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La Policía sobre las basuras de Calp: «Fenoll pagó comisiones de 100 millones de pesetas»

El instructor del atestado da cuenta al tribunal de las reuniones entre el empresario de Orihuela, adjudicatario de la planta de residuos, y un cuñado del exdiputado Roselló, y relata cómo las mordidas «salían» de la manipulación de la báscula

De izda. a dcha. el empresario Ángel Fenoll, el exdiputado provincial Juan Roselló, el exalcalde de Calp Javier Morató y Francisco Artacho, cuñado de Roselló. | ALEX DOMÍNGUEZ

Seis cintas de vídeo y una de audio datadas en 1998 y localizadas en una caja fuerte del domicilio de Ángel Fenoll pusieron a la Policía sobre la pista del pago de hasta cien millones de las antiguas pesetas en mordidas por parte del empresario oriolano a cargos públicos de Calp, municipio en el que se había hecho con la contrata de la planta de residuos. Así comenzó este jueves el relato del inspector de la Policía Nacional que instruyó el expediente de esta pieza desgajada del caso Brugal, la denominada basuras de Calp, ante el tribunal de la Audiencia de Alicante que la está juzgando.

Junto a Fenoll y a su hijo se sientan en el banquillo el exalcalde de Calp Javier Morató (PP); el exedil y exdiputado provincial por el mismo partido Juan Roselló; su mujer, Amparo Femenía; su cuñado Francisco Artacho, el también exedil Fernando Penella y el técnico Juan Cervantes. Se les imputan delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.

El tribunal de la sección Segunda formado por los magistrados Javier Guirau, Cristina Costa y José Luis de la Fuente intenta aclarar si se cometió un fraude de más de cuatro millones de euros a las arcas del Ayuntamiento de Calp a través de facturas infladas del pesaje de las basuras que entraban en la planta de Fenoll, irregularidades que habrían contado con el beneplácito de las autoridades municipales acusadas a cambio de comisiones.

A preguntas de los fiscales Anticorrupción Felipe Briones y Pablo Romero, el inspector concretó que en los vídeos grabados en las oficinas de Colsur , la empresa de Fenoll, aparecían reuniones del empresario y su hijo con el cuñado del diputado Roselló, y que en ellas se hablaba abiertamente de un acuerdo por el que Fenoll se comprometía a pagar cien millones de las antiguas pesetas a los representantes públicos a cambio de la adjudicación y de hacer la vista gorda en el pesaje de los camiones de basura que llegaban a su planta.

Según aseguró el inspector que aparece en las grabaciones, con la planta adjudicada (por unanimidad de todos los miembros de la Corporación pese a no ser la propuesta más barata) pero antes de que se pusiera en marcha, Fenoll ya había entregado 14 millones, cuatro de ellos a Artacho, el cuñado de Roselló y considerado por los investigadores el intermediario de la trama.

Además de esa cantidad, el empresario de Orihuela (que en estos momentos está siendo juzgado por irregularidades en la adjudicación de un macro vertedero en la Vega Baja y, en Murcia, por enterrar basuras en suelo agrícola) se habría comprometido a aportar otros 20 millones, a razón de cuatro al año, para el patrocinio del club de fútbol de la localidad y 500.000 pesetas más para los técnicos.

«Fenoll estaba muy interesado en que la planta se pusiera en funcionamiento cuanto antes porque la forma que tenía para abonar las cantidades pactadas era mediante el sobreprecio obtenido por la manipulación de la báscula para que registrara más peso del que realmente entraba», concretó el investigador. En los vídeos Artacho llega a referirse de una forma muy gráfica al sistema ideado como a «jugar con la báscula», preció. La comparativa entre el peso de la basura recocida por el servicio de limpieza y el que después registraba la planta de Fenoll podía oscilar entre las 30.000 y las 70.000 toneladas al año.

Entre las irregularidades que detalló el agente estaba también la de incluir entre los residuos urbanos las algas, de las que se encargaba la concesionaria de la limpieza de las playas, y «mejor mojadas para que pesaran el doble». Un «manual de la corrupción que al final acaban pagando los ciudadanos porque el empresario solo adelanta el dinero que luego lo repercute en el servicio», puntualizó el policía.

Anticorrupción cifra en 4,2 millones el perjuicio total causado a las arcas municipales durante los más de doce años que duró el contrato. Tras el cambio en la Alcaldía y la denuncia del entonces nuevo regidor Ximo Tur , el Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular en este proceso, dejó de abonar 7,6 millones a Colsur ante las sospecha de que se estaba cometiendo un fraude.

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