Justicia. María José Picó nació en 1962 y a su hermana melliza se la arrebataron a sus padres, que vivían en Elche y no entendían por qué había que dar a luz en Alicante. A la progenitora le dijeron que su otra hija había muerto «heladita de frío» y al padre, que enterrara una caja. En 2011 se enteraron de que les habían robado a su ser querido.
«Después de estos diez años de lucha intensa te sientes un poco decepcionada a veces, por el resultado de toda las campañas y el trabajo a diario que se hace y ves que no hay resultados que ayuden a avanzar». La que habla es María José Picó, hermana de uno de los conocidos como «bebés robados» de la época del Franquismo, una práctica que incluso se prolongó hasta los 80, e hija de Francisca Robles, vecina de Elche quien un 28 de marzo de 1962 daba a luz en el Hospital General de Alicante a dos mellizas. Ella misma estaba extrañada de que su ginecólogo la hubiera enviado a dar a luz allí, en lugar de atenderlas en su clínica en Elche, que es lo que hacía habitualmente.
Tras el alumbramiento, periodo que recordaba con mucho aturdimiento, las niñas fueron trasladadas a una sala nido, a la que los padres no tenían acceso. Unas 40 horas después, de madrugada, una monja, desde el umbral de la puerta de la habitación, informó a Francisca de que una de las niñas había fallecido. Le dijo que se había muerto «heladita de frío».
Al día siguiente, cuando llegó su marido Antonio, un hombre de bata blanca les dio la noticia del fallecimiento de una de sus hijas. Los padres pidieron ver el cadáver de la pequeña, pero en el hospital les indicaron que eso era imposible y les instaron a hacerse con una caja para depositar los restos. Así lo hizo Antonio, pensando que era lo habitual en un caso como este, y un rato después le devolvieron la cajita cerrada con clavos y le dijeron que tenía que enterrarla en la fosa común de neonatos del Cementerio de Alicante, a pesar de que ellos eran ilicitanos. Antonio nunca vio a su hija, ni viva ni muerta.
No hubo explicaciones, solo órdenes, en un tiempo, el del Franquismo, en que no en que no se podía hacer preguntas. Y con esa pena y con tantos interrogantes vivieron durante décadas Francisca y Antonio y también María José, la hija que sí pudieron llevar a casa.
Fue en 2011 cuando el entonces presidente de la asociación pionera en la denuncia del robo de bebés salió en televisión explicando su caso. Y los Picó entendieron que, muy posiblemente, ellos también habían sido víctimas de esta trama.
Investigación compleja
María José inició entonces una investigación en la que las irregularidades no hicieron más que crecer: la partida de nacimiento (en su caso como legajo de aborto) no existía. En el Registro Civil indicaron que todos los legajos anteriores a 1978 habían desaparecido. En el Hospital General de Alicante no había constancia de que Francisca hubiera dado luz allí. Y en cuanto a la licencia de enterramiento del cementerio, en el lugar en que debería aparecer el nombre del médico que certificaba la defunción de la niña estaba escrito el nombre del padre de María José.
Ella consiguió seguir adelante con el proceso y en enero de 2012 se procedió a la exhumación, un proceso en el que se encontró la caja comprada por su padre y restos humanos. Como preveían, los restos no correspondían a la niña, pues las pruebas de ADN descartaron una relación biológica de estos con la familia Picó.
Finalmente, en julio de 2013, el fiscal archivó el caso por no encontrar pruebas para la acusación, ya que alegaron que el hospital entregó a Antonio la cajita con el supuesto cuerpo de la niña dentro y él fue testigo del enterramiento. Indicaron que el único responsable era el cementerio y que, al no vivir ningún enterrador de esa época, no se podían buscar culpables.
Esta terrible historia, como muchas otras similares, no merece ser olvidada y así fue narrada tal cual en el último pleno por la edil de Compromís Esther Díez, una infamia que, como la de miles de casos en España, sigue pendiente de restituir y que supone un llamamiento directo a nuestras conciencias.
400 familias en la Comunidad
Son cifras aproximadas pero prácticamente se da por seguro que al menos 120 bebés fueron robados en la provincia de Alicante, unos 400 en la Comunidad.
María José Pico es fundadora y presidenta de la Asociación de Víctimas de Alicante: Bebés Robados y Adopciones Irregulares (AVA). Ella es solo una de las 400 familias en la Comunidad que luchan para que no se pase página en ningún sentido.
En 2018 se inició el trámite parlamentario para impulsar la Ley de Bebés Robados en el Estado Español, tras la aprobación por unanimidad de la proposición de ley. Pero decayó por la convocatoria de elecciones. En 2020 la mayoría del Congreso, excepto Vox, aprobó la toma en consideración de la proposición de ley, pero desde entonces el trámite ha quedado atascado en la Comisión de Justicia, donde ya se han ampliado más de una treintena de veces los plazos para la presentación de enmiendas.
«La fuerza la sacamos de las ganas de encontrar la verdad y evidentemente de encontrar a tu ser querido. Y saber que siempre se puede seguir, aunque te lo pongan difícil», manifiesta María José. Con respecto a los políticos, la asociación asegura que siente su comprensión y su apoyo por nuestra lucha, pero «necesitamos avances ya».
Y eso sí, tiene muy clara una cosa: «Todos los que estamos en la asociación nunca nos vamos a rendir y nunca nos vamos a cansar de buscarlos».
