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El juicio de las basuras de Calp arranca con peticiones de nulidad

Las defensas plantean a la Audiencia que invalide las escuchas que partieron del caso Brugal y que los delitos estarían ya prescritos

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Las defensas en el proceso de las basuras de Calp piden la nulidad de la causa Alex Domínguez

A la segunda fue la vencida. El juicio por el presunto fraude de las basuras de Calp, una pieza separada del llamado caso Brugal, arrancó este lunes en la Audiencia de Alicante, tras haber tenido que suspenderse el pasado enero a causa de la pandemia. Las peticiones de nulidad por parte de las defensas marcaron la primera jornada de la vista oral que no se va a reanudar hasta el próximo 19 de octubre con el interrogatorio de los ocho acusados. Sus letrados cargaron en esta sesión contra la instrucción judicial y pidieron la nulidad de toda la causa. Desde las escuchas telefónicas en las que se basó el proceso, hasta los autos de registro en la empresa de Ángel Fenoll, uno de los principales procesados de este caso. El tribunal ha avisado que su decisión sobre estas cuestiones previas se producirá en el momento de dictar sentencia, hecho que produjo las protestas de las defensas que querían un pronunciamiento antes. La Audiencia juzga un presunto fraude de más de cuatro millones a las arcas del Ayuntamiento de Calp a través de facturas infladas del pesaje de las basuras que entraban en el vertedero, irregularidades ante las que las autoridades municipales habrían consentido a cambio de comisiones. Entre los acusados está el empresario Ángel Fenoll y su hijo, adjudicatarios de la planta y principales investigados en el caso Brugal; el exalcalde de Calp, Javier Morató (PP); el exedil y exdiputado provincial Juan Roselló, su mujer Amparo Femenía y su cuñado Francisco Artacho; el también exedil Fernando Penella; y el técnico Juan Cervantes. Las defensas esgrimieron la sentencia dictada en Elche que anulaba las escuchas en la pieza de la que partió el caso Brugal para reclamar su aplicación a esta causa. En aquella causa se investigaba una presunta trama de sobornos en la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela. Algunos letrados introdujeron en el caso de Calp, un nuevo motivo de posible nulidad: que todo está prescrito, ya que los hechos se remontan a 1998, fecha en la que se firmó el contrato. Según sus argumentos, hasta el año 2014 no hubo ni una sola resolución motivada que concretara qué hechos se atribuían a cada acusado. Se les imputa delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. El abogado de Ángel Fenoll, Mariano Bo, quiso adentrarse en toda la historia de las presuntas irregularidades de las escuchas de Brugal, pero el magistrado que presidía el tribunal Francisco Javier Guirau le cortaba para pedir concreción y que estaba repitiendo cosas que ya decía en su escrito de defensa. Bo aseguró que en la causa de Brugal «se ha indagado en toda la vida personal de Ángel Fenoll» y que buena parte de las pesquisas han sido prospectivas, abriendo una causa general en la que se investigaba a todo el que tuviera relación con él. Asimismo aseguró que hay causas en la vía contencioso administrativa relativas a la adjudicación aun pendientes de resolución y que el juicio debería aplazarse hasta que esos órganos se pronuncien. Por su parte, Enrique Botella, defensa de Morató, incidió en que «en esta causa da la sensación de que todo vale, con tal de seguir investigando». El letrado aseguró que a estas alturas del proceso aun no sabía de qué se acusaba a su representando, subrayando que al final de la instrucción la Fiscalía llegó a pedir el archivo del caso para él, aunque posteriormente cambió de criterio. «Morató ha llegado hasta aquí porque cuando se puso fin a la instrucción solo le acusaba el grupo socialista que ejercía la acción popular y que hoy ya no está en este procedimiento», aseguró. Manuel Roura, defensa de Amparo Femenia y Fernando Penella, criticó que no se le permitiera aportar documentación sobre la situación patrimonial de sus clientes.

La réplica de la Fiscalía

Desde la Fiscalía se defendió la legalidad de la investigación e insistió en que «no se han vulnerado los derechos de defensa de nadie». Aunque estuvieron los dos fiscales, Felipe Briones y Pablo Romero, este último fue quien intervino en la vista. El Ministerio Público ha recordado que aunque en Elche las escuchas se anularon, esa decisión no tiene por qué condicionar al tribunal ya que aquella sentencia se ha recurrido al Supremo y en otras salas se han dictado resoluciones que sí las han validado. El tribunal está compuesto por los magistrados Javier Guirau, José Luis de la Fuente y María Cristina Costa. Esta última ha intervenido en dos juicios que han validado las escuchas de Brugal, uno de ellas el del PGOU que, aunque no consideraba probados los hechos de acusación, las consideraba válidas. Desde el Ministerio Público se descartó que los hechos hayan prescrito, insistiendo en que los hechos se producen entre los años 1998 a 2012, insistiendo en que los delitos son conexos. Desde la acusación particular, se insistió en que el Ayuntamiento presentó una querella en el juzgado que partía de un procedimiento administrativo y que nada tenía que ver con las escuchas.

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