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Vox es el único partido que ha presentado enmiendas a las ordenanzas fiscales

La formación pide flexibilizar el acceso a las bonificaciones para llegar a más vecinos y propone incentivar con un 50% a los mayores deportistas

El edil de Vox durante una de sus intervenciones en un pleno municipal reciente. | ANTONIO AMORÓS

La modificación de doce ordenanzas fiscales para el próximo año que aprobó el equipo de gobierno en el pleno, y que afectan prácticamente a la redacción de los artículos sin mayor trascendencia, se han encontrado con un solo partido de la oposición, Vox, partidario de bajar los impuestos que ha presentado enmiendas para reclamar que flexibilicen los criterios de las bonificaciones con tal de que lleguen a más ciudadanos.

Entre otras cuestiones, ha pedido al ejecutivo local rebajar a la mitad el precio que pagan los mayores de 65 años por el uso de instalaciones deportivas, pistas y piscinas, al igual que ya hace el Ayuntamiento con estas edades en espacios culturales. La formación liderada por Aurora Rodil y Juan Antonio Alberdi entiende que el bonificarles para ver museos y excluirles para hacer deporte, es discriminatorio, con lo que ven fundamental que dicho colectivo acceda a la máxima bonificación.

Frente a la decisión municipal de perdonarles la tasa a la hostelería y a los mercadillos ambulantes por ocupar la vía pública en el primer semestre de 2022, Vox ha reivindicado que esa exención sea del año completo.

Otro de sus reclamos pasa por suavizar los criterios para que empresas de construcción accedan a las bonificaciones del Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO). Aunque el equipo de gobierno ya bonifica a mercantiles instaladas en el municipio Vox ha pedido flexibilizar más a aquellas que demuestren una reducción de su volumen de trabajo en los años 2020 y 2021 de más del 50% y la obra consista en una ampliación de la sede o centro de trabajo con aumento de personal.

Para Vox, las rebajas que promueve el Ayuntamiento están pensadas para grandes empresas promotoras, que son las únicas que pueden optar, a poder aumentar entre 50 y 200 trabajadores. Según Alberdi, los que realmente tienen necesidades de recibir ayudas, son los pequeños promotores, comunidades de vecinos y particulares, que quieran realizar rehabilitaciones a nivel particular o comunitario.

En esta línea, mientras PSOE y Compromís han decidido mejorar la bonificación del (Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para impulsar la instalación de las energías solares en las viviendas, Vox ha alegado para que el Ayuntamiento pueda hacer un anticipo de la subvención del 50% del tributo de los tres años siguientes a la instalación de un sistema de aprovechamiento eléctrico de energía solar, a los particulares y PYMES que lo soliciten, para que las empresas instaladoras lo reciban al término de la instalación .

También ha pedido Vox al ejecutivo local es que amplíe de 2 a 5 minutos el tiempo máximo de estacionamiento antes de ser sancionado desde que el ticket del parquímetro ha vencido, aprovechando que han modificado el texto de la ordenanza para incluir el pago por medios telemáticos, como el teléfono móvil.

Otra de las alegaciones de Vox ha sido para modificar la tasa por los servicios urbanísticos para que, entre otras cosas, en caso de reforma o rehabilitación de parte de la fachada, como el caso de un arreglo de frente de balconera o vuelo de la fachada, se compute la dimensión de dicho elemento, no de la totalidad de la fachada del edificio.

Las otras cuentas que siembran dudas sobre la gestión económica

Las cuentas municipales de 2020 y las de 2021 han hecho que Vox siembre dudas sobre la gestión económica del Ayuntamiento. Una de las cuestiones que el partido ha afeado al equipo de gobierno públicamente, la última vez en el pleno, ha sido que el pasado año se dejaran 583.000 euros de subvenciones sin gastar o que en junio de este año no habían concedido la ayuda a Cáritas y Cruz Roja, entre otros, ni tampoco la aportación a la Policía Local para los chalecos antibalas. También quiso Vox aclarar por qué el Ayuntamiento como Elche, que presume de buena salud económica, paga en un año 110.000 euros por intereses de demora.

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