Los socios de investidura presionan a PSOE y Junts para buscar "una pista de aterrizaje" que salve la amnistía

La creciente incertidumbre en el PSOE sobre el futuro de la ley de amnistía se apodera también de los socios de investidura. Sin avances en las negociaciones y con posiciones de máximos por parte de Junts, al exigir una “amnistía integral” a través de enmiendas que para los socialistas son inasumibles por “inconstitucionales”, en ERC, EH Bildu, PNV y BNG asumen como una posibilidad que decaiga la medida de gracia. Un riesgo frente al que suman fuerzas presionando a PSOE y Junts para que busquen “una pista de aterrizaje”. Desde uno de estos grupos parlamentarios entienden que la ley debería salir adelante tal y como está redactada, pero que debido al rechazo de los posconvergentes “algo habrá que hacer para desbloquear”.

Frente al estancamiento de las conversaciones, condicionado en parte por la campaña de las elecciones gallegas, los socios reclaman a socialistas y posconvergentes que se muevan. Sin embargo, deslizan su pesimismo porque finalmente se lleve la negociación al máximo. “Se resolverá a penaltis”, apunta uno de los diputados que forman parte de la comisión de Justicia que tiene de plazo para elaborar un nuevo dictamen hasta el 21 de febrero.

El Gobierno baraja no presentar los Presupuestos si carece de las garantías de Junts

No descartan así que se deba acudir a la prórroga de otros 15 días. Una circunstancia que tampoco desechan desde el Gobierno, dando cuenta de las dificultades para llegar a un punto de encuentro por su firmeza a “no tocar la ley” más allá de retoques técnicos. El retraso en la ley de amnistía, de aprobarse, lo será también de los Presupuestos, con los actuales pudiendo estar prorrogados hasta mediados de año.

Fuentes parlamentarias del PSOE destacan que no existe el “blindaje total” para dirigentes del ‘procés’ como el expresident Carles Puigdemont. Confían en que, pese a ello, desde Junts prioricen la aplicación de la amnistía para y que, en último de caso, contemplen la vía de acudir a la justicia europea si los jueces excluyen de la medida de gracia a alguno de los encausados.

Los republicanos, por su parte, están subiendo el tono al alegar la urgencia de aprobar cuanto antes la norma porque hay "familias sufriendo". Así lo manifestaba esta semana la diputada de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, coincidiendo con la portavoz del Govern, Patricia Plaja, en no demorar la ley y poder pasar a la "segunda fase de negociación del conflicto político".

En EH Bildu empatizan con las reclamaciones de Junts al considerar de “falsas” las acusaciones de terrorismo o alta traición en las causas de Tsunami Democràtic y el caso Voloh que dejarían fuera del perímetro de la manistía a dirigentes del ‘procés’, pero consideran prioritario aprobar la ley. Para no dar oportunidades, dicen, a quienes supuestamente estarían tratando de boicotear la norma desde el poder judicial para que descarrile la legislatura. En esta línea mencionan la necesidad de ofrecer una pista de aterrizaje. Un asidero al que pueda agarrarse Junts para recorrer su parte del camino y que permita al PSOE moverse sin traspasar sus líneas rojas.

Choque con Sumar

Desde el PNV ya mantuvieron conversaciones con PSOE y Junts antes de que estos últimos frenasen la aprobación de la ley en el pleno del Congreso. Los nacionalistas vascos firmaron las enmiendas de Junts que rechazó el PSOE, aunque más por un gesto de colaboración parlamentaria que por coincidir con la estrategia de los posconvergentes, según aseguran. La cercanía de los jeltzales con Junts, tras afianzarse los puentes entre ambas formaciones en el contexto de la investidura, sitúa al PNV como el actor con más capacidad de intermediación.

En Sumar coinciden en que ambas partes tendrán que hacer renuncias, como en cualquier acuerdo, aunque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se desmarcaba este miércoles de la reforma para acortar los plazos en las instrucciones judiciales ofrecida por el PSOE. Un guante que tampoco han recogido desde Junts. El Gobierno acabó por diluir esta propuesta, pero la vicepresidenta primera María Jesús Montero, no escondió su malestar con el rechazo manifestado en público por Díaz. "Si al final hay un camino que se puede explorar, Sumar lo apoyará como viene apoyando toda la estrategia de convivencia que el PSOE está impulsando", replicó.

Incentivos de los socios

Los socialistas avisan de los costes que tendría para Junts tumbar la medida de gracia y entienden que hay debate interno en la formación con un sector reacio a la decisión de votar en contra. Confían en que se acaben decantando por el pragmatismo frente al todo o nada. Sin embargo, entre el órdago y el intento de restar importancia al papel decisivo de Junts, en el Gobierno se trata de desvincular la aprobación de la ley de amnistía con la viabilidad de la legislatura.

Por un lado, defienden que la decisión de seguir adelante o no con la legislatura corresponde al presidente del Gobierno, quien tiene determinación para tirar hacia adelante. Por otro lado, porque pueden hacerlo manteniendo los presupuestos prorrogados. En uno de los departamentos que maneja una de las partidas económicas más abultadas aseguraban esta semana que los Presupuestos de 2023 valen para seguir gobernando. Los calificaban como “expansivos” y de “un cajón de sastre” que les permitiría asegurar inversiones y canalizar los fondos europeos. Los socios de investidura no comparten que la legislatura pueda seguir mucho tiempo adelante sin el apoyo de Junts, cuyos votos son imprescindibles para sacar adelante las medidas del Ejecutivo. Además, los incentivos de los socios para seguir sosteniendo al Ejecutivo de coalición se reducirían al mínimo sin presupuestos, otras ventanas negociadoras o espacio para sacar adelante los compromisos de investidura.