Récord de empleo y de economía sumergida en Alicante

El récord de empleo que se alcanzó en la provincia durante el tercer trimestre también tiene su cara B. El fuerte crecimiento de la actividad tras el parón de la pandemia ha ido acompañado de un considerable incremento de la economía sumergida que, durante el pasado verano, se situó en uno de sus niveles más altos de la última década.

En concreto, si se cruzan los datos de la última Encuesta de Población Activa, que reflejaban la existencia de 870.300 ocupados en la provincia en el tercer trimestre, con los de afiliación media a la Seguridad Social en septiembre -730.102-, el resultado es que alrededor de 140.000 alicantinos trabajaron sin contrato o sin su correspondiente alta de autónomo. Una cifra superior a la que se registraba en la zona habitualmente en esta época antes del covid –que solía oscilar entre las 100.000 y las 130.000- y la segunda mayor de la serie histórica desde 2012, únicamente por detrás de la contabilizada en el verano de 2016, cuando la distancia entre ambas estadísticas alcanzó las 146.000 personas.

Aunque la cifra no puede tomarse al pie de la letra debido a la distinta metodología que emplean –por ejemplo, la EPA recoge la situación de los ocupados por su lugar de residencia y la afiliación refleja donde están contratados, lo que provoca que también haya provincias como Madrid, con más afiliados que ocupados EPA, por los trabajadores que se desplazan a diario desde las provincias limítrofes-, los expertos coinciden en que la diferencia entre ambos indicadores refleja de forma bastante aproximada el volumen de empleo irregular y, sobre todo, la tendencia de la economía sumergida.

Así, por ejemplo, mientras duraron las restricciones vinculadas a la pandemia, el empleo irregular en la provincia llegó a descender hasta las 65.000 personas, según este mismo cruce de datos, para recuperarse rápidamente en el momento en que la actividad volvió a la normalidad, hasta situarse ahora en niveles superiores a los de 2019.

Provincias turísticas

Una evolución que, según el catedrático del departamento de Economía Aplicada de la UA y experto en el mercado laboral Hipólito Simón, «tiene que ver con las características de la estructura económica de la provincia, que la hace más propensa a la presencia de empleo irregular, y con la expansión que se ha producido especialmente en sectores más proclives» a este tipo de prácticas.

En este sentido, lo cierto es que, junto con Alicante, que encabeza esta clasificación, las provincias con mayor volumen de empleo irregular son Valencia, con 105.000 ocupados que no aparecen en las bases de afiliación de la Seguridad Social; Las Palmas, con 59.370; Baleares, con 58.710; Toledo, con 58.450; Cádiz, con 52.600; y Santa Cruz de Tenerife, con 52.050. Con excepción de la provincia castellano-manchega, donde probablemente influya la cercanía de Madrid, se trata en todos los casos de demarcaciones con gran peso del turismo y también de la construcción, dos sectores donde tradicionalmente se ha detectado más economía informal, junto con la agricultura y, en el caso de Alicante, el calzado.

Aun así hay que recordar que hay otras muchas actividades donde el peso de la ocupación irregular es muy elevada en todo el país, como las clases particulares, el empleo doméstico o los cuidadores, por señalar algunos de ellos.

Pero el catedrático de la UA apunta a otros posibles motivos. «También podría ser parcialmente el resultado de la reacción de ciertos empresarios como respuesta a los corsés que se derivan de la reforma laboral en relación con el uso obligatorio por defecto de la contratación indefinida», señala.

Un temor que también expresa la secretaria general de UGT en l’Alacantí y La Marina, Yolanda Díaz, que recuerda los abusos que se llegaban a cometer con los contratos de obra y servicio «con los que se daba de alta y de baja el mismo día al trabajador, o contratos temporales de solo dos horas». «Ahora estos contratos se tienen que justificar, están mucho más controlados y está claro que hay empresarios que han optado por el fraude de ley», se lamenta. Por eso, Díaz insiste en la necesidad de reforzar las plantillas de la Inspección de Trabajo y dotarla de más recursos.

Una reivindicación a la que se suma el responsable de Empleo de CC OO en l’Alacantí-les Marines, José María Ruiz Olmos, que también apunta a la atomización del tejido productivo como otra de las causas del elevado nivel de economía sumergida de la zona. Así, recuerda las dificultades que tienen los sindicatos para acceder a las empresas de menos de seis empleados. Por otro lado, también señala que «la inflación –que vincula al aumento de los beneficios empresariales- está haciendo que más familias necesiten con urgencia un trabajo y no siempre se está en condiciones de rechazar el abuso».

Competencia desleal

Por su parte, la CEV considera «aventurado» asegurar que está creciendo la economía irregular, ya que considera que los datos de EPA y Seguridad Social no son comparables. No obstante, reconoce que «hay factores que pueden estar influyendo al alza, como la inflación y el aumento de los costes financieros en los hogares, la presión fiscal y la rigidez del mercado laboral». Eso sí, recalcan que «ninguno de estos elementos» pueden «justificar» este tipo de comportamientos que, «en todo caso, generan una competencia desleal entre las empresas».

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