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Primera cumbre Estado-Govern desde 2018

El Gobierno y Generalitat se citan en una bilateral que espera avances en becas y cercanías

Los equipos negociadores admiten mayor desbloqueo en la financiación de estudios y de rodalies

Pedro Sánchez recibiendo al President de la Generalitat Pere Aragonès en el Palacio de la Moncloa, el pasado 29 de junio.

Pedro Sánchez recibiendo al President de la Generalitat Pere Aragonès en el Palacio de la Moncloa, el pasado 29 de junio.

Tres años después del último encuentro, también en temporada estival, Gobierno y Generalitat retoman la comisión bilateral surgida del Estatut, en un contexto de deshielo y voluntad negociadora por ambas partes, no sin el escepticismo explícito de Junts per Catalunya a este tipo de mecanismos. Se prevé que la cita de hoy en Madrid sirva, según fuentes consultadas de ambas administraciones, para avanzar en cuestiones encalladas desde hace años, como la gestión de las becas por parte del Govern o la financiación de las cercanías ferroviarias, entre otras. Con todo, la reunión viene precedida por el descontento de la delegación catalana ante la falta de mayores concreciones, mientras que en la Moncloa se subraya la voluntad de iniciar un acercamiento creando grupos de trabajo para encarrilar conflictos. Según el Ejecutivo independentista catalán, los traspasos pendientes son 56.

El grueso de los asuntos sin resolver es, desde la mirada de la Generalitat, de una gran magnitud. No ha habido ninguna cita bilateral desde 2018 y hay que remontarse a 2001 para consignar la anterior. Según constatan con datos los fontaneros que preparan las reuniones técnicas, la conflictividad en los últimos años se ha ido reduciendo en muchos casos que no han trascendido gracias a acuerdos de las subcomisiones. Pero han aparecido también nuevos choques en ámbitos como el Ingreso Mínimo Vital implantado por el Gobierno -que convive con la prestación catalana previa, la Renda Garantida de Ciutadania- el proyecto de Ley Audiovisual del Ejecutivo central y el reparto de los fondos covid, entre otros. Este último aspecto no está en el orden del día oficial de este lunes, cosa que ha enojado al Govern y que el Gobierno recuerda que sí se abordó en la Conferencia de presidentes del pasado viernes, a la que decidió no acudir el 'president' Pere Aragonès. La 'consellera' de Presidencia, Laura Vilagrà, exigirá abordar la cuestión en el turno de ruegos y preguntas.

Becas, trenes y ayudas sociales

La gestión de las becas es una vieja controversia en la que parece que se puede avanzar, para que el Govern las gestione a partir del curso 2022-23. La Generalitat reclama esta competencia desde que el Constitucional en el 2001 le dio la razón al respecto. Según la 'conselleria' de Universidades, los costes de gestión de las becas que asume pese a no tener traspasada dicha competencia es de 10 millones de euros.

Otro asunto con posibilidades de desencallarse es la financiación del servicio ferroviario de Rodalies. Fuentes del Gobierno apuntan que, en la bilateral, podría desbloquearse lo que ya dispone de un acuerdo de la comisión de asuntos económicos entre ambos gobiernos, esto es, el que indica que han de hacerse efectivas las transferencias de recursos a Catalunya en esta materia -cercanías y regionales- de acuerdo con el traspaso de competencias del 2009. El asunto, pues, este déficit tarifario (financiar el traspaso) se desatascaría doce años después de pactarse.

Está por ver si también llegan soluciones ante el choque de ambas administraciones debido a la entrada en vigor de un Ingreso Mínimo Vital de índole estatal , cuando la Generalitat gestiona ya la Renda Garantida de Ciutadania. El Govern reclama que en Cataluña solo rija la norma catalana. Las entidades sociales piden poner fin a la guerra partidista y que exista coordinación y, sobre todo, una mejora notable de la gestión de estas prestaciones para que lleguen a todos los beneficiarios en un contexto de aumento notable de la pobreza.

Otro conflicto de notable impacto social es la decisión del Gobierno de recurrir al Constitucional la ley catalana que limita el precio de los alquileres en determinadas ciudades con los precios tensionados al alza. La Generalitat y las entidades sociales que impulsaron la norma presionan al Gobierno para que legisle también en toda España en un sentido similar, pero el PSOE y Unidas Podemos mantienen posiciones distintas respecto a cómo abordar la regulación. El único avance ha consistido en la voluntad del Ejecutivo central de no paralizar la norma catalana mientras el Alto Tribunal la estudia.

Una larga lista

La lista de exigencias de la parte catalana -que se sentará frente a la nueva ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodriguez, y otros seis altos cargos- es muy larga y alcanza también el proyecto de Ley Audiovisual del Gobierno, que considera una línea roja porque es lesivo para los intereses del catalán en el sector, así como la conocida disposición adicional tercera del Estatut, por la que se garantizaba un mínimo de inversiones en Cataluña en base a su PIB. También reclama una mejor financiación de los Mossos d'Esquadra.

Mientras los miembros de ERC en el Gobierno reclaman concreciones y calendario para justificar su apuesta por el diálogo, Junts per Catalunya, por boca del vicepresidente del Govern Jordi Puigneró -que estará presente en la delegación catalana- ha mostrado mucho más escepticismo: "Vamos con unas expectativas muy relativas" a la reunión, afirmó la semana pasada. La escenificación de la distancia que todavía separa a ambas administraciones se plasmará este lunes con una comparecencia de los 'consellers' en la sede de Blanquerna, de la Generalitat en Madrid, en lugar de hacerlo en el ministerio donde tendrá lugar la reunión.

Dos mesas, dos debates

La 'consellera' Vilagrà iniciará la sesión con un discurso político, exigiendo concreciones y recordando el conflicto de fondo político que ha de dirimirse en la mesa de diálogo que se retomará en septiembre. Una cita en la que el 'president' Aragonès va a plantear como objetivos la amnistía y la autodeterminación, a los que el Gobierno ha mostrado su rechazo frontal.

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