La edil de Cultura del Ayuntamiento de Elche, Marga Antón, ha declarado hoy en el juzgado como investigada por las exhumaciones realizadas sin contrato en el Cementerio Viejo, entre otros errores administrativos que rodearon estos trabajos y que fueron resumidas en un informe del secretario municipal, quien descartó responsabilidad penal pero advirtió que la actuación debió de licitarse y no ofrecerse a tres empresas. La edil socialista ha llegado a la Ciudad de la Justicia respaldada por el portavoz adjunto del grupo municipal, Ramón Abad, y por la edil de Gestión Tributaria y portavoz de la dirección provincial del PSOE. Antón no ha querido contestar al abogado de la acusación particular, que representa al Partido Popular, una de las dos formaciones (la otra fue Vox) que denunciaron las supuestas irregularidades.
El caso de las exhumaciones generó una gran tormenta política a finales del pasado año cuando El PP destapó que durante dos meses se habían llevado a cabo unas obras en el camposanto para hallar a represaliados del franquismo sin contrato entre el Ayuntamiento y la empresa. Los populares pidieron la dimisión de la concejala en varias ocasiones y el 16 de diciembre presentaron la demanda. El juzgado de Instrucción número 2 de Elche investiga a la edil por un presunto delito de prevaricación administrativa.
El portavoz del PSOE, Héctor Díez, ha expresado esta mañana la "tranquilidad y serenidad" de su grupo ante este proceso judicial y se ha mostrado convencido de que esto es "el trámite final para poder acabar con esta cuestión". Ha señalado que "va a acabar bien y lo antes posible", además de recalcar la "total disposición a colaborar con la justicia". El representante socialista ha asegurado haber trasladado el informe del secretario municipal y el expediente completo al juzgado y ha defendido la "máxima transparencia" que han seguido con este asunto convocando a la junta de portavoces y compareciendo la edil de Cultura en el pleno y él como edil de Contratación.
A partir de ahora, el juez tendrá que decidir si hubo responsabilidades políticas sobre este asunto y en caso de que decidiera abrir juicio oral, la concejala socialista sí que se vería envuelta en un problema mayor, porque el código ético del partido contempla que debería de dimitir si se llegara a este punto.
El Partido Popular, que está personado en la causa, ha vuelto a pedir tras la citación de Marga Antón su dimisión. Su secretario general Sergio Rodríguez ha valorado la declaración ante la juez y ha asegurado que la concejala se ha declarado hoy "auto incompetente al no tener conocimientos del área que gestiona, declarando ante la juez que no lee los contratos que le ponen encima de la mesa y culpando de todo lo ocurrido a los funcionarios municipales". Según el PP, Antón ha entrado en "innumerables contradicciones quedando de manifiesto que durante todo este tiempo ha estado mintiendo a los ilicitanos, a la prensa y a la oposición. El sectarismo de la concejal llega hasta tal punto que se ha negado a contestar a todas las preguntas que el abogado del Partido Popular le ha realizado ¿es así como entiende la colaboración con la justicia? ¿es esta la forma que entiende Antón de aclarar todas las irregularidades?”, ha dicho Rodríguez.
Hace una semana el Ayuntamiento acabó abriendo un expediente disciplinario al arqueólogo municipal por las exhumaciones. No por la ausencia del contrato en unas obras que duraron dos meses antes de que fueran paralizadas, sino porque el funcionario contó en el proyecto para pedir la subvención con técnicos de la empresa a la que después adjudicó la obra. El trabajador municipal se enfrenta ahora a tres consecuencias, según ha explicado el edil de Recursos Humanos, Ramón Abad. Desde un apercibimiento, a una suspensión de empleo y sueldo si se considera que la falta fue leve, hasta, si se determinara que fuera grave, una retirada del nombramiento de interino.
Así lo ha resuelto el expediente de información reservada que se vio forzado a abrir el equipo de gobierno al recién contratado arqueólogo tras destapar Vox que cuando el funcionario pidió la subvención a la Conselleria de Cultura para las exhumaciones que aparecían como «equipo de trabajo» los nombres y apellidos de los profesionales que formaban parte de la empresa que más tarde acabaría siendo la elegida para hacer la actuación.
