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Los dueños de El Progreso sopesan edificar tras la fachada protegida dejando un pasillo

El Ayuntamiento blindará del derribo el frontal de la antigua sala de venta de agua, apuntalado desde 2018, para acatar una sentencia que deja la resolución del conflicto con pocas salidas

La fachada del edificio de El Progreso está apuntalada desde 2018 en la plaza de la Constitución, en pleno centro de Elche MATÍAS SEGARRA

El Ayuntamiento de Elche incluirá la fachada de Nuevos Riegos El Progreso en el catálogo de edificios protegidos con el fin de blindarla de futuros derribos y los dueños del edificio se plantean construir detrás dejando un pasillo. El equipo de gobierno tiene que acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que obligó en noviembre pasado a la Administración local y a los dueños a salvaguardar parte del inmueble que empezaron a tirar abajo en 2018 para construir oficinas o viviendas, puesto que carece de protección alguna.

Esta «operación», que ha sido consensuada con los propietarios en los últimos meses y con la Conselleria de Cultura, deja muy pocas opciones de construir en este punto de la Plaza de la Constitución, aunque todo dependerá del grado de protección que finalmente que se le otorgue al frontal de la antigua sala de venta de agua. Lo más probable es que si los dueños quieren seguir adelante con sus planes, tengan que levantar el nuevo edificio, alineado con el resto, y detrás de la fachada que será protegida dejando un pasillo entre medias. Una opción que ya sopesan. Ante esta alternativa, los responsables del edificio han visto conveniente que el mantenimiento de la fachada sea de competencia municipal, una vez sea protegida. Y es que, la otra posibilidad que ya han estado estudiando ambas partes es desmontar la delantera de El Progreso y reconstruirla a la misma altura que el resto de edificios de la calle. Sin embargo, se trata de una opción que han visto muy complicada desde el punto de vista urbanístico y también muy costosa.

Dar solución a este conflicto ha sido una de las primeras prioridades que el equipo de gobierno asegura que hará realidad en este curso político, tal y como prometió el alcalde, Carlos González esta misma semana.

La edil de Urbanismo, Ana Arabid, aseguró que han sido numerosas las reuniones que han mantenido en los últimos meses con los dueños para zanjar «cuanto antes» el problema del apuntalamiento y el bloqueo que sufre el inmueble centenario en pleno centro de la ciudad.

Por ello, lo que está dispuesto a hacer el Ayuntamiento es adelantarse a la revisión del catálogo de edificios protegidos que está tramitándose para reclamar a la Conselleria una modificación puntual del documento con tal de acelerar los tiempos y lograr que se proteja la fachada.

La idea del departamento municipal es proponer a Cultura, que tiene la última palabra, distintos grados de protección y varias alternativas para el inmueble para hacer compatible la salvaguarda de la fachada con el Plan General de Ordenación Urbana.

Interés arquitectónico

Precisamente, el pasado año el TSJCV dictó que el Ayuntamiento debía «contemplar otras soluciones alternativas de protección parcial de la fachada, que se justificarán mediante informe técnico, dado el reseñado interés arquitectónico y de relevancia de Memoria Histórica».

Asimismo, la sentencia hizo referencia al «interés patrimonial y de interés local del edificio, por la composición de su fachada y por el uso que ha tenido a lo largo de los más de 100 años transcurridos desde su construcción, vinculado a la generalización de regadío en el campo».

Además, la arquitecta de la Generalitat dijo entonces que aunque el inmueble centenario se encuentre fuera de la alineación del resto de edificios, éste no era motivo para su derribo.

Ana Arabid: «Antes de que acabe el año queremos tener el documento»

La edil de Urbanismo, Ana Arabid, aseguró que este año su departamento espera tener al menos el documento inicial para proteger la fachada de El Progreso y zanjar así un entuerto que ha generado a sus promotores. El conflicto por este céntrico edificio que fue una antigua sala donde se subastaba el agua estalló hace tres años cuando los dueños, en mitad del derribo de la vieja construcción, se encontraron con que la Conselleria de Cultura ordenó paralizar todos los trabajos de demolición. El Ayuntamiento había concedido a la propiedad todos los permisos, años atrás, para derribar y construir un nuevo inmueble que carece de protección.

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