El Gobierno tiene aún un escudo de más de 2.300 millones para bajar el gas a 2,7 millones de hogares

El Gobierno puso en marcha el pasado octubre un paquete millonario de medidas para subvencionar y bajar por la factura de los millones de clientes con tarifas reguladas de gas. Las ayudas han provocado una sacudida en el mercado y han provocado el trasvase de más de un millón de clientes en unos meses hacia esa tarifa subvencionadas, hasta superar los 2,7 millones de hogares acogidos a este tipo de contratos que están obligadas a ofrecer las grandes energéticas.

Las subvenciones aprobadas por el Ejecutivo han permitido rebajar en torno a un 40% las facturas de los clientes con tarifas reguladas de gas, y se han estado financiando directamente con dinero público para amortiguar durante la crisis energética el impacto de la escalada de precios. La aportación pública realizada ha superado ya los 630 millones de euros, aunque en los últimos meses esa cifra apenas se ha movido, por la caída de los mercados del gas, según confirman fuentes oficiales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El Gobierno cubre con presupuesto público el agujero millonario que estas medidas provocarían en las cuentas del sistema gasista español, asumiendo el coste de la rebaja aplicada a más de 2,7 millones de clientes. Y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha transferido esos más de 630 millones de euros a las cuatro grandes compañías (Naturgy, Endesa, Iberdrola y Totalenergies) que están obligadas por ley a comercializar las tarifas reguladas, conocidas como tarifas de último recurso (TUR).

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, cuenta con un crédito excepcional por 3.000 millones de euros para cubrir el coste de estas medidas durante todo este año. Así que actualmente queda un escudo de más de 2.300 millones de euros para que el Ejecutivo que salga de las elecciones del 23J pueda evitar grandes subidas de la factura de gas de todos los clientes con tarifas reguladas contratadas durante todo 2023.

El Gobierno llegó incluso a garantizar por ley que destinará todo el dinero público necesario para sufragar su coste. “Esta partida se ampliará en la cantidad necesaria para cubrir el déficit real causado”, se indicaba en el real decreto aprobado el pasado octubre. De momento, se ha constatado que se armó un blindaje millonario con una dotación excesiva, a expensas de cómo evolucionen los mercados del gas y su impacto en las facturas del cliente final en los próximos meses, especialmente el próximo invierno.

Sacudida comercial

El plan millonario de ayudas anunciado por el Gobierno en octubre provocó una avalancha de peticiones de cambios de contrato hacia las tarifas reguladas. En apenas seis meses, más de un millón de clientes han cambiado su contrato para tener la tarifa regulada de gas, desde los 1,58 millones de usuarios de la TUR que había en septiembre hasta los 2,66 millones a cierre de marzo. En el caso de la TUR vecinal, desde su creación en octubre apenas se han acogido 5.500 comunidades residenciales, muy por debajo de las expectativas.

El próximo Gobierno cuenta con ese colchón de más de 2.300 millones para cubrir con dinero público el agujero en las cuentas del sistema gasista que pueda generar este tope de las subidas de la tarifa regulada para clientes individuales (TUR 1, TUR 2 y TUR 3, en función del consumo anual) y también para la nueva tarifa rebajada para comunidades de vecinos con calefacción central (TUR vecinal).

La TUR es una tarifa regulada disponible para cualquier consumidor conectado a las redes de gas natural con un consumo inferior a 50.000 kWh anuales, cuyo precio el Gobierno revisa trimestralmente. Las revisiones se producen el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre, produciéndose una actualización siempre que el coste de la matera prima incluido en la fórmula de cálculo experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% con relación al trimestre anterior. Pero desde los primeros compases de la crisis energética el Ejecutivo limitó las subidas que podían aplicarse hasta un máximo del 15% del coste de la materia prima y se aprobó que la medida se mantuviera al menos hasta final de este año.

Las ayudas que el Gobierno está inyectando para bajar la tarifa regulada de gas han roto el mercado y han provocado el trasvase de más de un millón de clientes en unos meses hacia las tarifas subvencionadas. En apenas seis meses, más de un millón de clientes han cambiado su contrato para tener la tarifa regulada de gas, desde los 1,58 millones de usuarios de la TUR que había en septiembre hasta los 2,66 millones a cierre de marzo. En el caso de la TUR vecinal, desde su creación en octubre apenas se han acogido 5.500 comunidades residenciales, muy por debajo de las expectativas.

Pese al trasvase masivo, aún sigue siendo muy superior el número de clientes acogidos a tarifas de gas del mercado libre a pesar de ser más caras y de haber registrado fuertes subidas en los últimos meses invernales. Actualmente, unos 5,6 millones de usuarios se mantienen en el mercado libre. Esto es, apenas un 30% de todos los usuarios cuentan con la tarifa protegida frente a las fuertes subidas y que es actualmente más barata que todas las tarifas del mercado libre, según confirma el comparador de precios de la CNMC.