El secretario municipal ha ratificado en su informe que el contrato para realizar las exhumaciones del Cementerio Viejo tendría que haber salido a concurso público. Este es solo uno de los errores que cometió el equipo de gobierno al permitir que durante dos meses una empresa trabajara, sin firmar ninguna relación contractual con el Ayuntamiento, en el camposanto para buscar a represaliados del franquismo. El ejecutivo local hizo público este jueves el informe del funcionario municipal que encargó el alcalde, Carlos González, para esclarecer la polémica, un escrito en el que se descartan responsabilidades administrativas, penales y perjuicio económico, pero sí que se confirma que hubo una «irregularidad administrativa».
El fedatario público desvela que sí que debería haber salido a licitación el contrato, que se gestionó como procedimiento menor pidiendo únicamente presupuesto a tres empresas y que éste debería haberse tramitado por el área de Contratación que es la que tenía las competencias para esto.
«No resultaba tampoco correcta la calificación inicial del contrato como de obras, realizada en un inicio por el arqueólogo municipal, sino que, puesto que los trabajos son de naturaleza mixta, de obras y servicios, siendo que los importes de las actuaciones como servicios eran superiores a los de las actuaciones de naturaleza de obras, conforme a lo establecido en la norma y así mismo en la jurisprudencia, el contrato debía considerarse de servicios; lo que, a su vez, por razón del importe, superior a los 15.000 euros, conllevaba su licitación mediante un procedimiento abierto», sostiene el secretario municipal. Se tramitó como contrato de obras, «sin tener en cuenta el carácter polisémico de la palabra obras y tampoco que los trabajos conllevan diferentes actividades, de obra y de servicios, siendo por tanto de naturaleza mixta, y resultando que las actuaciones de servicio en este caso son de superior importe a las de obra», explica el secretario.
Sin embargo, esta equivocación, es consecuencia de otra más que los responsables municipales no habían precisado. El fedatario detecta un error existente en la redacción de las Bases de Ejecución del Presupuesto, que conllevó una equivocada tramitación también en ese extremo, puesto que ese tipo de contratos no están delegados en la concejala de Cultura, sino en el área de Contratación, en manos de Héctor Díez, al que la oposición le pidió comparecer en el pleno la semana pasada para esclarecer si él tuvo algo que ver en el error. Y que al inicio del mandato se repartieron las competencias de cada área y a la dirigida por Marga Antón le permitieron hacerse cargo de contratos menores de suministros y servicios.
De cualquier manera, estos fallos no son los únicos que se cometieron, sino que hubo, como ya dijo el primer edil una concatenación de errores que motivaron que no se formalizara el contrato. El secretario los enumera. En primer lugar se refiere a que el conjunto de todo estuvo inducido e influido por la convocatoria de subvención que realizó el Consell con fecha 23 de diciembre de 2020, que obligaba a tener los trabajos realizados y justificados el 2 de noviembre de 2022.
Asimismo, hace referencia a que el arqueólogo municipal confunde la autorización de la conselleria a las obras con que podían comenzar. Igualmente apunta a que el fallo a la hora de tramitar la obra como contrato menor y el error en la redacción de las Bases de Ejecución del Presupuesto «han resultado determinantes para que el expediente de contratación no se sustanciara y los trabajos resultaran acometidos por la empresa sin contrato».
Concluye que la falta de experiencia de los técnicos que se vieron involucrados en el proceso, recientemente contratados; la premura para realizar las obras para no perder la subvención y los errores en el documento que define las competencias de cada concejal fueron las causas de una «irregularidad administrativa que no se debía de haber cometido».