Cuca Gamarra: "Flexibilizar la regla de gasto es una propuesta sensata y justa para Canarias"

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, llega a Canarias en medio de las polémicas generadas por los roces con CC por su apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso y el pacto del PSOE con Junts sobre inmigración. La dirigente garantiza estabilidad en el Gobierno regional sin renunciar a discrepar con lealtad.

¿Vaticinan en el PP nuevos roces con sus socios de CC en futuras votaciones en el Congreso, como la protagonizada a raíz de los decretos anticrisis?

Una cosa es que estemos gobernando juntos en un Gobierno que goza de buena salud y que trabaja por y para los canarios y otra muy distinta que no tengamos derecho a opinar en cuestiones en las que discrepamos absolutamente, como es el caso de esa votación de unos decretos ley que iban acompañados de un acuerdo, suscrito con un partido y no con un gobierno autonómico, nada más y nada menos que para la cesión de competencias exclusivas del Estado en inmigración. Ese fue un grandísimo error por parte de CC y una ingenuidad, porque no se puede pensar que Pedro Sánchez, que engaña a todo el mundo, no iba a engañar a CC, como así hizo, y deberían tomar nota sobre de quien se pueden fiar y de quien no.

Pero en CC insisten en que lo que se votó estaba incluido en la 'agenda canaria', que el PP también suscribió y que, por tanto, ustedes deberían haber apoyado esos decretos.

Hay una realidad sobre la denominada 'agenda canaria' como es que Pedro Sánchez te puede prometer que la va a cumplir y a la hora de la verdad se comprueba que los millones de euros que se han comprometido para Canarias no han llegado. Nosotros adquirimos un compromiso de abstenernos en los decretos ley si el Gobierno incluía propuestas nuestras que también iban a beneficiar a los canarios en muchos aspectos, pero no se aceptaron. Y cuando se debatan los Presupuestos del Estado, haremos lo mismo, con propuestas que darán respuesta a muchas de las necesidades incluidas en la agenda canaria. Veremos si el PSOE las acepta.

En Canarias, solo dos gobiernos de pacto, y en ninguno de ellos estaba el PP, han concluido la legislatura como la iniciaron.

Trabajaremos para que este Gobierno termine bien, pero no para el PP, sino para los canarios, que es lo fundamental, y que Canarias tenga en estos cuatro años un gobierno estable y centrado única y exclusivamente en cumplir la palabra que les hemos dado de trabajar por y para ellos. Por el PP no será, y trabajaremos hasta el último minuto independientemente de que si hay algo que no nos gusta lo diremos, desde la lealtad.

No ve nubarrones entonces.

Para el PP es un orgullo poder decir a los canarios que formamos parte de un gobierno que genera estabilidad política, lo que no pasa en el resto de España. Eso permite que en las Islas haya convivencia y que los problemas no sean los enfrentamientos entre políticos, sino como abordamos los políticos los problemas de los ciudadanos con soluciones encima de la mesa. Estamos demostrando que el PP, allí donde gobierna, nuestra seña de identidad es pensar en aquellos para los que gobernamos y darles estabilidad. Y eso es lo que queremos también para nuestro país y lo que nos gustaría que existiera en estos momentos en el Gobierno de España con Alberto Núñez Feijóo al frente del mismo en vez de esta crispación.

"Sánchez definió cómo sería la legislatura cuando en su investidura dijo que levantaría muros"

¿Qué le parece la propuesta de flexibilizar la regla de gasto que se impulsa desde el Gobierno de Canarias? ¿El PP la apoyará en el Congreso?

Conocemos la propuesta del Gobierno de Canarias elaborada, además, por una consejería del PP. Consideramos que es una propuesta sensata y que es justa. Efectivamente, la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012 se elaboró en un contexto en el que había que dar una respuesta a una situación económica en la que España estaba al borde del rescate y el Gobierno del PP, con el esfuerzo de todos los españoles, consiguió que el país no fuese intervenido y pudiéramos tomar nuestras propias decisiones. Doce años después es otro el contexto y por ello es justo lo que pide Canarias, porque la Comunidad Autónoma ha cumplido tanto los objetivos de deuda como los de equilibrio estructural de su déficit. Es decir, Canarias ha hecho los deberes y es cumplidora, por lo que debe tener una recompensa que le permita invertir ese esfuerzo en necesidades básicas como la Educación, la Sanidad o la creación de empleo. Como digo, Canarias cumple y hay que darle incentivos y premiarla. Pero lo bueno de la propuesta es que el Gobierno de Canarias quiere someterla a consideración de todas las comunidades autónomas porque las cuestiones que afectan a todos, las debemos debatir entre todos y resolverlas entre todos. Esa es una concepción de país que nosotros compartimos. No creo que haya problemas, porque funcionará la solidaridad y primará el entendimiento entre todas las comunidades autónomas, a menos que el Gobierno de España ponga palos en la rueda para que no salga adelante.

Hablando de solidaridad. ¿Apoyarán modificar la ley para que la solidaridad en el traslado de menores migrantes no sea optativa?

Habría que analizar los términos en que se plantea esa reforma legal porque, para nosotros, lo que es indiscutible es la solidaridad para con Canarias en una crisis migratoria como la de 2023, y que ya es crisis migratoria en 2024 porque en los primeros 15 días son más de 4.000 las personas que han llegado a las costas de las islas. No es una cuestión de Canarias, es de toda España que se debe abordar como una política de país. Esto choca directamente con la cesión de competencias exclusivas en materia de inmigración a una comunidad autónoma que, por cierto, no las ha pedido. Es una cesión a un partido que, además, no está en el Gobierno de esa comunidad autónoma y que quiere expulsar a inmigrantes y establecer fronteras para no recibirlos. Resumiendo, esto es una cuestión de Estado en la que debe regir la solidaridad.

Es que, precisamente, desde Canarias se denuncia que la solidaridad no se ejerce y que tendrá que ser obligatoria.

Existen instrumentos suficientes para que esa solidaridad se pueda materializar al margen de la obligatoriedad.

Pues si existen, parece claro que no funcionan.

Pues si los instrumentos no están sirviendo, lo que está claro es que deben ser revisados y analizar las cuestiones por las que no funciona. ¿Quién tiene las competencias, que es el Gobierno de España, está haciendo lo suficiente para abordar esta cuestión, que es de máxima gravedad e importancia? Insisto en que es un problema de España y de Europa y tengo que recordar que tres comunidades gobernadas por el PP, como son Aragón, Galicia y Madrid desde el primer momento mostraron su solidaridad y apoyo para acoger menores migrantes no acompañados. Creo que los hechos demuestran quienes no solo hablamos sino que actuamos.

¿Va a ser una rareza ver, como pasó el jueves, al PSOE y al PP votar juntos para incluir la palabra discapacitados en la Constitución?

Cuando Pedro Sánchez en su investidura determinó que iba a levantar muros, definió lo que iba a ser la legislatura. Si levantas muros en un país, excluyes a una buena parte de los ciudadanos y buscas el enfrentamiento. En cambio, la política de Feijóo es la de levantar puentes, esa es la diferencia entre él y Sánchez. Estamos, por decisión del presidente Pedro Sánchez, en una legislatura de crispación, de bloques y de muros y, para levantarlos, los albañiles que se ha buscado son aquellos que quieren que España deje de ser lo que hoy es. A eso se suma, además, que Sánchez no se mantiene firme, sino todo lo contrario, frente a los proyectos de ruptura de sus socios.

¿Tampoco es optimista respecto a consensuar un nuevo sistema de financiación?

Pedro Sánchez optó por la bilateralidad, en términos de privilegio y desigualdad de una autonomía sobre el resto, cuando pactó con un partido la condonación de la deuda para Cataluña, Todo lo que tiene que ver con la financiación de las comunidades autónomas debe abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes. Tanto Feijóo como el PP defendemos un país de españoles libres e iguales, no solo ante la ley, sino en el acceso a los servicios públicos, y para ello no se puede privilegiar solo a aquellos socios que el presidente necesita para mantenerse en el poder.

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