El descenso a la cuarta categoría del fútbol español, tal y como se preveía, lleva aparejado un grave problema de liquidez para la propiedad del Hércules. La intención de Juan Carlos Ramírez de desvincularse del día a día de la entidad como socio capitalista –irreversible si Enrique Ortiz no le pide lo contrario–, deja en una situación muy comprometida al constructor, obligado a encontrar un sustituto fiable a su último compañero de viaje para hacer frente a los más de 3,5 millones de euros que cuesta poner a competir al equipo en la Segunda División RFEF con una mínima garantía.
La cuentas de la entidad revelan que solo en gastos fijos, los de mantenimiento de las instalaciones, las nóminas de los trabajadores, las amortizaciones de deuda o el pago de impuestos supera el millón de euros. Abrir el estadio genera un gasto de 205.000 euros. En esa cifra integral no se incluye el sostenimiento del fútbol base, cifrado en 237.000 euros.
A ese monto luego hay que añadir lo que vale sostener al primer equipo a través del pago de sus fichas y sus cotizaciones a la Seguridad Social, el alquiler de los campos de entrenamiento por carecer de ellos o, en su defecto, los 75.000 euros que conlleva mantener operativas las instalaciones de Fontcalent si finalmente se abren para el próximo curso. Y aún faltaría incluir en el capítulo de inversión fija los desplazamientos del conjunto blanquiazul durante la Liga (que supone un gasto que ronda los 100.000 euros), los salarios del cuerpo técnico, de quienes se ocupan del primer equipo y los responsables del fútbol formativo, y el gasto médico, uno de los principales quebraderos de cabeza esta temporada y que, después de todo lo sufrido, resulta evidente que precisa de un incremento sustancial para adecuarlo a las necesidades reales de un proyecto que aspira, en teoría, a estar en la parte alta de la clasificación.
Ramírez no quiere seguir, siente que su tiempo en el Hércules ha pasado, que no tiene mucho más que aportarle a la consecución de los objetivos deportivos. También está dispuesto a deshacerse de su paquete accionarial, que volverá a crecer el 30 de junio cuando se ejecute la ampliación de capital, si las condiciones que fija con su todavía socio en el Hércules satisfacen a las dos partes. Si Ortiz no le encuentra un recambio al exdueño de Toyota en Alicante, tendrá dos opciones: hallar la fórmula mágica para rebajar el gasto (dato que únicamente puede salir de la inversión en la plantilla) o correr él solo con los más de 3,5 millones que valdrá crear un proyecto ganador el curso que viene.
Si a estas cifras se le agregan las de las obligaciones concursales, que empiezan a ejecutarse en junio de 2022 y son inaplazables para evitar que el juez inste a la liquidación de la SAD y, además, rondan el millón de euros cada vez, hacen que la propiedad únicamente se plantee sentarse a escuchar a inversores solventes. El anonimato que insisten en salvaguardar la persona o personas que supuestamente están detrás de la única oferta real de la que tiene constancia el club (y que es de dos euros a cambio del 89% de las acciones) no dan ninguna garantía a los dueños de los títulos, que solo accederían a iniciar un diálogo si quienes quieren quedárselos dan la cara. El parón institucional complica el futuro deportivo del Hércules... otra vez.
