El coche eléctrico no arranca: solo el 0,56 % del parque móvil alicantino pertenece a este segmento

El sector del automóvil reclama ayudas al Gobierno para incentivar las compras de este tipo de vehículos, más caros que los de combustión, y un fuerte refuerzo de los puntos de recarga públicos para favorecer la movilidad

Un vehículo elécrico cargando las baterías en una calle de Alicante.

Un vehículo elécrico cargando las baterías en una calle de Alicante. / Pilar Cortés

M. Vilaplana

M. Vilaplana

Los vehículos eléctricos son uno de los puntos principales sobre los que se asientan las políticas que está impulsando la Unión europea (UE) para reducir las emisiones y combatir el cambio climático, pero la realidad es que las ventas continúan siendo del todo residuales. Tanto es así que solo el 0,56 % del parque automovilístico de la provincia de Alicante está compuesto por vehículos de este tipo, lo que supone apenas 6.000 unidades. Los concesionarios de automóviles han levantado la voz de alarma en este sentido, por lo que reclaman ayudas al Gobierno con el objetivo de incentivar las compras, así como un fuerte refuerzo de los puntos de recarga públicos para favorecer la movilidad.

Las cifras son sumamente esclarecedoras. Un informe realizado por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), en base a datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), revela que a finales de 2023 el parque automovilístico de la provincia de Alicante estaba compuesto por 1.069.713 turismos, el 4,2 % del total nacional. Pues bien, de ese total, solo 5.986, es decir, el 0,56 %, eran coches eléctricos puros, lejísimos, por tanto, del 52,21 % de los que funcionan con gasolina o del 46,85 % que lo hacen con gasóleo. En la estadística, asimismo, aparece un 0,36 % de coches que utilizan gas licuado de petróleo, lo que representa 3.832 unidades. Cabe destacar, asimismo, que los vehículos eléctricos censados en la provincia alicantina suponen el 3,6 % del total nacional.

Estos datos, por tanto, ponen en evidencia la escasa penetración en el mercado de este tipo de coches, pese a tratarse de la apuesta de futuro de las autoridades comunitarias y la senda por la que tiene que transitar la industria automovilística. Así se ha puesto de manifiesto esta misma semana en la asamblea celebrada por Faconauto, la patronal nacional de los concesionarios, en la que ese ha sido uno de los asuntos centrales. De hecho, desde este foro ha surgido un llamamiento al Gobierno para que ponga en marcha medidas que cambien la actual deriva que sufre la implantación del vehículo eléctrico en España, cuya cuota de penetración se estancará de nuevo este año.

La presidenta de esta asociación, Marta Blázquez, ha exigido que se tenga en cuenta el interés de un cliente que, subraya, «está confundido, al borde de la apatía, y al que no estamos sabiendo convencer para que se decante por la electrificación».

Es por ello por lo que se han propuesto cuatro ejes de actuación para impulsar las ventas: precios más asequibles, con el cobro de las ayudas al eléctrico en el momento de la compra; un mapa unificado de puntos de recarga; políticas fiscales incentivadoras y muy pegadas al día a día del ciudadano y de las empresas; y que los mensajes que se lancen alrededor del uso privativo del automóvil sean constructivos y no destructivos, como, lamentan los concesionarios, ha ocurrido recientemente con el proyecto de ley de movilidad sostenible.

En parecidos términos se expresa Ruth Candela, gerente de Movilsa, concesionario de Ford en Alicante, quien resalta que «los coches eléctricos siguen siendo más caros que los de combustión, y las ayudas que se ofrecen en España son bastante menores que las que se habilitan en otros países europeos».

Y llama la atención también sobre la necesidad de incrementar los puntos de recarga, sobre la base de que los actuales son totalmente insuficientes. «En estas circunstancias, el vehículo eléctrico solo se está comprando para un uso integral en la ciudad, Si hay que ir más lejos, la gente está apostando por los híbridos».

El aumento de la red de puntos de recarga es, por tanto, una cuestión fundamental, como así resaltaba meses atrás la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que, a través de un estudio, destacaba la necesidad en la provincia de Alicante de pasar de las 700 terminales públicas actuales a 2.900 antes de 2025, lo que supone multiplicarlas por cuatro.