Las entidades de la Memoria Histórica se preparan para "defender El Álamo" ante PP y Vox

Este miércoles no es igual que otros catorces de junio en Andalucía. La fecha que en esa comunidad se estableció como Día de las Víctimas del Franquismo este año no recoge solo el puro homenaje o el mero recuerdo en fosas comunes, monumentos o tapias de cementerio. Está también prevista la protesta. En diversas concentraciones andaluzas de entidades dedicadas a la Memoria Histórica se ha introducido un contenido de contestación a la promesa formulada el pasado 1 de junio en Barcelona por Alberto Núñez-Feijóo: derogar la Ley de Memoria Democrática si llega a gobernar.

Andalucía es un territorio entre otros de la crispación creciente entre las entidades memorialistas, entre las cuales empiezan a moverse preparativos ante gobiernos adversos a sus postulados. “Es necesaria una campaña de movilizaciones tras el anuncio de Feijóo -opina el portavoz de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Demorática, Antonio Manuel Mateos. Estamos contactando con otros agentes sociales, sindicales y políticos”.

El propósito derogatorio de Feijóo no es una novedad: lo viene formulando desde que tomó la palabra, el pasado 22 de julio, en un atril en Ermua. “Además de iletrado tiene maldad” contestó esta vez en redes sociales del mismo día el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Pero no es solo a nivel institucional. En el tono de algunas convocatorias de estos días se percibe cómo esa disposición del líder del PP ha calentado el ambiente. “La derecha española suele insistentemente amenazar con la derogación de la actual Ley estatal de Memoria”, recuerda este año el manifiesto de la Coordinadora Andaluza con el que convoca a la gente a participar en los actos en diferentes ciudades:

En Sevilla también ha contribuido a calentar el ambiente la aseveración del alcalde electo del PP, José Luis Sanz, quien ha apuntado entre sus primeras medidas de gobierno “reorganizar” las políticas de Memoria del consistorio de la capital andaluza porque aprecia “un poquito de despilfarro”. La Asamblea de Familiares y Asociaciones de la Memoria Histórica Plaza de Gavidia está llamada a recordárselo este miércoles con una concentración.

El Gobierno inicia las exhumaciones de particulares en el Valle de los Caídos

En Madrid la inquietud se cierne en torno a las exhumaciones de particulares en el Valle de los Caídos. Dijo el edil sevillano lo que piensa el mismo día en que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras la entrada del equipo de forenses en las criptas de Cuelgamuros, repuso que se trata de una medida “electoralista” que “no puedo más que condenar”. Familiares de enterrados en el Valle, entre tanto, estaban preparando un escrito que ha cursado el abogado Eduardo Ranz pidiendo al Gobierno que les dejen subir hasta la basílica, para asistir in situ al rescate de los cuerpos

Las aseveraciones de ambos dirigentes populares han caído sobre un entorno que ya llevaba tiempo inquieto. El mismo día en que Feijóo prometía una derogación, los miembros de la Coordinadora Andaluza difundían por whatsapp, literalmente: “Qué vamos a hacer ante l amenaza de l derecha de derogar la L de Memoria? Habrá que responder en la calle o donde sea, no?”.

El Álamo

“Viene una etapa en la que, en materia de Memoria Histórica, el gobierno central va a ser El Álamo”, considera Matías Alonso, coordinador de la Agrupación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia. “Si gana las elecciones, se verá asediado por gobiernos autonómicos contrarios -augura-. Si no, asistiremos a una oleada en la que se deroga la memoria, o se la deja sin efecto no haciendo nada como en tiempos de Rajoy o, lo que es peor, se coloniza la memoria con tergiversaciones franquistas, como pretende Vox”.

La oposición de entidades autonómicas a acciones de derogación o malversación de la Memoria Democrática en España podría desplegarse de forma simultánea a la de otro foro en el que también se andan analizando hipótesis de futuro cercano: la Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo, de cuya directiva forma parte el veterano activista valenciano.

Venidos desde distintos puntos de España, integrantes de esa entidad memorialista -nacida tras la condena al juez Baltasar Garzón cuando quiso instruir una causa por delitos de la dictadura- se reunieron en Madrid este pasado día 9, aún caliente el anuncio de Feijóo. En esa reunión, celebrada en un edificio multiusos de la calle San Bernardo en el que habitan diversas entidades sociales y sindicales, se abordó al cierre el escenario creado con el anuncio del presidente del Partido Popular.

Ante la posibilidad de “tener que conservar El Álamo -dice Alonso-, quizá vuelvan los tiempos de reivindicación pura y dura, de tener que volver a la calle”. Habla él de este embrión desde una comunidad en la que cuatro años de ley autonómica de memoria no han bastado, por ejemplo, para terminar de implantar el Instituto Valenciano de Memoria Democrática. No habiendo sido inaugurado, es algo que el pacto PP-Vox en Valencia no tendrá que preocuparse de derogar. “En la Memoria los plazos y los ritmos son importantes”, lamenta Alonso, y al tiempo celebra la creación "por fin" de la Fiscalía Especial de Memoria.

En la reunión del pasado día 9, las entidades de la Plataforma decidieron hacer autonómicas, federalizar sus iniciativas. Si gobierna Feijóo y lleva a cabo su anuncio, podría encontrarse con un movimiento de entidades de izquierda reclamando esa comisión de la verdad o constituyéndola al margen del Gobierno. Y ese movimiento “sería un instrumento de resistencia democrática”, piensa Alonso, y una base desde la que ejercer una denuncia con eco internacional.

Impacto exterior

“He estado con los dos relatores de Memoria que envió la ONU a España. Me consta que el último, Fabián Salvioli, se lleva las manos a la cabeza con la intenciones de derogar la Ley de Memoria”, dice desde Madrid Jaime Ruiz, docente jubilado y coordinador de AMESDE, Asociación por la Memoria Social y Democrática, la entidad que impulsó hace diez años la creación en la Universidad Complutense de la primera cátedra de Memoria Histórica de España, con el profesor Julio Aróstegui.

AMESDE, que promueve el objetivo incumplido aún de llevar la Memoria a los currículos educativos, también forma parte de la Plataforma, y su portavoz suscribe la previsión de que una derogación del rescate de cuerpos en el Valle de los Caídos, por ejemplo, “tendría un impacto internacional. Eso es indudable”.

La entidad nació a raíz de la oleada revisionista de los 90, explica Ruiz, “cuando el éxito de la ofensiva de los Pío Moa y demás nos hizo plantearnos la necesidad de acudir a los ámbitos académicos para cortar el paso a la tergiversación histórica sobre el golpe de Estado de 1936 y la dictadura posterior”.

Para Jaime Ruiz, el anuncio de Feijóo “es de una enorme frivolidad. Si es un guiño oportunista a la ultraderecha lo entiendo, pero no deja de parecerme repugnante”. No obstante, Ruiz no termina de creerse el propósito de Feijóo: “Hay trompetas y ruido, pero luego las cosas son más complejas. Hay un marco legal, compromisos internacionales, leyes autonómicas… Pero sobre todo, me pregunto en base a qué razón jurídica y política les dirían a las familias: ‘Oigan, ustedes ya no pueden recoger a sus muertos’”.

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