La pandemia ha hecho daño a la prostitución, pero como siempre solo a sus víctimas, a las mujeres prostituidas (que no prostitutas) que necesitan vender su cuerpo para sobrevivir. Las ha hecho más invisibles porque las está condenando ahora a soportar una mayor carga de violencia, física y psíquica, y de precariedad. Las «que hacen la calle» lo han pasado mal, primero por el virus que las confinó y después porque han visto reducido el número de clientes o «puteros», que es como ellas creen que deberían identificarse, que son su única fuente de ingresos. Asociaciones que trabajan en el día a día con estas mujeres, afirman que estos ahora son muchas veces más violentos y exigentes en los servicios que solicitan. Se da la circunstancia de que también han tenido que bajar los precios por la caída de demanda, lo que ha aumentado su vulnerabilidad. Ahora hacen más horas y por tanto su exposición al peligro es mayor. Pero estas víctimas de la sociedad no tienen otra salida, ni paro ni ayudas de ningún tipo, y siguen obligadas a pagar la cuota a la cual les obliga su proxeneta, su «chulo». Es un túnel sin salida. En cambio, aquellas que trabajaban en clubes, en su mayoría explotadas por redes y mafias, siempre según las mismas fuentes, han asistido a ver cómo en los meses más duros del confinamiento se producía el cierre de los negocios. Muchas fueron obligadas a prostituirse entonces en pisos o bien a través de páginas web, pero también en la calle. Siendo un posible foco de contagio y de transmisión de la enfermedad, nadie se ha acordado de ellas más allá de colectivos como Cruz Roja y Oblatas. Con esta nueva situación, se están adaptado a un nuevo escenario aún más desolador, caracterizado por un aumento de la situación de pobreza, ya que sin trabajo no tienen recursos y su deuda con el proxeneta se incrementa, y a verse enfrentadas a más violencia sexual y de su explotación como persona. Nos encontramos con un cambio en el paradigma y, como siempre, a peor.
Según fuentes policiales, la provincia es uno de los destinos de trata más importantes de España y también de Europa. Consecuentemente con ello, también lo es de mafias que se dedican a la explotación sexual de mujeres. Las organizaciones tejen su negocio como si se tratara de una telaraña. Unos engañan a mujeres de sus países de origen prometiéndoles un futuro mejor y trabajos que en nada se parece a lo que va a ser su destino. Les pagan el viaje y, cuando llegan, se encuentran en un país desconocido, les quitan el pasaporte y desde el primer día tienen que comenzar a asumir una deuda por la «factura» de traerlas y darles de comer, vestir y dormir cada día. Tienen que dar gracia por seguir vivas y, además, juegan con el miedo de que, si no cumplen, harán daño a sus familias o les contarán qué hacen realmente en España.
Pero la crisis sanitaria no sólo está teniendo efectos nocivos en este mundo. Está propiciando, afortunadamente, el desmantelamiento de redes de explotación sexual en la provincia. Y esto es así porque la Policía ha incrementado las labores de control e inspección de establecimientos de ocio nocturno en los que se sospecha que existía prostitución. El objetivo de los agentes ahora se ha centrado en velar por el cumplimiento de la normativa antipandemia decretada por las autoridades, lo que está llevando a detectar las condiciones en las que se encuentran estas mujeres y si están siendo víctimas de redes de explotación sexual. De este modo, y como ejemplo, hace algunos días en uno de los muchos controles rutinarios que se están realizando por parte de la Policía Nacional se desarticularon tres redes de explotación sexual. Las autoridades detuvieron a diez personas dedicadas al favorecimiento de la inmigración ilegal que eran obligadas a mantener relaciones sexuales en locales de la provincia. Si esto ocurre en un control diario, ¿qué pasaría si se persiguiera al proxeneta hasta darle caza?.
Desde los colectivos de ayuda a las víctimas de la prostitución recuerdan que estos lugares han vuelto a abrir, tras el periodo de confinamiento, porque obtuvieron en su día licencias que les sirven para camuflar como bares lo que en realidad son hoteles o residencias para citas esporádicas bajo precio. Así se hace muy difícil el poder identificar los lugares donde se lleva a cabo, lo que fomenta esta explotación lucrativa. «Se hace necesaria la creación de un listado de prostíbulos, como hoja de ruta y poder revisar las licencias», explican las mismas fuentes.
Reforma legislativa
El cierre durante tres meses de los prostíbulos, como el del toda la restauración, se ha producido para proteger del virus a los clientes de estos negocios y a los trabajadores, frenando los contagios, pero no para evitar la explotación de mujeres. La prostitución en sí no está prohibida en el Código Penal español, pero sí la explotación y ejercer el proxenetismo.
Asociaciones como Oblatas o Cruz Roja se encargan de asesorar a las mujeres en riesgo de prostitución ya que en muchas ocasiones entra en juego el estigma que pasa por sus cabezas de que la sociedad las va a rechazar. Desde estas entidades sociales aseguran que el cierre de los lugares donde se practica la prostitución no es más que un insignificante paso.
Esclavitud
Esto no hará que desaparezca la situación de exclavitud y vulnerabilidad en la que viven. Entre las alternativas está el ofrecer recursos, herramientas y trabajos, «si las dejamos en la calle estaríamos condenándolas aún más a la marginalidad». La prostitución es una forma más de esclavitud, «hay que pelear para conseguir políticas que sirvan para que todo el mundo tenga un trabajo digno y nadie tenga la necesidad de optar por este camino». La pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad y la violencia hacen que muchas mujeres en situaciones vulnerables sean víctimas propiciatorias de los proxenetas, que les dan «caza», engañándolas, para llevárselas a su terreno. De la misma forma, las asociaciones que asesoran a las mujeres prostituidas reclaman la necesidad de una reforma legislativa para condenar todas las caras que tiene el proxenetismo y dejar de perseguir a la víctima. La crisis sanitaria ha dejado de lado a las mujeres prostituidas, un colectivo que no tiene ningún paraguas legal, ni tampoco gozan de una seguridad sanitaria en su trabajo, pese a ser consideradas como «grupo de riesgo» frente al covid.
Contagios en la Ley del Silencio
La explotación sexual es ahora mismo un foco muy peligroso de contagio. El silencio mutuo entre quien necesita el dinero y quien no tiene escrúpulos por satisfacer sus deseos hace que no se pueda detectar de dónde viene y hacia dónde va la infección. Aquí manda la ley de la discreción del silencio.
Los consumidores de prostitución aprovechan la situación de vulnerabilidad añadida que tienen ahora estas mujeres. Exigen precios más bajos y con el virus como peligro añadido. El perfil del prostituidor es el de una persona casada y con familia. ¿Qué medidas de seguridad son útiles cuando se están teniendo estas relaciones sexuales pagadas? Parece ridículo pensar en que esto este tipo de situaciones se pueden realizar en una situación de alarma sanitaria como la que estamos viviendo. V ROCHE
