El PP ha pedido al equipo de gobierno una reunión con el arqueólogo municipal expedientado por las exhumaciones para conocer su versión porque no se cree que sea el funcionario el único que ha cometido errores en este procedimiento que se saldó con unas obras ejecutadas dos meses sin contrato. Los populares, que siguen manteniendo su postura de ir a los tribunales porque entienden que el Ayuntamiento ha podido cometer un delito, insisten en depurar responsabilidades políticas.
El vicesecretario de Comunicación, Sergio Rodríguez, ha insistido en que la concejala de Cultura, Marga Antón, tendría que haber supervisado el expediente de esas obras desde el momento en el que solicitaron la subvención a la Conselleria de Cultura. Un expediente que redactó el arqueólogo municipal en el que incluyó como equipo técnico para elaborar el proyecto a profesionales que estaban vinculados a la empresa que acabó adjudicando la actuación.
Por esto, que destapó Vox, partido que también recurrirá a los juzgados, el primer edil decidió abrir un expediente al arqueólogo, pero los populares, que recuerdan que fueron ellos los que sacaron a la luz la ausencia del contrato, insisten en que PSOE y Compromís han señalado al funcionario «como víctima para exculpar Marga Antón de toda responsabilidad, un ejercicio de cobardía política que avergüenza a esta institución que es el Ayuntamiento de Elche», señaló Sergio Rodríguez. Para los populares, esta última anomalía, que ha motivado que los socialistas abran una nueva investigación, responde a dos cosas: «O no se leen los documentos o es que se había urdido un plan».
Según el PP, González «está desbordado por la situación y por querer mantener en el cargo a su concejal». El vicesecretario de Comunicación también reprochó al alcalde socialista no darse cuenta de «la crisis de gobierno ya la tiene encima, una crisis provocada desde el momento en que Antón ejecutó unas obras sin contrato, una crisis provocada desde el momento que no paralizó las obras desde que conoció que no podían ejecutarse, una crisis que Antón agravó cuando mintió de manera descarada a los medios de comunicación, a la oposición y a todos los ilicitanos».
En mitad de esta polémica, desde el PP volvieron a acusar al equipo de gobierno de estar entorpeciendo la labor de fiscalización y de investigación de la oposición al entregarles documentos «en los que se oculta la firma y la fecha del arqueólogo».
