El sector pesquero alicantino: ¿Vientos en contra?

El sector pesquero, más allá de su porcentaje en el PIB, es un sector esencial por su valor estratégico, no solo por su importancia alimentaria en nuestra dieta, sino también por su tradición, arraigo en las poblaciones costeras de la Comunidad Valenciana y en nuestra gastronomía.

El sector pesquero alicantino es el más importante en cuanto a capturas y presencia de toda la Comunidad Valenciana, representando el 58,6% en volumen (Tm) y el 54,2% en valor de las capturas en 2022. Asimismo, cuenta con 13 cofradías de las 21 de la Comunidad. Las cofradías alicantinas, Alicante, Altea, Benidorm, Calp, Dénia, El Campello, Guardamar del Segura, Xàbia, Moraira, Santa Pola, Tabarca, Torrevieja y Villajoyosa, comercializan su pescado en 10 lonjas de las 18 existentes en la Comunidad.

En los últimos años, y concretamente desde 2020 en que comienza a aplicarse en España el Plan Demersal, propuesto por la Unión Europea (UE) para la pesca en el Mediterráneo Occidental, las capturas se han ido reduciendo y, por consiguiente, los ingresos para este sector. Este plan ha afectado principalmente a la flota de arrastre, que es la de mayor peso en algunos de los principales puertos pesqueros del litoral alicantino. La flota de arrastre ha tenido que reducir los días de pesca anuales un 10% en 2020, un 7% en 2021, un 6% en 2022 y un 7% en 2023, lo que implica un esfuerzo pesquero del 30% en el tiempo que llevamos del plan. El plan está previsto para cinco años, de 2020 a 2024, por lo que la gran incertidumbre para el sector es en cuánto se exigirá la reducción para 2024. El reglamento UE habla de una reducción el primer año del 10% y luego de una reducción «by a maximum of 30%» (como máximo un 30%). En referencia a este punto ha habido muchas discusiones con la Comisión, porque ellos dicen que se debe llegar al 40% en total, pero hay Estados miembros que defienden que eso es el máximo a alcanzar, pero no es obligatorio llegar a ese 40%. Este será un punto clave para las negociaciones de cara a 2024, esto es, si se plantea una reducción del 10% o menos para ese año.

Las especies más afectadas por este plan son el salmonete de fango, la gamba roja, la gamba blanca, la merluza y la cigala, que tienen un importante valor monetario porque son especies cotizadas.

Pero este no es el único problema al que se enfrenta el sector pesquero alicantino. Además del sometimiento a una alta reglamentación por parte de las autoridades europeas, españolas y de la propia comunidad autónoma, y no solo para la flota de arrastre sino también para otras modalidades pesqueras (aunque como hemos señalado la de arrastre es la más afectada), el sector pesquero tiene ahora mismo un futuro incierto también por cuestiones diversas que aparece como vientos en contra para su supervivencia y la obtención de rentabilidades admisibles, tanto económicas como sociales.

Por ejemplo, la falta de relevo generacional y las dificultades para encontrar capital humano para trabajar en el sector es un problema importante. A la dureza de las condiciones de trabajo, la escasa presencia de jóvenes y mayores de 55, escasa presencia de mujeres y la inseguridad de la estabilidad de los puestos de trabajo por las reducciones de capturas y de flotas que se ha venido produciendo en los últimos años, se ha unido el problema de los días de paro obligatorio para la flota de arrastre que ha generado mucha incertidumbre entre su personal con el agotamiento de los periodos de paro para sus trabajadores sin ninguna compensación laboral por esta circunstancia. Asimismo, a estas dificultades se unen las titulaciones náutico-pesqueras que se exigen a los trabajadores del sector para poder ejercer profesionalmente a bordo de los buques pesqueros. Muchas veces existen problemas para poder realizar estos cursos o para revalidarlos. No existe oferta pública o es muy escasa y hay que realizar cursos en centros privados.

Otro problema destacable es la comercialización de los productos pesqueros en primera venta en las lonjas de la Comunidad Valenciana, ya que una gran parte de las compras se realiza por parte de grandes mayoristas (entorno a un 72% del volumen de capturas) seguido de grandes distribuidores, Mercadona, Carrefour, etc… (entorno al 12,2%), y después el resto, el canal minorista (10,8%), hoteles, restaurantes y catering, Horeca, (2,1%), otros (2,7%), desconocido 0,3%. Por lo tanto, un rasgo que caracteriza a la primera venta en lonjas es el elevado grado de concentración de la demanda lo que supone un oligopsonio que reduce el precio de esta venta y, por tanto, la rentabilidad del sector sin que esto signifique ventajas para los consumidores y sí mayores márgenes para los grandes compradores.

Esto se suma a la caída de la rentabilidad observable en el sector, ya que en estos últimos años (2017 a 2021) muchas de las empresas pesqueras valencianas han experimentado una reducción en su rentabilidad, ya que son un 34,2% las que han visto caer su rentabilidad en este periodo en un contexto de subida de costes y caídas en los ingresos (reducción de capturas, paros biológicos, reducción del consumo de pescado, entre otras causas). Este hecho es ciertamente preocupante para la sostenibilidad económica del sector y está asociado a múltiples factores.

En cuanto a la flota pesquera alicantina, ésta representa el 46,8% de la flota valenciana, siendo los cinco puertos más importantes en número de buques, y por este orden, Santa Pola, Villajoyosa, Dénia, Calp, Xàbia y Altea. Un problema importante al que se enfrenta en general la flota valenciana es que ha experimentado una reducción de su capacidad tanto en número de buques como en capacidad de bodega y potencia. En el periodo 2006 a 2022 ha pasado de tener 822 a 521 buques, una reducción de un 36,6% de la flota, su capacidad se ha reducido un 34,6% y su potencia un 52,7%. Por otro lado, si bien la antigüedad media de la flota valenciana es de 28 años, inferior a la media nacional (35 años), otra cuestión importante a considerar en el sector a medio plazo es que uno de los objetivos del Pacto Verde Europeo es la transición energética hacia la descarbonización de la flota, lo que supone grandes inversiones para la adquisición de barcos sostenibles energéticamente más eficientes que incorporarán nuevas soluciones tecnológicas e innovaciones. Esto plantea una reflexión sobre la necesidad de abordar una transición en los próximos años que requerirá por un lado aumentar la capacidad y potencia de la flota, ya que la actual Política Pesquera Común la limita, y, por otro lado, se necesitarán nuevos fondos y subvenciones que ayuden al sector a esta transición hacia una flota más sostenible, eficiente y moderna.

Otros problemas que se plantean en el sector son la competencia por las importaciones de pescado fresco de otros países, de menor calidad y frescura y con menor control; la excesiva carga burocrática y dificultades para solicitar ayudas o subvenciones; la reducción en los últimos años de la demanda de pescado, la competencia con la pesca deportiva o recreativa que detrae importantes cantidades de pescado y muchas veces comercializada de forma sumergida; las restricciones o mejor dicho prohibición de la pesca del atún, pez que ha proliferado en nuestras aguas mediterráneas y es un gran depredador; la preocupación por la sostenibilidad de los recursos marinos y, concretamente, el futuro de los caladeros. Por ejemplo, el cambio climático que con el aumento de temperaturas en el Mediterráneo desplaza algunas especies importantes para la pesca y son difíciles de localizar.

Como hemos visto, el sector pesquero tiene ahora mismo un presente y futuro incierto y vientos en contra por muy diversos factores que son de gran complejidad y que se regulan en muchos casos desde instancias supranacionales (UE). Es necesario, por una parte, investigación biológica marina, pero, por otra también, un seguimiento económico del sector para conseguir, como en muchas leyes de pesca se señala, la sostenibilidad de los recursos marinos conjuntamente con la sostenibilidad económica del sector.

Para ello es necesario una coordinación importante de todas las cofradías, con las instituciones públicas pesqueras, en nuestro caso con la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca, y también, con los centros de investigación, universidades que realizan estudios sobre el sector y su relevancia bioeconómica. Es el momento de realizar propuestas de mejora, de plantear soluciones, de comprender al sector y su problemática, a la vez que preservamos, como no puede ser de otro modo, nuestros recursos marinos.

Debemos mejorar su sostenibilidad, no solo de los caladeros y recursos, sino también económica y que a medio plazo se logren vientos a favor para un sector tan importante para la economía azul valenciana, nuestra seguridad alimentaria y la preservación de nuestras tradiciones, la gastronomía y poblaciones pesqueras, que tanto está sufriendo por su supervivencia en los últimos años.