El sistema actual de protección animal actual resulta insuficiente. Hace unos días nos enterábamos del terrible maltrato que sufrió Timple, un perrito que vagaba abandonado en el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote, el cual fue amordazado y maltratado hasta su muerte. Los responsables únicamente recibieron el reproche de la justicia, por la comisión de un delito de maltrato animal con resultado de muerte, de la pena de cuatro meses de prisión que ha sido suspendida.
También hemos conocido el caso de Grisito, un gato perteneciente a una colonia controlada maltratado hasta la muerte por varios jóvenes en Manacor.
Ambos casos, como muchos otros no tan conocidos, ponen de relieve la condena unánime por parte de la sociedad al maltrato a los animales algo que choca de pleno con el ridículo reproche penal que reciben los autores de dichas atrocidades.
Además, el caso de Timple pone sobre la mesa la problemática que generan numerosos ayuntamientos en nuestro país que no cumplen con sus obligaciones de recogida y mantenimiento de los animales perdidos y abandonados de sus municipios.
La problemática que sale a la luz como consecuencia de hechos tan atroces como los mencionados, se viene traduciendo no sólo en movimientos ciudadanos y de profesionales que buscan un endurecimiento de las penas por delitos de maltrato animal, sino en la efectiva ejecución de dichas penas frente al beneficio de la suspensión, y la efectiva instrucción de los procesos penales que permita sancionar convenientemente a los responsables de tales barbaries.
Todas estas carencias deben encontrar respuesta más pronto que tarde que se traduzca en leyes más justas y efectivas que garanticen la protección integral de los animales, su correcta aplicación y unos operadores jurídicos que trabajen de forma efectiva y coordinada en aras de garantizar los derechos de los animales.
