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El Gobierno aprueba un plan para cerrar en un año los pozos sobreexplotados del Vinalopó

La Confederación Hidrográfica del Júcar saca adelante su propuesta con el rechazo de los regantes y la negativa de la Conselleria de Agricultura a votar

El Gobierno aprueba un plan para cerrar en un año los pozos sobreexplotados del Vinalopó

Los miembros de la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han votado mayoritariamente a favor de declarar en riesgo seis masas de agua subterráneas del Vinalopó. Una medida que afecta a los acuíferos de Villena-Benejama, Peñarrubia y de las sierras del Reclot, Castellar, Salinas y Crevillent, y que podría llevar aparejado el cierre de una decena de pozos a partir de 2021. Un año de plazo que es, precisamente, el tiempo fijado para poner en marcha un plan destinado a reordenar los recursos hídricos de los que depende el abastecimiento de 1.500.000 habitantes y el riego de 90.000 hectáreas de cultivos de las comarcas del Alto, Medio y Baix Vinalopó, l'Alacantí y Marina Baixa.

La finalidad del acuerdo alcanzado ayer en el Jardín Botánico de Valencià es preservar los sobreexplotados sondeos del Vinalopó, antes de que sus aguas pierdan calidad y ya no sean aptas ni para el consumo humano ni para el regadío. Todas las partes comparten esta necesidad pero los agricultores y alcaldes de las comarcas afectadas quieren garantías por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la CHJ, de que sus municipios recibirán una aportación estable de agua del trasvase del Júcar-Vinalopó a un precio razonable. Ese es el punto de inflexión por el que la Conselleria de Agricultura prefirió acogerse a su derecho a no votar. A pesar de ello la consellera Mireia Mollà defendió en la reunión la urgencia de analizar el problema y aportar soluciones antes de que la situación sea irreversible. Todo ello hizo que los representantes de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de La Marina Baixa se quedaran prácticamente solos al votar en contra de una decisión que recurrirán ante la Unión Europea, sin descartar acudir también a los tribunales frente a una medida que consideran el fin de un ciclo. El Gobierno central inició en 2005 esta etapa con el cambio de la toma del trasvase del Júcar-Vinalopó de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa.

«Círculo vicioso»

«Lo que hemos aprobado no significa que mañana o dentro de un año se vayan a cerrar los pozos sin más. Afirmar algo así es crear alarmismo sin fundamento alguno. Lo que hemos hecho hoy- por ayer- es romper un círculo vicioso que estaba poniendo en peligro los aprovechamientos de regadío y los abastecimientos de agua potable a las poblaciones y que, además, estaba propiciando un deterioro ambiental de difícil retorno», indicó a este diario el presidente de la CHJ al finalizar la reunión subrayando que «el agua que no se extraiga de los pozos se sustituirá con agua del Júcar o de las desalinizadoras». Para Manuel Alcalde «lo que hemos aprobado implica poner en funcionamiento planes viables, desde el punto de vista económico y social, para aportar agua del trasvase y de las desalinizadoras al sistema Vinalopó-Alacantí». En este sentido ha garantizado que las actuaciones concretas sobre la procedencia, el uso y el destino del agua deberán ser consensuadas con los usuarios y ajustadas al Plan Hidrológico. «Había que poner una fecha y se ha puesto. En un año las medidas tendrán que someterse a su aprobación para garantizar la supervivencia de los acuíferos del Vinalopó», insiste Alcalde.

Respecto a la firma del convenio regulador de las aguas del trasvase del Júcar, que según denuncia la Junta de Usuarios lleva años bloqueado en Madrid, asegura el presidente de la Confederación que la transferencia de caudales podría estar funcionando desde 2012. «Si no se ha hecho antes ha sido por el rechazo de los regantes a alcanzar un acuerdo respecto al precio del agua y la repercusión del coste de la inversión del trasvase», afirma Alcalde recordando que en julio de 2019 la empresa pública Acuamed propuso a los agricultores un precio de 29,50 céntimos el metro cúbico de agua para riego, quedándose la repercusión del coste de la inversión en una cantidad inferior al 20%. Para él es un «precio asequible» pero la Junta Central de Usuarios lleva tiempo advirtiendo de que pagar más de 25 céntimos por metro cúbico sería llevar a la ruina a los agricultores del Vinalopó y l'Alacantí.

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