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Fenoll y los políticos acusados por las basuras de Calp se niegan a responder a Anticorrupción

El exdiputado Juan Roselló atribuye su patrimonio a la actividad de su empresa y a sus sueldos como cargo público, y niega haber cobrado comisiones de Fenoll - El técnico de la contrata declara que llevaba años alertando de irregularidades

Juicio a los principales acusados del caso de las basuras de Calp

Cuatro de los ocho acusados por la trama de las basuras de Calp se acogieron a su derecho a no declarar y guardaron silencio en el juicio por un presunto fraude de doce millones de euros a este Ayuntamiento a través de pesajes inflados de la basura que entraba en el vertedero. El juicio por esta pieza separada del caso Brugal arrancó este martes en la Audiencia Provincial con el interrogatorio de todos los encausados. Entre los que guardaron silencio se encontraban el empresario Ángel Fenoll y el que fuera alcalde del municipio durante el periodo investigado, Javier Morató. Otros tres acusados sí que declararon, entre ellos el exdiputado provincial Juan Roselló y el exedil de Hacienda de Calp Fernando Penella, pero solo respondieron a sus abogados para negar las irregularidades. El único acusado que declaró a todas las partes fue el técnico responsable de la concesión municipal, Juan Cervantes, que aseguró que desde el año 2003 realizó varios informes alertando de irregularidades en el funcionamiento de la planta. En virtud de la contrata, la corporación pagaba a la mercantil de Fenoll por cada tonelada de residuos que entraba en el vertedero. La Fiscalía acusa a los responsables municipales de cobrar mordidas del empresario a cambio de permitirle incrementar fraudulentamente el número de basuras ingresadas en la planta, irregularidades que se habrían cometido entre 1999 y 2012. En concreto, Anticorrupción acusa al exdiputado provincial y exconcejal de Calp Juan Roselló, a su esposa Amparo Femenía de haber blanqueado 208.000 euros del dinero entregado por Fenoll en la compra de viviendas, fi ncas y automóviles (dos Renault Laguna); mientras que al cuñado de Roselló, Francisco Artacho, se le considera cooperador necesario de los presuntos cohechos y el intermediario en el cobro de las mordidas. Mientras que Femenía y Artacho optaron por guardar silencio, Roselló sí que quiso responder para rechazar las acusaciones pero solo a su abogado. «Todo es falso», dijo al inicio de su declaración, que estuvo centrada en justificar el origen de su patrimonio. Según dijo, ni tuvo intervención alguna en la adjudicación del contrato a Colsur, ni percibió comisiones de Ángel Fenoll. «Solo fui a la planta el día de la inauguración», dijo para desvincularse del empresario.

Compra de fincas

Según manifestó entre los años 2000 y 2010, sus ingresos anuales rozaban los 160.000 euros debido a las retribuciones percibidas por sus cargos en la Diputación, entre los que se encontraban el Creama, Proaguas, el Patronato de Turismo y el Consorcio de Bomberos, así como las asistencias a plenos. Mientras que su empresa, Viajes Romar llegó a facturar un total de ocho millones de euros durante esa década. La mercantil se dedicaba al alquiler vacacional y al cambio de moneda, justificando la adquisición de inmuebles y fincas en esa actividad profesional en la que llevaba 36 años. Roselló aseguró que solo con la CAM llegó a tener hasta 48 préstamos y que «ninguno de ellos se ha quedado sin pagar». «Tuve mi propia empresa a los 16 años. A mi los bancos me prestaban, porque sabían que yo siempre devolvía. En cuanto a la adquisición de los Renault Laguna, los enmarcó en la necesidad de contar con un coche para sus desplazamientos a la Diputación. Roselló recalcó que ni ha tenido inspecciones de la Agencia Tributaria, ni sanciones. Desde la defensa se incidió en que parte de las adquisiciones que se atribuyen a Roselló son erróneas y que llegan a confundir los euros con pesetas. Pero el primero en abrir la ronda de declaraciones fue el empresario Ángel Fenoll, que se acogió a su derecho a no contestar al fiscal, ni a su propia defensa. Sí declaró el hijo del industrial de la Vega Baja, Antonio Ángel, pero solo a su abogado y para recalcar que él era un mero empleado en las empresas de su padre y que no tenía ninguna capacidad de decisión.

Se escudan en los técnicos

Otro de los que se acogió a su derecho a no responder a ninguna pregunta fue el que fuera la primera autoridad de Calp, Javier Morató. El que tuviera las responsabilidades de Hacienda durante la etapa de Morató, Fernando Penella, también se desvinculó de las cantidades abonadas a Fenoll por el Ayuntamiento. «Yo no emitía los cheques, era la Tesorería tras recibir el visto de bueno de la Intervención», aseguró. El exedil señaló, a preguntas de su defensa, que todo tenía el visado de su departamento y «nunca se pagó nada que tuviera reparos de la intervención», aunque explicó que él nunca tuvo competencias en materia de basuras, ni el controlar que los pesajes que se facturaban al Ayuntamiento eran los correctos. El único de los acusados que sí que declaró este martes, incluso a las preguntas de la Fiscalía y del resto de los letrados, fue el técnico responsable de la contrata, Juan Cervantes. La Fiscalía atribuye a su falta de control, dando por buenas todas las certificaciones que se le presentaban desde Colsur, el que pudieran cometerse las presuntas irregularidades. Cervantes aseguró que él sí controló y que desde el año 2003 había llegado a emitir varios informes alertando de irregularidades en el funcionamiento de la contrata y que incluso llegó a sugerir que hubiera un sistema de vigilancia en la plata por parte del Ayuntamiento. Cervantes achacó a la falta medios el descontrol en el funcionamiento de la contrata, ya que tenía asumidos otros servicios municipales como la recogida de basuras, la limpieza urbana, la ORA y el servicio de abastecimiento de aguas.

Facturación excesiva

El técnico señaló que hizo varios informes advirtiendo de que el pesaje era excesivo, ya que gasto debía ajustarse a una ratio de un kilo y medio de basuras por habitante y día. La Fiscalía considera que el exceso de facturación se fue incrementando de forma paulatina desde la asunción de responsabilidades por este técnico, de forma que en 2002 el exceso de facturación fue de 177.036 euros; en 2003, 237.467; hasta alcanzar , 2.704.531 euros en 2009. El técnico atribuyó esas cantidades a un aumento de las basuras que llegaban a la planta para que trataran, algunas de ellas fuera del contrato. «El contrato solo era para residuos sólidos urbanos, pero allí se llevaba de todo», dijo. Restos de podas, enseres, algas, neumáticos... Señalando a la empresa concesionaria de la recogida de basuras, como a los funcionarios de los servicios técnicos municipales. «Más que una planta de transferencia, aquello era ya un vertedero», dijo. Cervantes señaló que él no comprobó nunca las básculas pero que alertó de la situación tanto al equipo de gobierno del PP, como a los socialistas cuando accedieron a la Alcaldía hasta la moción de censura. Ante el silencio de algunos de los acusados, la Fiscalía pidió que fueran leídas las declaraciones prestadas en su día en el juzgado. Aunque en el caso de Fenoll se pide otra comparecencia en otra causa de Brugal. Algunas de las defensas rechazaron esta petición y la sala no se pronunciará sobre ellas hasta el final de todas las declaraciones en el juicio.

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