El documento urbanístico más importante de la ciudad, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se cocina a fuego lento en el Ayuntamiento de Elche, tal vez, muy lento. Por mucho que se empeñen en prometer todos elecciones tras elecciones la revisión de este plan que determinará el futuro del municipio y por muchos trabajos previos que se pongan en marcha, como lo ha hecho el actual equipo de gobierno, a estas alturas del mandato pocos confían ya en que antes de los próximos comicios locales Elche logre actualizar un plan que tiene ya 23 años.
Ni el sector profesional ni siquiera el propio equipo de gobierno ve probable que en 2023 la ciudad pueda contar con el documento definitivo que servirá para resolver problemas urbanos, la desclasificación de suelo, la rehabilitación de edificios, la integración de infraestructuras estratégicas hasta la mejora del servicio de las pedanías o el desarrollo industrial. Tampoco el ejecutivo local da garantías de poder tener listo el documento de inicio antes de la próxima campaña por la magnitud del trabajo que entraña este texto urbanístico que sobrepasa a los funcionarios municipales. Para la edil de Urbanismo, Ana Arabid, esto es una aspiración, pero esquiva dar plazos concretos y asegura que están trabajando para que sea una realidad «lo antes posible».
Una prueba del lento ritmo al que avanza la elaboración del PGOU es que en enero finalizó la consulta pública que el bipartito puso en marcha (porque era obligatoria por ley) para contar con las aportaciones de ciudadanos, asociaciones y profesionales y nueve meses después, el departamento municipal no ha podido todavía darles respuesta.
Tampoco hay una fecha clara en el horizonte sobre cuándo contestarán las decenas (cifran en medio centenar) de sugerencias recogidas para configurar el plan.
Para ello, Urbanismo tiene que estudiarlas, ver cuáles son viables y elaborar un informe-respuesta. Y su concejala responsable promete que la sala de máquinas de su departamento «está a pleno rendimiento» y para poner «pronto» una fecha para celebrar una nueva comisión de seguimiento del Plan General, organismo que el ejecutivo local puso en marcha en 2017, en el que están integrados representantes de los grupos políticos municipales y técnicos del departamento de Urbanismo para rendir cuentas sobre en qué fase está la revisión del PGOU.
«Estamos ante un instrumento legal extremadamente complejo que va a marcar el futuro de la ciudad y esto lleva su tiempo», justifica Ana Arabid. Consciente de que los avances son más lentos de los deseados, la edil del área alude a la carga de trabajo que tiene la Concejalía de Urbanismo en estos momentos. Apunta, como ejemplo, a los veinte sectores urbanísticos que están en trámites ahora mismo para desarrollarse y a circunstancias sobrevenidas por la pandemia. La justificación de Urbanismo es que tienen que compatibilizar la gestión diaria con la elaboración de un reivindicado documento que desde el equipo de gobierno reconocen que se está haciendo «sin prisa, pero sin pausa».
De sobra es conocido que precisamente en esta concejalía, como tantas otras, escasea el personal, aunque se ha visto reforzado en los últimos meses. Si bien, el alcalde, Carlos González, dijo al constituir la primera comisión sobre el plan, hace cuatro años, que se llevaría a cabo con medios municipales, «porque hemos valorado su gran valía profesional y la garantía de la defensa del interés general». Sea como sea, lo único claro es que hay veinte meses por delante, antes de que acabe el actual mandato político, para ver lo que les da tiempo a hacer. Y mucho tendrían que correr, como dicen en los mentideros municipales, para contar por lo menos con la «primera piedra» del Plan General que es el documento inicial.
Por ahora, lo que ha conseguido el equipo de gobierno es pulsar la opinión de arquitectos, urbanistas y abogados en varios encuentros y elaborar un texto con las líneas generales de cómo será el nuevo PGOU para poder hacer la consulta pública. Mientras tanto, el Ayuntamiento se ve obligado a hacer cada año un sinfín de modificaciones del plan vigente para nuevas construcciones, la última y más polémica, para consolidar el mercado provisional en la ladera del río.