El incumplimiento en cinco millones de la regla de gasto previsto inicialmente en la elaboración del presupuesto de 2019, por una mayor ejecución que la que estaba programada y un menor ajuste negativo en las obligaciones pendientes de pago, llevó al equipo de gobierno a elaborar un Plan Económico Financiero para los años 2020 y 2021. Ayer fue aprobado en el pleno municipal correspondiente a septiembre con el rechazo de todos los partidos de la oposición. Supondrá un nuevo recorte para las pedanías, afectando de lleno a la construcción de los centros sociales de Torrellano, El Altet y Arenales del Sol, y a la convocatoria de plazas para cubrir las vacantes de la Policía Local.

«El Ayuntamiento ejecutó cinco millones más de lo previsto en beneficio de la ciudad pero esto es negativo para la Ley de Estabilidad», expuso ante el pleno la edil de Gestión Financiera y Tributaria, Patricia Macià, al presentar un plan que fue elaborado el pasado mes de junio pero que no fue llevado al pleno de julio por la negociación que en aquel momento mantenía abierta la Federación Española de Municipios y Provincias con el Gobierno sobre la regla de gasto.

Este retraso de tres meses en llevar al pleno el Plan Económico Financiero -el ejecutivo local no lo presentó a la espera de un acuerdo en el Congreso que nunca llegó- fue criticado ayer por el concejal del Partido Popular José Navarro. «Lo han presentado tres meses más tarde de lo previsto y por eso les hemos denunciado por mala praxis. Ha sido necesarios recurrir a los tribunales para que cumplan con sus obligaciones y, a pocos días de octubre, tenemos que estar hablando del plan», lamentó el edil.

1,1 millones

Las medidas económicas extraordinarias que se aprobaron ayer obligan a detraer hasta 1,1 millones de diferentes partidas que no se van a poder ejecutar, siendo las más importantes las relacionadas con la construcción de los centros sociales de las pedanías o la Policía Local. Con todo, el equipo de gobierno aún tienen esperanzas depositadas en que se apruebe un real decreto en el Congreso que permita aplicar nuevas medidas fiscales que eviten que el dinero de las arcas municipales tenga que ir a parar a los bancos para la amortización de deuda.

A principios de este mes ya se produjo un rechazo en el Congreso al decreto sobre los remanentes de tesorería de los municipios. Aquel rechazo es el que obligó al equipo de gobierno a presentar el Plan Económico Financiero en el pleno de ayer y provocó una airada reacción por parte del alcalde, Carlos González. El primer edil no dudo en calificar de «irresponsable» al PP al considerar que su actitud suponía «un perjuicio real para Elche al poder contar con menos recursos para afrontar la situación» de crisis social y económica generada por la emergencia sanitaria.

El debate que se produjo en el pleno con respecto a esta cuestión tuvo el trasfondo de la bajada de impuesto que los partidos de la oposición le pidieron la pasada semana al alcalde como condición para aprobar el 30 de octubre el presupuesto del próximo año. «Un Ayuntamiento tiene que salir reforzado de la crisis para crear empleo y ayudar a la ciudadanía. Trabajamos para adjudicar obras y crear puestos de trabajo» expuso la edil Macià como resumen de la postura del bipartito, más reacio que la oposición a bajar impuestos.

«Estamos aquí para velar por los intereses de los ilicitanos y ustedes no pueden eximir su responsabilidad cuando su partido está en el Gobierno», fue la réplica de Navarro, mientras que la responsable de Hacienda cerró el debate apelando de nuevo a la importancia de que salga adelante en el Congreso el real decreto que flexibilice la regla de gasto para que no se produzca «un descalabro municipal de enormes dimensiones en todo el país» y pidiendo «al senador que está en Madrid que hable con sus compañeros, si tanto quiere a Elche», en un dardo lanzado contra el popular Pablo Ruz.

LLANOS TRIGUEROS INAUGURA EL NUEVO REGLAMENTO


La edil del PP interviene en la sesión de forma telemática por su reciente maternidad tras el acuerdo de julio


Los portavoces del Ayuntamiento de Elche acordaron por unanimidad a finales del pasado mes de julio que los concejales puedan participar en la actividad política y las votaciones en los plenos municipales de manera telemática. La medida se aplicó por primera vez en la historia de la ciudad en el pleno celebrado ayer, con el Centro de Congresos como escenario por la pandemia, con el protagonismo de la edil del Partido Popular Llanos Trigueros, quien siguió la sesión gracias a la tecnología después de haber sido madre recientemente de dos bebés.

La iniciativa está amparada en el nuevo reglamento de la Generalitat Valenciana, concretamente en su artículo 81, que se encarga de regular esta circunstancia y tiene la intención de favorecer la conciliación familiar respetando los permisos de paternidad y maternidad. «Esta medida representa la voluntad municipal de favorecer el derecho a la participación política y la conciliación familiar», asegura el alcalde, Carlos González, sobre una medida que también intenta ser consecuente con las situaciones de enfermedad de larga duración que impiden a los políticos ejercer su derecho de participación, por lo que se permite su intervención mediante el sistema de videoconferencias. Antes de que comenzara el pleno, el alcalde tuvo unas palabras afectuosas hacia la edil Trigueros, como hicieron el resto de concejales durante sus intervenciones.