La Inteligencia Artificial abre un nuevo terreno de juego para las autoridades de la competencia. Los sistemas automáticos de seguimiento de precios desbaratan la supervisión convencional de los mercados. Las reglas que establecen la prohibición de pactos entre empresas para fijar precios pueden ser transgredidas con más facilidad de la mano de programas informáticos autónomos diseñados específicamente para fijar precios en función de la competencia.
Los expertos vislumbran ya un recrudecimiento de los conflictos legales, en los que la prueba del delito es cada vez más difícil de lograr. Cuando un cliente compra un producto en una web y especialmente en un marketplace como Amazon, por ejemplo, da al responsable del site información preciosa. «El intermediario no es neutro», recuerda Albert Poch, especializado en reclamaciones contra cárteles empresariales del despacho Redi Abogados. Advierte de que los sistemas de precios variables aplicados en muchos sectores son susceptibles de ser otro foco de conflicto.
Es el caso de servicios de transporte como las aerolíneas, vehículos de alquiler con conductor tipo Uber o empresas de mensajería, por ejemplo, en los que los precios aplicados por un mismo servicio pueden fluctuar en función de sistemas automatizados basados en la relación entre oferta y demanda y los precios aplicados por la competencia. La Inteligencia Artificial y el uso de algoritmos automáticos hace, según Poch, que exista «una colusión potencial con las leyes de la competencia, pero eso es difícil de probar, porque la decisión la toman máquinas y no personas».
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha este año un nuevo sistema de encriptado de denuncias anónimas. El Sistema de Informantes de Competencia Anónimos establece un sistema de recepción de información clave para iniciar investigaciones. Una Unidad de Inteligencia Económica de la CNMC utiliza herramientas de big data para analizar, por ejemplo, la información de la Plataforma de Contratación del Sector Público. En 2021 analizó un total de 23 casos. Para la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, este departamento «es una de las apuestas estratégicas» ya que sitúa al organismo «en sintonía con una sociedad en la que la digitalización y el Big Data son herramientas con las que defender la competencia».
Concursos públicos
La Autoritat Catalana de la Competència también prevé este 2022 que se activen todas las funcionalidades del sistema inteligente para detectar acuerdos de precios en concursos públicos. El bautizado como Ericca (Eina de Recerca Intel·ligent de la Col·lusió en la Contractació Administrativa) deberá mejorar la detección de prácticas anticompetitivas entre licitadores en concursos públicos gracias a la utilización de machine learning.
En el ámbito privado también se prevén demandas contra prácticas anticompetitivas basadas en mecanismos automáticos de fijación de precios que pretenden evitar por cualquier medio la entrada de competidores en mercados con pocas alternativas para los clientes.
