Un edificio de seis alturas (más planta baja) detrás de la antigua fachada de El Progreso y, en medio de ambos, un pasillo de cuatro metros de ancho que formará parte de la vía pública y permitirá a la gente pasar. Es la solución que ha anunciado el equipo de gobierno para desbloquear al cabo de cuatro años el apuntalamiento del inmueble centenario situado en pleno centro de la ciudad. El inmueble de nueva construcción podrá tener dos plantas más de altura, como los contiguos, y estará alineado con el que hay a su derecha, el que tiene un bar debajo. Esta determinación llega después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana obligara (TSJCV) a proteger y, por lo tanto, a blindar del derribo el frontal de la antigua sala de venta de agua, una demolición que sus propietarios estaban dispuestos a realizar en 2018.
La edil de Urbanismo, Ana Arabid, anunció este jueves la opción que se le va a dar a los dueños con los que aseguró haber consensuado la propuesta, además de con la Conselleria de Cultura. La administración autonómica fue la que abogó desde que paralizó los trabajos de derribo por mantener la fachada en pie en base a su interés arquitectónico. Y ahora, después de todo este tiempo buscando una solución, la junta de gobierno acordará este viernes iniciar los trámites encaminados a resolver el bloqueo que sufre este inmueble.
En primer lugar, iniciarán el expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en concreto la ficha 25 del Catálogo de Edificios Protegidos para incluir la fachada del edificio recayente en la Plaza de la Constitución 17, así como otros elementos de la fachada interior al patio y el propio patio del edificio, preservando así los valores arquitectónicos y de memoria histórica.
Según Arabid, la protección de esta estancia implica una pérdida de edificabilidad, por lo que se propone también modificar el artículo 45 de la normativa del PGOU con el objeto de permitir dos plantas más en inmuebles protegidos en el casco antiguo y ensanche en las que se den estas circunstancias.
En tercer lugar, se iniciará la tramitación del estudio de detalle del Área de Reparto 39, de la manzana en la que se encuentra el edificio, con el objeto de definir el volumen de la edificación a construir. De este modo, la fachada pasará a ser propiedad municipal, con protección ambiental y su mantenimiento correrá a cargo del Ayuntamiento, pero el del patio interior que tiene el edificio, según la edil de Urbanismo, correrá a cargo de la propiedad.
Los trámites que se inician a partir de este viernes son competencia municipal, aunque sí que requerirán previamente el informe favorable de la Conselleria de Cultura, algo que a priori no supondría ningún impedimento, puesto que el Ayuntamiento y la administración autonómica han consensuado esta solución, tal y como dijo Ana Arabid. A partir de ahí, una vez que los dueños pidan la licencia de obra y ésta se le conceda, habría que hacer antes de nada las obligadas catas arqueológicas para la demolición y construcción del nuevo edificio.
Interés arquitectónico
Hace dos años, el TSJCV dictó que el Ayuntamiento debía «contemplar otras soluciones alternativas de protección parcial de la fachada, que se justificarán mediante informe técnico, dado el reseñado interés arquitectónico y de relevancia de Memoria Histórica». Asimismo, la sentencia hizo referencia al «interés patrimonial y de interés local del edificio, por la composición de su fachada y por el uso que ha tenido a lo largo de los más de 100 años transcurridos desde su construcción, vinculado a la generalización de regadío en el campo».
