El Estado inyectó a las autonomías 417.000 millones en una década

El modelo de financiación autonómica vigente, que fijó compensaciones a través de varios fondos, se ha revelado injusto e incumple los principios de suficiencia y equidad a los que obliga la ley para repartir el dinero que recauda el Estado entre las autonomías y con el que al final se financian servicios básicos como la educación, la sanidad o la dependencia. El modelo se aprobó en 2009, tras una larga negociación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ERC, denuncias de "privilegios" a Cataluña, el voto a favor de 10 comunidades y la abstención de las siete del PP, que fueron muy críticas con el sistema pero consideraron que era más estético abstenerse que votar en contra y luego coger el dinero. El compromiso era revisarlo cada cinco años pero nunca se ha hecho por las tensiones políticas que genera en el Estado de las autonomías abrir esta negociación.

Las comunidades más pobladas llevan años sumando fuerzas y denunciando que están infrafinanciadas. Estudios independientes, como el de Fedea, dejan constancia de los desequilibrios y distorsiones del sistema, situando a Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla La Mancha, como las más perjudicadas en la financiación por habitante. Un murciano recibiría del Estado 92,3 euros frente a los 117,1 que le tocarían a un cántabro, en la comunidad más beneficiada con el actual modelo.

Además el funcionamiento del sistema incumple lo que se llamó principio de ordinalidad, que garantizaba que se recibiera dinero en función de lo que se aportaba a la caja común. Madrid sería la comunidad que más ingresos aporta y la décima en el ranking por recursos recibidos. Cataluña sería la tercera en aportaciones tributarias y la novena en recursos recibidos. El sudoku es endiablado.

Aquellas comunidades con menos población reclaman que se compensen otros factores como el envejecimiento de la población o la dispersión geográfica, que encarecen la prestación de servicios públicos. En este grupo están comunidades como Aragón o Galicia, cuyo presidente también ha levantado la voz advirtiendo del "interés egoísta" de pactar una investidura con el sistema de financiación.

El Gobierno de Mariano Rajoy decidió ayudar a las comunidades fijando un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), aprobado en 2012, que permitía prestar dinero para dar liquidez a las maltrechas arcas autonómicas pero con unas condiciones al préstamo. Esa fórmula ha engordado la deuda de las comunidades y por eso ahora el Gobierno también juega con este recurso, prometiendo condonar deuda a Cataluña, la comunidad que más debe (71.852 millones de euros). Le siguen la Comunidad Valenciana (46.274 millones), Andalucía (25.276), Castilla-La Mancha (11.069), Murcia (9.762), Aragón (4.940), Baleares (4.828), Cantabria (3.100), Galicia (2.759), Extremadura (2.288), Castilla y León (1.966), Canarias (1.296), Asturias (858) y La Rioja (758 millones de euros). Otras como Madrid rechazaron endeudarse en el FLA y por eso alertan contra una quita de deuda, que sería injusta, advierten, para las regiones más cumplidoras.

3 de cada 10 euros a Cataluña

Más del 32%, es decir casi tres de cada diez euros que el Estado ha inyectado a las autonomías desde 2012, fueron para Cataluña. Es la autonomía que más fondos de estos ha recibido en la última década, según los datos del ministerio de Hacienda hasta 2023. La autonomía mantiene esta proporción de la liquidez total proporcionada por el Estado desde 2013, el segundo ejercicio tras entrar en vigor los mecanismos para paliar el cierre de los mercados a las comunidades autónomas en 2012.  

En total son 135.073 millones desde aquel año hasta la actualidad, a través el sistema de pago a proveedores inicialmente y, con posterioridad, con el fondo de liquidez autonómica (FLA), entre otros. A lo largo de este periodo, le siguen la Comunidad Valenciana, con el 23,79% del total y 99.267,9 millones de euros; y Andalucía, con un total 56.594 millones desde 2012, el 13,56% del total.

Desde 2012, el Estado ha inyectado en las autonomías 417.240,9 millones en distintos instrumentos para facilitar la liquidez, el pago de facturas, cubrir el déficit o saldar vencimientos de deuda. Además de la facilidad financiera (FF), creada para apoyar a las autonomías que cumplen con el déficit, y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), para las que lo incumplen, existe en la actualidad el fondo de liquidez React-UE, que concede préstamos para adelantar los recursos que permitan atender los proyectos y actuaciones de la Iniciativa REACT-UE, antes de recibir los recursos de la UE.

En una primera etapa se creó también un fondo para pago a proveedores y existe también un fondo social. En estas cantidades no se incluyen ni el fondo covid, constituido para paliar los efectos de la crisis sanitaria, ni la cantidad recibida del reparto del fondo extraordinario de más de 13.000 millones para las autonomías, incluidos en los Presupuestos del Estado de 2021.