Lluvia de críticas de la oposición y colectivos por la supresión del examen de valenciano en las oposiciones de Elche

«Vinimos a la política a no dar ni una batalla por perdida y luchar contra el sectarismo lingüístico imperante en cualquiera de sus formas era uno de nuestros objetivo». Así ha definido Vox la medida que ha puesto en marcha junto a sus socios de gobierno para suprimir el examen de valenciano en las oposiciones del Ayuntamiento de Elche. «Seguimos cumpliendo con nuestro programa electoral, sin miedo a nada ni a nadie», fue otra de las frases que dejó el grupo municipal liderado por Aurora Rodil a través de las redes sociales.

La medida anunciada por el equipo de gobierno de Pablo Ruz esta semana ha generado reacciones de todo tipo, tanto a nivel particular, como a nivel colectivo. Asociaciones valencianistas como El Tempir y la oposición han criticado duramente la eliminación de una prueba que era obligatoria desde el año 2005, fruto de un consenso político y sindical, para optar a una plaza de funcionario en la Administración local ilicitana, pero que no era eliminatoria, es decir, quien suspendía no se quedaba excluido del proceso selectivo, sino que se quedaba sin obtener hasta un punto.

Además, el sindicato Comisiones Obreras que se abstuvo, junto a UGT y CSIF a la hora de votar la propuesta municipal, pidió este miércoles cambiar el sentido de su voto y rechazar la propuesta por un "error" de su portavoz, que durante la mesa de negociación había defendido puntuar más el valenciano que otras lenguas.

El edil de Recursos Humanos, José Navarro (PP), anunció este martes la eliminación del examen de la lengua cooficial de la Comunidad Valenciana «en aras al principio de igualdad para que todos los españoles que lo deseen puedan presentarse a las plazas que se ofertan». El edil aseguró que «ahora mismo no constituye una exigencia legal que las oposiciones para acceder a la función pública se deba de realizar este ejercicio» y que por lo tanto el valenciano se valorará como un mérito, como ocurre con el resto de los idiomas, en lugar de como un requisito.

Frente a ello, L’Associació Cívica per la Llengua El Tempir ha llamado a PP y Vox «grandes vendedores de humo» y los ha acusado de querer enfrentar. El colectivo advirtió que «nunca el valenciano ha sido un requisito en las oposiciones municipales. Ni ahora ni con el anterior equipo de gobierno» porque el equipo de gobierno «ha eliminado de la fase de oposición una prueba de valenciano que era adicional, pero no eliminatoria, que existía con anterioridad». La asociación añadió que el Ayuntamiento está obligado a atender los ciudadanos en valenciano por el Reglamento de Normalización Lingüística municipal.

El Tempir lamentó que el equipo de gobierno actual «se radicaliza y va en contra de la libertad de expresión por no garantizar la igualdad entre valencianoparlantes y castellanoparlantes a la hora de ser atendidos en el Ayuntamiento. Crean ciudadanos de segunda». También tachó la asociación de «error grave» la abstención de los sindicatos con representación en la junta de personal en lugar de votar en contra.

Por su parte, el Sindicato Independiente, el único que votó a favor de la medida, salió en defensa del valenciano pero se mostró a favor de que se valore como un mérito en pro de la objetividad del diploma de la junta cualificadora. También aseguró que la puntuación del mérito estará relacionada con el puesto y no será inferior a la que ahora mismo se contempla en las bases.

Oposición

El PSOE ve un «paso atrás» esta decisión en «cuanto a la riqueza del lenguaje que hay en esta ciudad». La edil socialista, Patricia Maciá, sostiene que «es la lengua que hablan nuestros padres, abuelos y la que hablan en el Camp d’Elx o el Misteri» y ha señalado que «se va en detrimento de riqueza cultural». Los socialistas mostraron su incomprensión porque en las oposiciones del Ayuntamiento de Elche «era un requisito que no decidía» .

Compromís considera «una lástima que justifiquen un principio de igualdad y no defiendan el derecho a la ciudadanía a ser atendida en valenciano que es algo que debería poder garantizarse en las administraciones públicas para que las personas valenciano parlantes puedan ver cubierto ese derecho». Esther Díez ha tildado de «desfasado» el planteamiento del PP porque «intenta generar una confrontación con las lenguas en una ciudad donde se convive perfectamente con el bilingüismo y con una lengua que debería de ser un elemento de orgullo y de protección en lugar de una herramienta con la que el PP intenta dividir e invisibilizar de todos los modos posibles».