El Gobierno descarta ahora recortar las instrucciones judiciales y fía la amnistía a la presión sobre Junts

La propuesta de acortar los tiempos de las instrucciones judiciales como vía para atraer a Junts a la ley de amnistía, verbalizada el lunes por Pedro Sánchez, ha tardado muy poco en disiparse. Fuentes de la Moncloa descartan ahora dar un paso de este tipo, que no parece convencer a los posconvergentes y que ha creado fisuras en la coalición entre el PSOE y Sumar. Así que el enfoque vuelve a ser el inicial después de que el partido de Carles Puigdemont votase en contra la semana pasada del carpetazo judicial: mantener la presión, dejando claro que la norma no se cambiará en sus aspectos fundamentales. Si se llega a modificar, dentro de la negociación que empieza ahora en la comisión de Justicia del Congreso, será de forma muy leve. Apenas un recorte “técnico”.  

“Creemos que a Junts no le queda otra que acabar apoyando [la ley]”, señalan los mismos interlocutores. Entre otros motivos, continúan, porque ERC, que es tan imprescindible como los posconvergentes en esta legislatura, se encuentra en la misma posición que el PSOE y apoyó la norma tal y como está redactada. “Junts no puede permitirse votar en contra y aparecer como culpable de que no haya amnistía”, explican en el Ejecutivo. 

“A Junts no le queda otra que apoyar. No puede permitirse aparecer como culpable de que no haya medida de gracia”, considera el Ejecutivo

El partido de Puigdemont rechazó la semana pasada el texto al considerar que el expresident de la Generalitat, que está siendo investigado (junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira) por terrorismo en la causa del Tsunami Democràtic, no quedaba lo suficientemente protegido. El Gobierno considera que se trata de temores infundados (“todos los independentistas serán amnistiados porque no son terroristas”, dijo Sánchez hace unos días), pero en cualquier caso no está dispuesto a incluir este delito dentro de la medida de gracia. Algo así provocaría que la norma fuese tumbada sin ninguna duda por el Tribunal Constitucional (TC), alegan en la Moncloa, por ir en contra de la Carta Magna y el derecho europeo. 

La efímera oferta

En este contexto, el presidente del Gobierno abrió el lunes la puerta a reformar la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los plazos de instrucción judicial (actualmente son 12 meses, pero prorrogables sin límite cada seis), en contra de lo que su propio partido aprobó en 2020 para que no se cerrasen los casos de corrupción que afectaban al PP. 

“Hay instrucciones que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión. Hay elementos que podemos incorporar de mejora para subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas”, dijo en La Sexta Sánchez, en referencia a Junts. Con estas palabras, el líder socialista quiso transmitir que si se limita el tiempo de las investigaciones judiciales, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que es quien investiga por terrorismo a Puigdemont, tendría que elevar ya el asunto a juicio. Y allí este delito quedaría en nada, por lo que el expresident podría acogerse a la amnistía.

Pero este enfoque se ha ido desinflando conforme han pasado las horas. El martes, después del Consejo de Ministros, Sánchez mantuvo un breve encuentro, según fuentes del Gobierno, con su núcleo duro: la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la titular de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Allí ya quedó claro que esa no iba a ser la vía para atraer a Junts. 

La complejidad

Poco después, la Moncloa admitió la complejidad de una reforma de este tipo de la ley de enjuiciamiento criminal, que también implicaba que el PSOE volviese a entrar en contradicción, como en el caso de la amnistía, con su pasado más reciente. “Es complicado. Hay que buscar un equilibrio entre el tiempo adecuado para las investigaciones judiciales y que estas se alarguen durante años y años y acaben provocando indefensión”, señalaron los colaboradores de Sánchez.

Este miércoles, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se desmarcó sin medias tintas de la propuesta de abreviar los tiempos de las investigaciones judiciales. “Sumar desconoce la propuesta exacta. Pero por lo que conocemos por los medios de comunicación, parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener. Hay procesos que son muy complejos y necesitan de unos ritmos, unos tiempos, que requieren de cierta prudencia”, dijo la también ministra de Trabajo. Todo un síntoma de que la hipotética reforma de la ley de enjuiciamiento criminal no tiene visos de prosperar. 

El PSOE y Junts tienen en principio hasta el 21 de febrero, justo después de las elecciones gallegas del 18 de este mes, para llegar a un acuerdo sobre las enmiendas a la ley amnistía en la comisión de Justicia, según se decidió el martes en la Mesa del Congreso. Pero el límite se podría ampliar otros 15 días. Tal y como está de embrollado el escenario, el Gobierno no descarta prorrogar el plazo. 

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