La secretaria del grupo municipal del PP de València recibía donaciones anónimas, en sobres y de hasta 100.000 euros en 2011

La décima sesión del juicio por la pieza A del caso Taula por la presunta caja B del PP en las elecciones de 2007 y 2011 arrancó ayer con las grabaciones de Maria José Alcón, fallecida en junio de 2018 y segunda mujer de Alfonso Grau, realizadas por la UCO de la Guardia Civil en abril de 2015. "Corrupción política total, dinero negro de empresas, corrupciones" fue el aperitivo de las declaraciones de los cuatro acusados. 

La exsecretaria del grupo municipal del Partido Popular de València, Mari Carmen García-Fuster González-Alegre admitió ante el tribunal que la juzga que se inventó la figura del «recaudador» al declarar cuando fue detenida el 26 de enero de 2016. La invención buscaba "evitar problemas" a los donantes del Partido Popular, según admitió a preguntas del Fiscal Anticorrupción. 

García-Fuster, persona de máxima confianza de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá, fue asesora del PP de València desde 1991 hasta 2016 y reconoció que para la campaña electoral de 2011 "en octubre de 2010 las donaciones fueron cuantiosas. Llevaban sobres a la recepción y decían: para el partido". De hecho, declaró que hubo un donativo estrella «por valor de 100.000 euros» que le permitió pagar gran parte de la campaña de 2011 que hizo la empresa Trasgos. 

A preguntas de su abogado reconoció que la persona que donó esta elevada cantidad al PP para las elecciones de 2011 fue "Conchita García-Lliberós. Una fantástica colaboradora del partido a nivel personal y económico, incluso de su pecunio particular. Ella se lo daba al PP porque era su partido. El centro de toda su vida". Conchita García-Lliberós fue una veterana militante de Alianza Popular, antecesora del PP, que llegó a ser tesorera del PP de Ciutat Vella y que falleció nonagenaria a mediados de la pasada década, según pudo saber Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica. 

García-Fuster también admitió la existencia de dos cuentas bancarias (una fiscalizada y otra opaca). En esta última era en la que «concejales y asesores pagaban un impuesto revolucionario de mil pesetas y después de 60 euros», explicó García-Fuster. La exsecretaria del grupo municipal del PP de València ajustó cuentas con sus gerentes del partido a nivel provincial y nacional, que llegaron a estar imputados. «Los gerentes negaban que conocieran en esa cuenta. Y es falso. El dinero se recibía en la cuenta del Sabadell y el montante principal iba al Partido Popular».

El segundo en declarar fue el exvicealcalde de València Alfonso Grau que se desmarcó de la financiación de las campañas electorales del Partido Popular en 2007 y 2008. Grau también respondió a las preguntas del Fiscal Anticorrupción y del resto de defensas (como el resto sólo se negó a contestar al abogado de Compromís). A la pregunta sobre si fue informado por el PP de Madrid del límite de la campaña electoral de 2011, Grau respondió: "Yo no lo sé, no llevaba las cuentas. Una cuestión es elaborar el programa electoral, coordinar el trabajo y otra cuestión es hacerlo, pagarlo o gestionarlo. No sé quién se encargaba de eso, yo no, desde luego", aseguró ayer el exvicealcalde y mano derecha de Rita Barberá durante años.

Similares respuestas dió para la campaña de 2007. Incluso para preguntas muy directas como la formulada por el Fiscal Anticorrupción. "¿Los contratos con Laterne era una forma de recaudar dinero para la campaña?". A lo que Grau reaccionó con un: "Yo no soy Laterne, no lo sé". También negó haber ordenado cambiar el concepto de facturas para ocultar pagos de la campaña electoral o pedir dinero para sí mismo o el partido a contratistas del ayuntamiento. "Rotundamente no. Y prefiero contestar con un monosílabo para no decir una barbaridad". 

Tras García-Fuster y Grau declararon los dos directores de las fundaciones municipales que presuntamente participaron con el presupuesto municipal en la campañas electorales de 2007 a través de varios fundaciones municipales. Juan Eduardo Santón, que también fue concejal no adscrito, declaró que no pudo certificar los trabajos realizados por CEyD y Fivec (que rondaban los 200.000 euros, de los que sólo se ha encontrado escasísima documentación) para Laterne porque "dimití en mayo de 2008". El director de la Fundación Turismo Valencia Convention Boureau (Ftvcb) José Salinas, defendió la legalidad de los contratos suscritos por 616.000 euros con Laterne. 

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