El imán egipcio Hesham Shashaa –alias Abu Adam–, detenido por yihadismo por la Policía Nacional en abril de 2017 en Teulada, salió el martes en libertad provisional de prisión tras acordarlo así la Audiencia Nacional. El excarcelamiento de Shashaa se ha producido apenas cuatro días después de que quedara visto para sentencia el juicio celebrado durante dos semanas en la Sección Primera de la Audiencia Nacional.
La sentencia aún no ha sido hecha pública por la Sección Primera de la Audiencia Nacional, pero el hecho de que se haya acordado su excarcelamiento puede responder a que el fallo será absolutorio o condenatorio pero a una pena bastante inferior a los 9 años de cárcel que pedía inicialmente la Fiscalía, de forma que ya habría cumplido la mayor parte de la condena por el tiempo que lleva en prisión preventiva.
La fiscal del caso mantuvo en la última sesión del juicio su petición inicial de nueve años de prisión por difundir el yihadismo en mezquitas y posibilitar en la provincia alicantina refugio, lugar de tránsito y una base de operaciones para combatientes retornados de las zonas de conflicto de Siria e Irak, que podrían atentar en España y en otros países europeos.
Sin embargo, planteó como alternativas una condena a siete años de prisión por un delito de captación y adoctrinamiento pasivo terrorista o a una pena de cuatro años de cárcel en el caso de que se le considere autor de un delito de adoctrinamiento terrorista.
Si el fallo no es absolutorio, todo apunta a que la condena podría ser la de cuatro años por adoctrinamiento terrorista, de ahí que la Audiencia Nacional acordase el pasado martes su puesta en libertad provisional al llevar recluido tres años y cinco meses desde que ordenó su ingreso en prisión el juez Eloy Velasco. Shashaa ha podido regresar al lujoso chalé que compró en Teulada Moraira, pero la Audiencia Nacional le ha impuesto varias medidas cautelares, como la retirada de pasaporte y prohibición de salir del país y una comparecencia una vez al mes en el juzgado.
El egipcio Shashaa mantuvo en el juicio su declaración de inocencia y, además de negar que se estableciera en 2011 en la provincia de Alicante para crear una red yihadista, aseguró que su labor como imán en múltiples mezquitas españolas y en redes sociales fue de rechazo al terrorismo para «evitar que se repitiera un 11-M».
El imán mantuvo en la vista oral que su labor era la de desradicalizar a jóvenes islamistas, aunque su hijo mayor declaró en la vista oral lo contrario, que su padre defiende el yihadismo y que incluso le envió en 2011 a Pakistán siendo menor para formarse con combatientes que cometieron atentados terroristas en Afganistán.
Este hijo aseguró asimismo que su padre introdujo en Europa a personas retornadas de la zona de conflicto y les dio apoyo logístico.
Sin embargo, una hija del imán acusó a su hermano de mentir y aseguró que antes del juicio pidió un millón de euros para no declarar contra su padre.
Los investigadores de la Policía Nacional mantuvieron en el juicio que el acusado quería controlar las comunidades islámicas de la zona y que su imagen afable y diplomática «era una pantalla para no levantar sospechas» de su radicalidad yihadista. Por contra, dos funcionarios de prisiones y un guardia civil aseguraron que Shashaa ha desradicalizado a presos tras su encarcelamiento y que ha colaborado en la lucha contra el terrorismo yihadista.
