Pablo Iglesias dio este martes un paso atrás al anunciar su retirada de la política. El exlíder morado deja todos sus cargos y ahora tendrá que buscar una nueva ocupación, alejada de la arena pública. "Desde el verano trabajaba con Yolanda Díaz el relevo, porque ella tiene un papel más positivo que el mío y es algo que nos podría llevar lejos. Estábamos trabajando en un relevo que se tuvo que acelerar con las elecciones", admitía la semana pasada, y ahora los 'tempos' se han acelerado. Iglesias, que siempre ha dicho que la política "no es una profesión eterna", tiene pensado volver a dar clases en la universidad y hacer un proyecto de "periodismo crítico".
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Aunque su idea era aguantar un poco más, los resultados del 4-M han acelerado su decisión. "Después ya lo he dicho, daré clases de política y retomaré lo que hacía antes de estar en Podemos con La Tuerka y otros programas", decía cuando aún veía lejos su salida.
Pensión como expolítico
Además, según la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981, en su artículo 10, número 5, norma primera, los miembros del Gobierno que cesen en sus funciones “tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente en que se produzca el cese, y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de veinticuatro mensualidades una pensión indemnizatoria mensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas”.
Así, teniendo en cuenta que el sueldo de un vicepresidente del Gobierno, según recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2021, es de 79.746,24 euros, Iglesias tiene derecho a cobrar ahora 5.316,42 euros al mes durante un año y dos meses, el tiempo que ha permanecido en el Ejecutivo.
Pablo, yo sí te creo
El artículo 7.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece que “las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra prestación económica prevista ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el en el sector público son incompatibles con cualquier retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas, de los entes, organismos y empresas de ellos dependientes, o con cargo a los de los órganos constitucionales o que resulte de la aplicación de arancel, así como con cualquier retribución que provenga de una actividad privada”.
Iglesias tiene 771.036 euros y la ministra de Igualdad dispone de 577.482. Irene Montero. Aun así, cada uno de ellos tiene un pasivo de 231.156 euros tras la adquisición del chalet en Galapagar.