevaban más tiempo del permitido en situación temporal.
En cualquier caso, Oliva señala que la proliferación de fijos discontinuos responde a la imposibilidad de muchos negocios de utilizar los nuevos contratos temporales por circunstancias de la producción previsibles, que cada empresa puede emplear un máximo de 90 días al año. Esto lleva, por ejemplo, a que un bar de costa que quiera abrir de mayo a octubre no pueda utilizarlo y tenga que pasar obligatoriamente por la figura del fijo discontinuo.
Más preocupados por el IPC y la subida del salario mínimo
El profesor de Derecho del Trabajo de la UMH, Pedro Pablo Ortuño, asegura que los cambios legislativos apenas han afectado al ritmo de contratación de las empresas, «que siguen incorporando trabajadores conforme a sus necesidades». Por el contrario, Ortuño señala que los factores que más preocupan en estos momentos a las compañías alicantinas y que sí pueden tener alguna influencia en la decisión de aumentar plantillas son las subidas del Salario Mínimo Interprofesional o el reflejo que la elevada inflación puede tener en los convenios.
