PP y PSOE se enzarzaron ayer en un nuevo cruce de acusaciones a cuenta de una concejal que tiene el sueldo embargado por deudas. El requerimiento que un juzgado de Elche ha realizado a través del Boletín Oficial del Estado a la edil socialista Puri Vives por no poder localizarla ha sido utilizado por los populares para responsabilizar al equipo de gobierno de «encubrir a una edil incapacitada para gestionar dinero público». Y eso le sirvió al PSOE para cerrar horas después filas con su compañera y para acusar al PP de hacer un uso partidista de la situación privada la concejal.
El portavoz adjunto del principal partido de la oposición, José Navarro, fue el que compareció este martes para dar a conocer el edicto judicial dirigido a la concejala de Transparencia. Una notificación pública que llegó en agosto y que según los populares no es la única. «Hay cola de acreedores para pedirle que se ponga al día con sus deudas», dijo José Navarro. En concreto, cifran en más de 300.000 euros la cantidad que debe.
«El problema de esto es que el gobierno municipal de Carlos González está encubriendo esta situación, encubriendo a una concejal que huye de la Justicia y acreedores para que no le puedan exigir el pago de sus deudas, encubriendo a una persona que siempre le ha cubierto la sombra de la sospecha en su forma de actuar», afirmó José Navarro.
La notificación judicial a Puri Vives sirvió al PP para recordar que en 2015 ya dimitió por que su marido tenía una empresa sin licencia y ella dabas las aperturas «como concejal en definitiva, encubriendo a una persona que necesita de la política para vivir», dijo Navarro.
Ante esta circunstancia, el PP aprovechó también para seguir cuestionando la credibilidad del ejecutivo local. ¿Con qué cara exige el alcalde que cumplamos con nuestras obligaciones tributarias cuando una edil suya tiene el sueldo público embargado por no cumplir con sus obligaciones? Es la pregunta que lanzó el portavoz adjunto popular.
Avalista
Cuatro horas más tarde, el grupo municipal socialista hizo público un comunicado para respaldar a Vives, como ya hiciera en 2019 cuando trascendió que un juzgado le había embargado parte del sueldo, donde advirtió se «trata de una cuestión estrictamente personal que nada tiene que ver con su actividad pública».
El PSOE descartó que esta vez se haya producido novedad significativa alguna y explicó que la edil de Transparencia asume la responsabilidad de avalista de una tercera persona, adquirida con anterioridad a su etapa de concejala y que, en consecuencia, no tiene relación alguna con su actividad municipal.
Asimismo, los socialistas garantizaron que Puri Vives está haciendo frente con sus bienes a la responsabilidad patrimonial adquirida como consecuencia de su condición de avalista, cumpliendo mensualmente con sus obligaciones económicas y legales.
Según el PSOE, todos los meses se da cuenta al pleno de la Corporación municipal de los decretos a través de los que se materializa el embargo de la parte correspondiente de sus retribuciones. Una información que, tal y como dijo el grupo municipal socialista, está mensualmente a disposición de todos los miembros de la corporación municipal, en la Secretaría General.
Con todo ello, el PSOE negó haber ocultado información al respecto, como dijo el PP.
